Envío de correos electrónicos, reuniones con figuras clave de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la discusión de un Memorando de Entendimiento para renegociar el contrato de AES Puerto Rico (AES-PR) con el Gobierno de Puerto Rico seis años antes de que se venza. Todo ha ocurrido durante los pasados 11 meses, fuera del escrutinio público.
Sin embargo, una carta de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko a la Junta de Gobierno de la AEE destapó lo que hasta hoy había sido un secreto entre ejecutivos de AES y miembros de la administración de Pedro Pierluisi: que la carbonera atraviesa su peor crisis económica y que para salir de ella reclama que el Gobierno de Puerto Rico salga a su rescate.
“El problema de flujo de efectivo en AES-PR es grave”, revela Jesús Bolinaga Serfaty, presidente de esa empresa, en una comunicación escrita el 24 de marzo de 2021 a ejecutivos de la AEE que se había mantenido en secreto, pero que el Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur obtuvieron tras meses de solicitudes y la presentación de un recurso de Mandamus para acceso a información pública.
De los documentos trasciende que desde junio de 2021 AES quiere pasar la titularidad de su carbonera en Guayama a la corporación pública o cualquier otra entidad gubernamental, que la AEE le conceda un nuevo contrato, esta vez solo como “operador” de la instalación, y que el Gobierno de Puerto Rico asuma todos sus gastos, incluyendo la compra del carbón y más de $150 millones en costos ambientales. Estos incluyen gastos incurridos en el cumplimiento con leyes, normas y reglamentos ambientales como la exportación de las cenizas y el monitoreo de aguas subterráneas, entre otros.
AES pide “cooperación” de la AEE
En la carta del 24 de marzo, Bolinaga Serfaty alega que la precariedad financiera de AES-PR se agravó con la Ley 5 del 2020, que prohíbe la disposición de cenizas de carbón en el país y “aumenta drásticamente nuestro costo de administración”.
En al menos dos de los documentos entregados la semana pasada por la AEE y el Negociado de Energía de Puerto Rico tras la demanda, el presidente de AES-PR sentencia que la prohibición “sin precedentes” de la disposición de cenizas de carbón le ha significado “al menos $167 millones en costos adicionales” hasta el 2027, año en que expira su contrato de venta de electricidad con el Gobierno de Puerto Rico.
Según desglosa, la contratación de embarcaciones para exportar a Jacksonville miles de toneladas de cenizas, el traslado de esa carga en camiones a un vertedero en Georgia y los pagos para su disposición en ese relleno sanitario conllevan un costo de $18 millones anuales entre el 2019 y 2027, y $20 millones por año en el 2021 y 2022.
Añade que en el 2020 AES-PR requirió 26 embarcaciones para enviar 529,949.97 toneladas fuera de la isla para su disposición.
De igual modo, apunta a gastos asumidos por la empresa para el mantenimiento del Muelle Las Mareas, su puerto de embarque en Guayama, y el dragado de esa bahía, los que estimó en $7.8 millones. También a sanciones de la AEE por incumplimientos de contrato en el despacho de electricidad, que en dos años rondan los $11.4 millones.
“Nuevos costos operativos como estos… han tenido un impacto negativo en los flujos de efectivo de AES-PR y representan una amenaza existencial para la empresa, en caso de que no se controlen”, advierte el ejecutivo en una de las cartas enviadas en marzo de 2021 a Fernando Padilla, director de Proyectos y Asuntos Fiscales de la AEE, y a Efrán Paredes Maisonet, director ejecutivo de la AEE.
“AES-PR espera operar con un flujo de caja neto negativo en el futuro inmediato”, agrega en la misma misiva Bolinaga Serfaty. “Y, a medida que desaparecen las exenciones de impuestos, se espera que estos déficits de efectivo continúen empeorando”.
En total, Bolinaga Serfaty asegura en los documentos que los nuevos costos operativos de AES-PR sumarían gastos por $186 millones para el período 2019-2027, y que para mantener la carbonera funcionando “es esencial” que “reciba la cooperación de la AEE para abordar estos nuevos costos incontrolables, de modo que AES-PR al menos mantenga suficiente efectivo para cubrir sus costos mínimos para operar, con un apoyo razonable para hacer frente a posibles contingencias”.
“Sin esta cooperación, la AEE estaría poniendo en peligro la capacidad de AES-PR de proporcionar energía confiable e ininterrumpida”, sentencia además.
De igual modo, puntualiza que, si el “déficit de flujo de efectivo” persiste y no deja espacio para asumir obligaciones y eventualidades, “no tendremos más remedio que ejercer nuestros derechos legales” para, incluso, invocar la cláusula de “fuerza mayor” y cancelar unilateralmente el contrato con la AEE.
Lo que no menciona AES
El presidente de la carbonera sumó a la ecuación el impacto económico del nuevo reglamento del Departamento de Recursos Naturales para cumplir con la Ley 5 que le impone sanciones a la carbonera “sujetas a multas y prisión”, si almacena sus residuos por más de 180 días en los predios de su solar industrial del barrio Jobos en Guayama.
En su correspondencia, Bolinaga Serfaty omite que su empresa garantizó a la AEE que las cenizas y sus derivados no se almacenarían en la isla por más de 180 días y que nunca serían dispuestas en ningún lugar de Puerto Rico, según el contrato original firmado el 11 de octubre de 1994.
