Marchista boricua salió a ponchar boleto olímpico pese al "discrimen del DRD”

La marchista de 19 años es poseedora de la marca nacional y no recibe fondos de la Junta de Atletas de Alto Rendimiento y a Tiempo Completo del Departamento de Recreación y Deportes.

En Puerto Rico el valor de los atletas de alto nivel se mide en medallas de oro, plata o bronce. La vara es demasiado corta como para evitar casos como el de Rachelle De Orbeta, una marchista de 19 años que salió el lunes para Australia con posibilidades reales de ponchar un boleto olímpico a Tokio 2020. Ese boleto la convertiría en la primera marchista boricua que consigue un espacio a nivel olímpico.

De Orbeta pasó el último año sin recibir el apoyo económico de la Junta de Atletas de Alto Rendimiento y a Tiempo Completo del Departamento de Recreación y Deportes (DRD). De ese listado exclusivo la eliminaron "sin aviso", sin informe alguno que detallara formalmente las razones que obligaron a su familia a rendir sus ahorros y buscar gente que contribuyera en la misión de que la poseedora de la marca nacional para los 20 kilómetros marcha (1:33.31) baje tres minutos y haga la marca clasificatoria (1:31.00) a la justa que tendrá lugar en Japón.

“En el 2018 yo recibí ayuda del DRD por un año entero, pero me quitaron los fondos, alegando que yo incumplí con el contrato establecido. Pero eso no fue así. Ellos me dijeron —porque nunca lo han puesto por escrito— que mi entrenador no tenía la licencia del DRD, a pesar de que tenía la licencia de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés)”, le dijo a Metro la estudiante del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

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Este medio tuvo acceso al contrato de la atleta, pero en ninguna parte del documento se especifica que su entrenador, Wilkins Rodríguez, debía presentar una licencia del DRD por encima que una licencia de la IAAF.

Curiosamente, en la vigésimo séptima cláusula del contrato, el propio DRD señala que “el departamento puede dar por terminado el contrato mediante comunicación escrita a la segunda parte (De Orbeta) 30 días previo a la fecha de terminación de los servicios, sin derecho a compensación adicional”.

“Después que me dieron el dinero ($11,399 en el 2018) alegaron que no presentamos la licencia que era (la del DRD) y que no me iban a dar el resto de los fondos. Pero ya me habían pagado antes, entregando los mismos documentos. O sea, ¿cambiaron todo de momento? Los informes siempre se presentaron, los papeles los tenemos. Mensualmente, se presentó el desglose de gastos. De verdad que no se entiende nada, porque ellos no han hecho un informe oficial”, añadió la marchista nacional, que ha recibido ofertas para representar a los Estados Unidos.

La familia de la atleta, que compite el domingo, no descarta tomar acción legal. Según el padre, Rafael De Orbeta, su hija ha sido discriminada por ser menor de edad y mujer.

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“Esa nena ha hecho historia en este país. Yo no me explico cómo nos han hecho la vida tan imposible, cuando lo que ella hace es poner este país en alto. Ya estamos cansados de aguantar esto. Esa gente (DRD y COPUR) saben que esto va más allá de una licencia y supuestos incumplimientos. ¿Por qué no ponen las cosas por escrito? ¿Dónde está su evidencia? No han puesto nada por escrito por eso mismo. Dicen y dicen cosas, pero nosotros tenemos la verdad. Y confiamos que conseguirá ese boleto”, sentenció, reconociendo, asimismo, el apoyo de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, quien dio los fondos para que su participación en Australia fuese un hecho.

Entretanto, la secretaria del DRD, Adriana Sánchez Parés, le dijo a este diario que el departamento cumplió con informar por escrito su decisión de retirar los fondos a De Orbeta. Detalló que su entrenador se encuentra suspendido por la Federación de Atletismo de Puerto Rico y que, aunque tenga la licencia de la IAAF, el reglamento estipula que debe estar licenciado por el DRD. Cuando se le preguntó si el contrato detalla esto último, Sánchez Páres indicó que desconocía. No obstante, aseguró que lo que está reglamentado va por encima de lo que pueda faltar en el contrato.