Trasciende en vista pública supuesto conflicto de interés entre miembros de la Junta de Cannabis Medicinal

De parte de Ingrid Schmidt, que funge como miembro de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal a la vez que es socia de empresas que gestionan la obtención de licencias a nuevos dispensarios.

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Durante la tercera vista pública de la Comisión de Gobierno, en torno a la Resolución de la Cámara 1177, sometida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que investiga el cumplimiento de la ley que regula el cannabis medicinal, trascendió el viernes, un supuesto conflicto de interés de parte de Ingrid Schmidt, que funge como miembro de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal a la vez que es socia de empresas que gestionan la obtención de licencias a nuevos dispensarios.

El también Portavoz del Cuerpo mostró a la deponente copia de un planteamiento ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), del 2 de julio del 2018, presentada por parte de dueños de dispensarios, dueños de cultivos y manufactureros de productos que utilizan cannabis. En el documento denunciaron que la directora de Cannaworks Institute y presidenta de la Puerto Rico Medical Cannabis Association (PRMCA) al tener un puesto dentro de la Junta, conflige con su rol dentro de las organizaciones en las que labora.

Cannaworks Institute es una compañía que ofrece servicios de asesoría para personas y entidades jurídicas que deseen ostentar licencias de establecimientos de cannabis, tales como cultivos, manufactureros o dispensarios. Esta se dedica a la preparación de las solicitudes de licencias de dichos establecimientos.

Mientras que el PRMCA es una asociación de personas y compañías en las que se promueve el crecimiento de la actividad de cannabis medicinal mediante el ofrecimiento de información y concienciación sobre los beneficios de este producto a los pacientes elegibles.

El documento señala que Schmidt “se ha aprovechado de su puesto para beneficio personal, ha favorecido socios de negocios y clientes suyos en perjuicio de otras personas para la aprobación de licencias y acceso a la Junta Reglamentadora y a la Oficina de Cannabis Medicinal adscrita a ella”.

Ante ello, Rodríguez Aguiló cuestionó tanto a Schmidt como al resto de los miembros de la Junta, si conocían de esta querella, si la Oficina se había comunicado con ellos o si habían realizado una consulta con la Oficina de Ética para conocer si podría existir un posible conflicto de interés entre sus posiciones dentro de la Junta y sus labores fuera del organismo. Todos contestaron en la negativa.

En el caso de Schmidt, ella alegó que cada vez que se estudia la solicitud de licencia para un dispensario, ella firma para efectos de quórum, pero se inhibe de atender la petición y en ocasiones abandona la sala.

El Legislador afirmó en comunicación escrita sentirse sorprendido al decir “que le hayan dado como dicen en el campo, un pase de paloma a esta situación, por lo que el primer asunto que le vamos a delegar a la Junta es que se haga una consulta, porque digo esto con mucho respeto, aquí no hay transparencia para nada en este proceso y puede haber muchas interpretaciones para esto, pueden tener las mejores intenciones, pero no podemos estos posibles conflictos”.

Se le solicitó a la licenciada Alana Montilla, que es representante del Secretario de Salud ante la Junta, para realizar la consulta.

Por su parte, el presidente de la Comisión, el representante Jorge Navarro Suárez le cuestionó si la Junta había estudiado la posibilidad de desacelerar el proceso de certificación de dispensarios, habida cuenta que ya existen 70 dispensarios en operación y 140 que están en la etapa de precualificación.

Los miembros de la Junta, Schdmit, Montilla y el agrónomo Eliezer Pérez por parte del Departamento de Agricultura y Narelys Cortés, en representación de los pacientes, manifestaron que el reglamento no contempla este punto, lo que fue desmentido por el Representante quien leyó parte del reglamento que si les da la facultad para regular el número de dispensarios en proporción de los pacientes certificados.

Navarro Suárez comentó que no descarta elevar a rango de ley este proceso para no dejarle al arbitrio de la Junta este asunto.

Por su parte, el profesor de farmacia Joseph Bloom, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, recomendó enmiendas a la ley que fiscaliza todos los aspectos de este compuesto y a su reglamento. Algunas de las enmiendas son referentes a la manufactura, cultivo, desarrollo, utilización reglamentada y supervisada del cannabis.

Afirmó que es necesario establecer un currículo uniforme y estandarizado para el personal que trabaja en esta industria, que sea desarrollado por expertos en el tema y en un centro docente reconocido.

Bloom mencionó que es importante poder establecer la cantidad de compuesto activo que existe en cada uno de los productos que se ofrecen en el mercado, algo que en la actualidad no se puede certificar.

En ese punto, Rodríguez Aguiló inquirió a la Junta si ellos o alguna otra entidad audita el porciento de cannabis en los productos, a lo que Montilla indicó que en las instalaciones que se de la Oficina de la Junta, no hay un laboratorio, y recomendó legislación para permitir que se puedan realizar pruebas de calidad en los laboratorios del Departamento de Agricultura.

Al finalizar la vista, Navarro Suárez anunció que el Departamento de Hacienda será citado para explicar la manera en que estos negocios rinden el IVU, así como otros participantes dentro de la industria que ofrezcan luz sobre lo que actualmente sucede.