Las vistas para analizar dos proyectos que buscan derogar las leyes 20 y 22 que benefician a millonarios extranjeros en Puerto Rico comenzaron en el día de hoy en la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico.
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Se trata de los Proyectos del Senado 40 y 284, mediante los cuales se busca derogar la Ley 20-2012 y la Ley 22-2012 para incentivar el traslado de inversionistas a la isla.
Sin embargo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), no endosó que las leyes 20 y 22 sean derogadas. Según estos, estudios demuestran que las mismas han aportado positivamente al desarrollo económico de Puerto Rico.
“Específicamente, los estudios reflejan que estas leyes han generado empleos e inversión”, señaló Carlos Ríos, director de la Oficina de Asesoramiento Legal de la agencia. “Se trata de actividad económica que difícilmente ocurriría a no ser por los incentivos ofrecidos”, recalcó.
“Debemos considerar los beneficios de la Ley 20 y 22 por separado. Son dos criaturas diferentes” dice Zaragoza. La ley 22 rompe el esquema tradicional de incentivos y que eran aplicables a residentes y no residentes. “Difiero enérgicamente de que la fiscalización mejoraría el rendimiento de inversión de la ley 22”, expresó el senador.
Por su parte, el DDEC insistió en que ambos programas han sido efectivos y que el derogar estas leyes de incentivos crearía un limbo jurídico. “Históricamente las leyes de incentivos no se derogan”, dijo Carlos Fontán, asesor del área técnica del DDEC.
“En estos momentos no tengo base para recomendar una derogación”, contestó Fontán a preguntas de la senadora Migdalia Padilla sobre si entendía que estas leyes debían derogarse, como propone el Proyecto del Senado 40 de la autoría de la senadora independentista María de Lourdes Santiago. “No se deben derogar las leyes y si lo haces me creas un limbo jurídico. Sino me estas quitando las leyes para fiscalizar”, aseguró Fontán, añadiendo que se han aprobado 3,311 decretos aprobados desde la creación de la ley.
“Esto de la ley 22 allá afuera está al garete”, abundó el senador Zaragoza Gómez durante la discusión de la vista. “Usualmente la gente es pilla, pero no es chapucera…Tenemos que ser bastante agresivo y escépticos en ese proceso porque le pueden pasar gato por liebre”, añadió sobre el proceso de fiscalización.
Según los estudios ofrecidos por el DDEC, la Ley 22 ha creado 4,044 empleos, pero cuántos beneficiarios de estos incentivos no han creado empleos, esa data indicaron no tenerla. Asimismo, Fontán detalló que a la economía de consumo han aportado $703 millones de un total de 2,220 inversionistas. En términos del proceso de fiscalización por parte del DDEC, informaron que se han evaluado más de 450 expedientes físicos como parte de una auditoria. Igualmente, desde hace 6 meses han enviado 1,086 cartas de posibles incumplimientos.
En cuanto al P. del S. 284, el DDEC está de acuerdo con que se aumente el número y el tipo de entidades sin fines de lucro. “El Tercer Sector juega un rol fundamental en Puerto Rico. La mayoría de estas proveen servicios que son indispensables para quienes los reciben”, indico Carlos Ríos asesor de la agencia.
Por otro lado, también expresaron oposición al PS 284, a la enmienda propuesta por el proyecto de eliminar parte del lenguaje de la ley “porque elimina el detalle de cómo se distribuirían los fondos provenientes del cargo de $5,000 por la radicación de Informes Anuales”, aseveró Ríos.
De su parte, el Grupo de Exfuncionarios de Fomento (GEF) participaron de la vista y expresaron su oposición al PS40. “Las Leyes 20-2012 y 22-2012 si bien pudiesen ser mejoradas, han sido positivas para Puerto Rico. Asi lo refleja el reporte anual emitido por Estudios Técnicos al Gobernador de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa en octubre de 2019, sobre el impacto económico y financiero de estas leyes”, señaló el coordinador del GEF, Antonio Colorado.
Igualmente, indicaron que el constante cambio de legislación de desarrollo económico reduce la efectividad de esa legislación y de los esfuerzos para promover la isla como destino atractivo principal. “Un país o un estado debe otorgar, según sus circunstancias, los beneficios que son necesarios para atraer a los inversionistas que necesita, pero lo que no debe hacer es aprobar legislación que afecte negativamente los derechos adquiridos bajo un decreto, a menos que sea con el consentimiento del beneficiario. El GEF se opone a la aprobación del P del S. 40”, afirmó Colorado.