Mientras Pedro Pierluisi intenta asumir la gobernación, muchos cuestionamientos han surgido en torno a la constitucionalidad de su designación. Entre toda la crisis constitucional, su trayectoria reciente no ha sido examinada con la profundidad que se merece.
Las facturas evaluadas recientemente han permitido al Public Accountability Initiative comenzar a escudriñar su trabajo con el bufete de abogados O’Neill & Borges desde 2017, y los conflictos de interés que surgen de él.
De los documentos evaluados surge una figura de Pierluisi cuya defensa del pueblo puertorriqueño se ve socavada irremediablemente por sus vínculos financieros con los mismos intereses corporativos que impulsaron la caída de Puerto Rico en el endeudamiento y la austeridad.
Estos conflictos de interés plantean preguntas sobre su ética y juicio como cabildero y abogado, y sobre su aptitud para servir en nombre del interés público.
Como abogado y cabildero del bufete O’Neill & Borges desde el 2017, Pierluisi fungió como asesor de la Junta de Control Fiscal en el proceso de bancarrota de Puerto Rico. Un examen de las facturas sometidas por la firma en el tribunal federal demuestra que Pierluisi tuvo acceso y revisó documentos cruciales en torno a los planes fiscales y a la restructuración de la deuda.
Al mismo tiempo fungió como cabildero de compañías como la AES, que no solo es dueña de la controversial planta de carbón en Guayama, sino que también está envuelta en el proceso de bancarrota debido a sus reclamos contra la Autoridad de Energía Eléctrica.
Pierluisi asumió la gobernación luego de dos semanas de revuelta nacional en las que las manifestaciones en la calle lograron sacar a Ricardo Rosselló. El Secretario de Estado es el próximo en la línea de sucesión para ser gobernador, pero el anterior secretario había renunciado por su participación en el infame chat. Rosselló entonces nombró a Pierluisi como secretario de estado antes de que su renuncia fuera efectiva. Dicho nombramiento y su toma de la gobernación ha estado llena de controversias debido a diferentes interpretaciones que existen sobre la constitución y la Ley 7 de 1952, ley de sucesión para el cargo de gobernador.
La trayectoria de Pierluisi no puede ser comprendida sin tomar en consideración su estrecha relación con O’Neill & Borges. Pierluisi ha trabajado para dicha firma por más de doce años, donde ingresó luego de ser Secretario de Justicia bajo la administración de Pedro Rosselló. En la firma estuvo por diez años (1997-2007), hasta lanzar su candidatura para la comisaría residente en Washington. Como comisionado estuvo por dos términos (2008-2016) hasta que intentó infructuosamente postularse para la gobernación, siendo derrotado en las primarias del PNP por Rosselló. Regresó a la firma en enero 2017, en donde estuvo hasta que Rosselló lo nombró para ocupar la secretaría de estado y reemplazarlo como gobernador.
O’Neill & Borges: Firma de abogados que se lucró de creación de la deuda
O’Neill & Borges es uno de los bufetes de abogados más reconocidos en Puerto Rico. Fundada en 1962, la firma se destaca por su práctica corporativa. En noviembre 2016 fue contratada por la Junta de Control Fiscal como uno de sus asesores legales. El contrato fue otorgado a pesar de los conflictos de interés que O’Neill & Borges tiene por su participación en la creación de la deuda. Desde que fueron contratados por la Junta, la firma ha estado asesorando en cuanto a la reestructuración de deuda.
Un examen de las declaraciones de oferta de las emisiones de bonos del gobierno y sus corporaciones públicas muestra que O’Neill & Borges participó en un total de 35 emisiones de bonos, desde el 2001 hasta el 2014. En total estas emisiones sumaron sobre $28 mil millones. Los documentos públicos no muestran a cuánto sumaron las ganancias de la firma por estas transacciones.
O’Neill & Borges estuvo envuelto en emisiones de bonos cuya legalidad ha sido impugnada en el tribunal federal por la Junta. En particular, el bufete fungió como asesor de los bancos que participaron en las emisiones de alrededor de $9 mil millones en bonos del gobierno central que, según la propia Junta, violaron el límite constitucional de la deuda. En el 2008, O’Neill & Borges también fungió como asesor de los bancos en tres emisiones de bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) cuya legalidad está cuestionada en el tribunal en base a que la ASR no tenía la autorización legal para emitir bonos.
A pesar de su participación en esas transacciones, O’Neill & Borges no fue parte de la demanda radicada por la Junta el pasado mayo en contra de los bancos y bufetes que participaron de estas transacciones presuntamente ilegales. La demanda alega que los demandados ayudaron e instigaron al Banco Gubernamental de Fomento a no cumplir con sus deberes de fiducia, por enriquecimiento injusto y por incumplimiento de contrato. La acción legal busca varias reclamaciones y es parte de un esfuerzo legal mayor de la Junta para recuperar $1 mil millones en daños.
O’Neill & Borges pudo haber llegado a un acuerdo parecido al que llegó el Banco Popular, quienes tampoco fueron demandados a pesar de suscribir los bonos impugnados. El director ejecutivo de Popular confirmóque firmaron una resolución con la Junta para evitar la demanda y llegar a un acuerdo a través de un proceso confidencial.
El doble rol de Pierluisi: Abogado de la Junta y el cabildero para una controversial empresa
El rol de Pierluisi como asesor de la Junta no había sido reportado ampliamente, y en los días del anuncio de su nombramiento surgieron dudas en cuanto a su participación. Una revisión de las facturas que O’Neill & Borges ha sometido en el tribunal federal despeja toda duda. Para abril 2019, O’Neill & Borges había cobrado alrededor de $1.6 millones por sus servicios a la Junta. Por su parte, Pierluisi facturó sobre $21 mil, llegando a someter facturas de hasta $400 la hora. Las facturas muestran los trabajos específicos por los que Pierluisi cobró. Se identifican por las iniciales “PRP” (Pedro Rafael Pierluisi).