"Una campaña de represión" que "no se veía desde los 1970s"

Los sucesos del pasado domingo en las inmediaciones del Capitolio, en donde policías encubiertos, sin placas ni uniforme, arrestaron a dos estudiantes y los metieron en un vehículo no oficial antes de llevarlos al cuartel, ha causado gran conmoción entre los círculos que defienden los derechos civiles.

El capítulo de Puerto Rico de la American Civil Liberties Union (ACLU PR) señaló que las acciones del pasado domingo de la Policía de Puerto Rico constituyen una “declaración de guerra” de parte del Gobierno de Puerto Rico a la disensión.
 

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La arrestaron unos individuos sin placa y la montaron en un Toyota, no en una patrulla. (Facebook)

De hecho, estos arrestos, dijo la ACLU PR, representan el inicio de “una campaña anunciada” en contra de estudiantes y obreros, en momentos en que se sabe que el número de protestas y activismo deberá aumentar ante las austeras medidas económicas que impulsan la Junta de Control Fiscal y el Plan Fiscal del Gobierno de Rosselló.

La ACLU PR estableció mediante un comunicado que colgaron en su página oficial de Scribd que esta “campaña de represión contra la disensión no se veía en Puerto Rico desde la década de 1970”. La Policía,sin pudor alguno, “tomó un ciudadano de una calle pública” usando “oficiales de la ley” sin identificar.

“En los 1970s estas tácticas escalaron hasta lo que se conoció como una ' Sucia’ contra la izquierda o los ' de Estado’. Ahora le toca al sistema judicial de Puerto Rico arreglar esto. Los tribunales deben hacer valer la Constitución y exigir ver órdenes de arresto”, señaló ACLU PR en una misiva firmada por su director ejecutivo, William Ramírez.

La ACLU PR responsabilizó a la jefa de la Policía y excoronel del ejército, Michelle Hernández, por estas acciones, indicando que “por estas razones es que coroneles militares no pueden ser jefes de la policía civil”. También, dejaron entrever que Hernández recibe presió de parte del presidente del sEnado, Thomas Rivera Schatz. ACLU PR además resaltó que “cada vez es más aparente el uso de seguridad privada por parte del Senado para hacer lo que un Departamento de Policía bajo un acuerdo de reforma no puede hacer”.
 

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La ACLU PR responsabilizó a la jefa de la Policía y excoronel del ejército, Michelle Hernández, por estas acciones, indicando que “por estas razones es que coroneles militares no pueden ser jefes de la policía civil”. (MetroPR)

ACLU PR dijo que no se callarán ante sucesos como éstos, a los que calificó como secuestros, y que oficiales sin identificar no pueden andar por ahí tomando ciudadanos, en completa violación al acuerdo de reforma que existe con el Departamento de Justicia federal.

Mientras tanto, el grupo de Profesores Auto-convocados en Resistencia Solidaria (PAReS), condenó las acciones de la Policía que “arrestaron a una estudiante” y luego la “ingresaron, a la fuerza, a un carro sin identificar (Toyota Corolla, tablilla ILW 019) y por varias horas no se supo de su paradero. Tampoco se supo el paradero de otro estudiante arrestado este mismo día”.
 

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Los profesores denunciaron tácticas de intimidación dirigidas contra la población estudiantil en una actividad de protesta artística y pacífica en la cual se encontraban muchas familias con sus hijos.

“No nos quedaremos con los brazos cruzados mientras se continúe con prácticas como el uso de gas pimienta contra profesores y estudiantes y, ahora, como en días anteriores, el arresto de estudiantes. Estas constituyen un atropello a la dignidad de los ciudadanos de este país quienes están en su perfecto derecho de pronunciarse sobre los cortes injustificados del presupuesto de la UPR sin querer auditar la deuda”, indicaron los profesores.

Descripción del rapto de la estudiante…

Posted by PAReS on Sunday, April 23, 2017

Para adjudicar responsabilidades por este atropello, PAReS reclama al Gobernador y a la Superintendencia de la Policía que indiquen de dónde salieron y quién dio las órdenes de intimidar y aterrorizar a la comunidad universitaria durante este conflicto.

La participación de policías encubiertos en el movimiento estudiantil no es algo nuevo en Puerto Rico. Al ser consultado por El Calce, el historiador Luis Díaz recordó que “uno de los casos más drásticos fue el del Cerro Maravilla, pues implicó un complot de parte del Estado para entrampar a unos jóvenes que la Policía buscó usar como ejemplos, para intimidar al resto del pueblo”.

“En este caso, ellos mismos, mediante la figura de González Malavé, impulsaron las acciones de estos jóvenes, que al llegar al Cerro Maravilla buscaban sabotear el mensaje del 25 de julio del Gobernador Carlos Romero Barceló, pero entrampados por el propio González Malavé” resaltó en alusión a los hechos del 25 de julio de 1978, donde la Policía asesinó a los estudiantes Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado.

Específicamente, el asesinado de Soto Arriví, explicó Díaz, representó otro eslabón en la cadena de persecución a los independentistas de Puerto Rico, pues este era hijo de Pedro Juan Soto, y su crimen sucedió apenas dos años después de que asesinaran a Chagui Mari Pesquera, hijo del líder independentista Juan Mari Bras.
 

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“A esto hay que agregarle que en los setenta hubo una persecución sistemática con el carpeteo de la Policia. Y era esa dinámica de infiltración, y de chotas, todo tiene que ver con eso. Esto lo que hizo fue intimidar a la gente, que pensaba que ser independentista era similar a no conseguir trabajo, ni oportunidad de estudio”, resaltó Díaz, maestro de historia y estudiante doctoral del Centro de Estudios Avanzados.

“Esto todavía sigue manifestándose, aunque el carpeteo tiene otras formas ahora. Ya no te carpetean con un papel. Está el internet y otras formas de hacerlo. Y, claro está, están los chotas que se cuelan por todos lados”, apuntó.
 

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En el Cerro Maravilla asesinaron a Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Soto, exestudiantes universitarios entrampados por el chota González Malavé. (Desahogoboricua.net)

Durante el día de hoy y ayer, los movimientos estudiantiles y obreros han hecho hincapié en las redes sociales sobre la necesidad de vigilar bien su matrícula, para detectar figuras sospechosas y agentes encubiertos que puedan hacerse pasar como estudiantes o activistas. Han citado incluso, sucesos de la huelga estudiantil de 2010, donde individuos se infiltraron en el movimiento estudiantil de la UPR para luego saberse que pertenecían a la Policía.