El empresario Oscar Santamaría pidió perdón y aseguró estar arrepentido de sus acciones que le llevaron a declararse culpable de conspiración en el caso federal relacionado al exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado.
“Comparezco ante el pueblo de Puerto Rico, para pedir perdón y expresar mi arrepentimiento genuino a mi esposa, a mis padres naturales y adoptivos, mis hijas e hijos, familia, amigos y todas y todos los que se han podido ver afectados por mis acciones.
Es mi deseo hacer un reconocimiento público de mis actos cuyas consecuencias han causado dolor y sufrimiento. He fallado y no tuve el carácter suficiente para entender las consecuencias éticas y morales de mis acciones cuyos efectos me han llevado ante la justicia y la vergüenza pública.
Fue el pasado 30 de noviembre del 2021 cuando ante el honorable juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, hice alegación de mi culpabilidad. Como consecuencia de mis actos el Departamento de Justicia Federal ha radicado un “information”, documento mediante el cual acepto mi culpabilidad y se me impone un cargo por el delito de conspiración el cual conlleva una pena de reclusión acordada de cinco años de cárcel, una multa de hasta 250,000.00 dólares y una confiscación del 100 por ciento de las ganancias adquiridas ilegalmente.
Como consecuencia de mi negligencia en el desempeño de mis funciones, renuncié a mi posición como presidente de la empresa Waste Collection que cuenta con una nueva junta de directores y un nuevo presidente quienes llevan con total independencia las operaciones y el funcionamiento de la empresa. De otra parte cerré mi oficina legal y me he dado de baja del registro notarias, haciendo entrega del protocolo como corresponde. Además, estoy sometiendo al tribunal la desafiliación de mi profesión de abogado y la cancelación de mi licencia, así mismo, abre de acatar cualquier sanción que corresponda.
En cuanto a las compañías VIP y Island Builders las ganancias devengadas por mi persona han sido devueltas en su totalidad en el cargo de confiscación impuesto por el Departamento de Fiscalía Federal. Deseo hacer constar que sus directivos estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte.
Quiero extender mis palabras de perdón a mis antiguos patronos y a todos aquellos que me dieron la oportunidad en mi camino profesional, además a los clientes que por muchos años me han honrado con su confianza. Por otro lado, agradezco profundamente a mi familia y amigos que me han mostrado su solidaridad y su amor, es por ustedes que deseo desde lo mas profundo de mi corazón enmendar mis faltas y restituir el daño causado pagando por mis errores como corresponde.
El arrepentimiento si es genuino te lleva a un cambio de mentalidad y luego de una profunda reflexión sobre los errores cometidos yo Oscar Javier Santamaría Torres estoy genuinamente arrepentido. Pretendo probarlo cada día que me quede de vida sirviendo de ejemplo a otros para que jamás se aparten de los valores éticos y morales que deben prevalecer en toda profesión y en la vida”, dijo Santamaría Torres en declaraciones escritas.
La fiscalía federal confirmó el miércoles, acuerdos de culpabilidad de Oscar Santamaría Torres (Waste Collection) y Raymond Rodríguez Santos (JR Asphalt) relacionados al esquema de corrupción en la que se declaró culpable el exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado Montalvo.
Según los documentos “desellados” por la fiscalía federal, Santamaría Torres y Rodríguez Santos hicieron alegación de culpabilidad por soborno y comisiones ilegales bajo el uso de fondos federales para la obtención de contratos con el municipio de Cataño.
Los documentos sostienen que Oscar Santamaría Torres de Waste Collection, le dio dos mil dólares en efectivo al exalcalde para recibir contratos en ese municipio.
Por otro lado, un pliego acusatorio estipula que el empresario Mario Villegas Vargas le dio al “Cano” Delgado varios relojes lujosos a cambio de contratos a la compañía JR Asphalt.
Los casos están siendo procesados por el Abogado Litigante Ryan Crosswell de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal, y los Fiscales Federales Auxiliares Scott Anderson y Nicholas Cannon de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico. Las investigaciones están a cargo de la oficina de campo de San Juan del FBI.