Ya hay quejas con el nuevo reglamento para marihuana medicinal

La Alianza de Pacientes Pro Cannabis planteó hoy varias “inconsistencias y contradicciones” en algunas disposiciones del nuevo reglamento que rige el uso, producción, distribución y venta de la marihuana medicinal.

Según la organización, esas disposiciones “dificultan la participación a las Pymes en esa industria, promueve el acaparamiento de precios y productos y da un trato discriminatorio a los pacientes”.

La Alianza de Pacientes compareció al primer día de audiencias públicas del Departamento de Salud sobre su reglamento 8766, el cual derogó la reglamentación original (155) aprobada en diciembre de 2015, que permitió por primera vez el uso medicinal del cannabis, abriendo la posibilidad a una nueva industria para su producción en Puerto Rico.

La organización, que compareció representada por María Cruz Acevedo, José Joel Ortiz, el reverendo Gregorio Ruiz Moreno y el licenciado Juan Capella Noya, pidió que se enmiende el reglamento para corregir fallas en tres áreas fundamentales.

La primera, el trato discriminatorio a los pacientes que se mediquen con cannabis en espacios públicos y lugares de trabajo, así como la creación de un sistema de licencias que interfiere con el libre comercio (porque dificulta la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo a su vez el acaparamiento y, en consecuencia, limitados precios y productos) y, tercera, ampliar cómo se maneja la discreción médica al recomendar el cannabis medicinal.

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"Es una contradicción que el eeglamento legaliza el uso medicinal del cannabis, pero trata a los pacientes como si estuvieran consumiendo algo ilegal, como criminales. Hay que esconderse para medicarse, sólo está permitido medicarse en la &#39privacidad de sus hogares&#39. Nadie debe esconderse para medicarse. Tampoco debe ser arrestado por medicarse, ni el patrono debe interferir. Debe tratarse como cualquier otro medicamento", afirmó la Alianza de Pacientes.

En la ponencia sostiene que "al paciente de cannabis se le debe respetar su derecho a medicarse como a cualquier otro paciente, ni más ni menos. No queremos favores, queremos respeto pleno", en referencia al artículo 18 del eeglamento que prohíbe la medicación en lugares públicos, privados o comerciales, sin autorización del Estado o dueño del lugar privado.

La organización consideró como "una contradicción que el reglamento permite a los patronos prohibir caprichosamente a los trabajadores medicarse en el trabajo".

Sugirió que se enmiende el reglamento siguiendo el modelo del artículo 7.03 de la Ley de Tránsito para el cannabis y que se reconozca que se puede conducir o trabajar siempre y cuando el tratamiento no interfiera con su desempeño, lo mismo que con otros medicamentos controlados.

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(Photo by Matthew Staver/For The Washington Post via Getty Images)

Los deponentes señalaron que "el reglamento prácticamente favorece de forma exclusiva al gran capital e industria farmacéutica por el requisito o criterio evaluativo de &#39experiencia&#39 previa. Además, de que encareció los costos de las licencias, en algunos casos multiplicando quince veces el valor que tenían en el reglamento original".

De acuerdo con la reglamentación vigente, para obtener una licencia de distribución, el costo de solicitar y obtener la más económica se multiplicó 15 veces, subiendo de 5,000 a 75,000 dólare.

Para su renovación, se multiplicó diez veces, de 5,000 a 50,000dólares (al comparar el artículo 77 del Reglamento 155 con el artículo 89 del Reglamento 8766).

La dificultad con estas disposiciones, según la Alianza de Pacientes, es que "el reglamento 8766 recrudeció las medidas que restringen el libre comercio y favorece un sistema que propicia un monopolio u oligopolio. Las condiciones impuestas representan una carrera de cien metros con vallas para las pequeñas y medianas empresas, con unos obstáculos que son fáciles de vencer a los competidores de gran capital, en especial el vinculado a la industria farmacéutica". 

En cuanto a la discreción médica, la Alianza de Pacientes favoreció que se amplíe para que el médico autorizado pueda recomendar el cannabis medicinal, aparte de las condiciones de salud ya reglamentadas, para "cualquier otra condición que, conforme a su juicio profesional, entienda que puede ser tratada o paliada con cannabis medicinal".