Universitarios presentan proyecto para limitar politiquería en la UPR

El Consejo General de Estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentó un borrador de proyecto de ley que establecería una “Ley Especial para Asegurar la Calidad en la Contratación de Servicios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante el Uso del Recurso Humano de la UPR”.

El proyecto de ley propuesto, y que aún no ha sido presentado, propone que se garantice prioridad a la UPR cada vez que alguna agencia, corporación pública o municipio hagan contratos de servicios de adiestramiento, de consultoría, de publicidad y de asuntos técnicos.

“Proponemos que se establezca un procedimiento claro en el que la UPR, mediante su plan de práctica intramural, tenga prioridad cuando alguna agencia, municipio o corporación pública requiera de contratar cualquiera de esto tipos de servicios”, señaló Guillermo Guasp Pérez, presidente del Consejo General de Estudiantes.

Agregó que en caso de convertirse en ley, “el cerca de billón de dólares que se destinan anualmente a estos contratos, y que muchas veces van a parar en manos de quienes financian las campañas políticas, serían asignados a la UPR para que brinde un servicio al país mediante sus estudiantes y docentes, y las ganancias irían a la apertura de nuevas plazas docentes que tanto necesitamos”.

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La propuesta articulada en un proyecto de ley de 14 páginas, se presenta como segundo proyecto estudiantil para allegarle fondos a la principal institución pública universitaria del país.

“Queremos aportar al país, queremos que la UPR sirva al país en estos momentos y que además de mantener su financiamiento, su estudiantado esté disponible para resolver problemas concretos que no son atendidos correctamente en la actualidad. No obstante, tiene que haber un compromiso de la Rama Ejecutiva y Legislativa en atender esas propuestas”, abundó.

Recordó que la medida para que los servicios de tutorías que ofrece el Departamento de Educación fuesen otorgados por UPR fue presentada por el estudiantado y radicada por la senadora María Teresa González López en 2014. En el momento en que fue presentada se llevaron a cabo allanamientos contra varias compañías privadas que daban tutorías al Departamento de Educación por alegado fraude.

“Aprobar ese proyecto para beneficiar al sistema educativo sería el primer paso. El segundo sería que algún miembro de la Asamblea Legislativa ponga por encima de la cultura de amiguismo en el país y presente este proyecto para que sea aprobado en Cámara y Senado. Entendemos que este proyecto debe ser considerado con el voto favorable tripartita”, finalizó Guasp.