Sigue el lloriqueo y la rabieta penepé contra la Junta de Control Fiscal

La Vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, cuestionó las verdaderas razones detrás del interés de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de limitar el presupuesto de las agencias fiscalizadoras que luchan contra la corrupción gubernamental y promueven la excelencia en el servicio ciudadano.

La representante salió en defensa de la labor que realizan la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la de Etica Gubernamental, la Contraloría, y la Oficina del Procurador del Ciudadano, que se encuentran en la mira de los recortes promovidos por la Junta a pesar de que su presupuesto es ínfimo y sustentado por la eficiencia de sus acciones.

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A Ramos le crea suspicacia que la Junta, que ha llevado ante el Congreso su reclamo de controlar los fondos federales asignados para la recuperación de la Isla tras el paso del huracán María levantando dudas con argumentos de corrupción, pretenda precisamente ahora limitar el alcance de las agencias del gobierno que velan por la integridad pública.

“Este es otro ejemplo de cómo las decisiones de la Junta no están basadas en la realidad de nuestro pueblo y crean mayores problemas de los que intenta remediar”, acusó Ramos.

Incluso- siguió diciendo-, promueven recortar el presupuesto de los organismos fiscalizadores cuando los propios miembros de la Junta han sido señalados por serios conflictos de intereses que pudieran estar sujetos a intervención estatal, ya que reciben fondos públicos de los contribuyentes puertorriqueños.

“Aquí hay mucho que explicar. Nuestro gobierno lucha por la transparencia y la Junta busca cómo coartarla. ¿Qué hay detrás de todo esto? Nadie puede ser cómplice de la corrupción”, puntualizó.

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Insistió Ramos que el empeño de la Junta contrasta marcadamente con la actitud del gobernador Ricardo Rosselló que creó el Código Anticorrupción y dio carácter de ley al Grupo Anticorrupción, estrategias que el organismo federal parece querer desarticular.

“No sé, pero levanta serias dudas sobre cuáles son las motivaciones reales o las presiones que canaliza la Junta de entes externos, que no quieren que se combata la corrupción en Puerto Rico”, acotó.

La legisladora recordó que durante el pasado cuatrienio, todas las agencias fiscalizadoras fueron seriamente amenazadas por el gobierno de Alejandro García Padilla, y luego se constató una amplia madeja de corrupción que tocó las puertas de La Fortaleza y la presidencia de la Cámara de Representantes.

“Y ahora, que el FEI, Etica, el Contralor tienen las manos llenas con investigaciones en curso, aparece la Junta pretendiendo estrangular estos esfuerzos de integridad limitando sus presupuestos que fueron mermando dramáticamente por determinaciones del pasado gobierno popular”, comentó.

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Ramos manifestó que la alegada economía generada por recortes a los presupuestos de las agencias fiscalizadoras es ínfima, comparado con el peso de la labor que actualmente realizan para custodiar la probidad en el uso de fondos públicos.

Aseveró que actualmente se llevan investigaciones y casos en los tribunales sobre contratos en la Cámara bajo Jaime Perelló, venta de influencias en el caso de una ex senadora, el escándalo de las Becas Presidenciales de la Universidad, el Programa Crece 21, actuaciones en Servicios Generales, acusaciones contra un ex representante y otras más, que sustentan la necesidad de mantener con el presupuesto necesario al Grupo Anticorrupción.

“La Junta sigue demostrando que sus acciones están divorciadas de los mejores intereses de Puerto Rico”, agregó la Vicepresidenta de la Cámara de Representantes.