Tampoco menciona que el 1 de mayo de 1996 AES se comprometió a disponer de las cenizas fuera de Puerto Rico, “incluyendo la posibilidad de devolverlas” al lugar de origen del carbón, Colombia, como consta en el Permiso de Ubicación que le aprobó la Junta de Planificación.
Tras incumplir por más de una década con estos términos, AES-PR logró que el 17 de julio de 2015 la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla enmendara la cláusula 6.6 del contrato y le permitieran descartar miles de toneladas en vertederos, economizándose millones de dólares para su manejo.
Una solicitud de entrevista a AES-PR no fue atendida antes del cierre de este reportaje.
AES pide un rescate total
Para liberar a AES-PR de todas sus deudas financieras y obligaciones “intrínsecas”, entre ellas, los costos ambientales actuales y futuros, Bolinaga Serfaty ha reclamado, al menos desde marzo del 2021, que se concrete una alianza con la AEE para transferir la titularidad y el control de la carbonera al Gobierno de Puerto Rico.
Así mismo, que el Gobierno contrate a AES — o a la empresa que ellos designen — para “operar y mantener la Planta de Guayama”, y que entretanto la empresa y la AEE renegocien el contrato actual o PPOA (Power Purchase and Operating Agreement) para pasar de los 454 megavatios de la electricidad producida con carbón a entre 280 y 500 megavatios de energía solar y almacenamiento en baterías.
El nuevo contrato, afirma, tendría una duración no menor de 25 años y el precio que AES-PR cobraría por kilovatio-hora solar sería similar al que factura con carbón como materia prima: cerca de nueve centavos.
Estos y otros términos figuran en la propuesta del Memorando de Entendimiento o MOU que el presidente de AES-PR sometió el pasado 28 de junio al entonces director ejecutivo de la AEE, Efrán Paredes-Maisonet.
Ni una palabra sobre la propuesta de transferencia de título y de las millonarias deudas que la carbonera quiere ceder al Gobierno de Puerto Rico fue mencionada por representantes de AES en la ponencia que esa empresa sometió a un subcomité del Congreso federal que el 30 de junio sesionó para investigar los efectos adversos de las cenizas tóxicas de carbón en la salud de los puertorriqueños y discutir opciones para el cierre de la planta.
Ley Jones y accidentes
De los documentos obtenidos trasciende que el presidente de AES-PR califica a la Ley Jones como un agravante para el frágil panorama financiero de la empresa.
La Ley Jones, un estatuto federal que regula el comercio marítimo entre los Estados Unidos y Puerto Rico, requiere a la compañía utilizar exclusivamente embarcaciones estadounidenses para la exportación de sus desechos al continente, y estas, además de “escasas”, son “caras de reservar”, describe el alto ejecutivo de AES.
“Si solo una barcaza no está disponible, la frágil cadena de entrega puede interrumpirse, si no se rompe por completo”, puntualizó en otra comunicación a la Junta de Gobierno de la AEE, el pasado 11 de agosto.
El varamiento del Bridgeport, una barcaza que el pasado 22 de marzo transportaba 12 mil toneladas de cenizas tóxicas hasta Jacksonville, y el posterior derrame de gran parte de su carga en la zona turística de Atlantic Beach en Florida, dejó a la carbonera sin una de las embarcaciones más grandes de su flota, según las comunicaciones obtenidas.
Aunque Bolinaga Serfaty escribió a la AEE que su empresa no tuvo responsabilidad en este incidente marítimo como fletador de la barcaza, La Perla del Sur confirmó que el Departamento de Protección Ambiental de Florida impuso el pasado 24 de septiembre una multa de $38,500 a AES-PR y a dos de sus proveedores de transporte marítimo, Dann Ocean Towing y Moran Towing Corporation, por violar leyes y reglamentos ambientales del estado.
Bolinaga Serfaty aceptó la multa el 30 de septiembre.
Por otro lado, los documentos recibidos tras el Mandamus también revelan que la ausencia indefinida del Bridgeport alteró el cronograma de AES-PR para extraer gran parte de las 100 mil toneladas de cenizas que aún acumula en su solar industrial, al igual que para construir en su lugar una barrera o revestimiento que frene el contacto del residuo tóxico con el suelo y el acuífero de la zona.
Aun así, tan reciente como el pasado 11 de enero, la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA en inglés) cuestionó el método y efectividad del proyecto, lo que podría forzar cambios y otros costos para la empresa.
Reacción en cadena
Al analizar las expresiones de Bolinaga Serfaty en las cartas, la congresista Katie Porter, presidenta de la comisión federal que investiga a la carbonera en el Subcomité de Recursos Naturales de la Cámara, sentenció que AES-PR ha vuelto a demostrar que es “una corporación que antepone las ganancias a las personas”.
“Durante años han esparcido cenizas tóxicas por toda la isla enfermando a las comunidades y contaminando las aguas subterráneas”, dijo en declaraciones escritas. “Y ahora amenazan con apagar la planta si los contribuyentes de la AEE no les pagan $23 millones anuales durante ocho años por la contaminación que causaron. La AEE está tratando de salir de su deuda, mientras que AES ganó $8,300 millones el año pasado”, dijo refiriéndose a la empresa matriz.
“Hay formas de cerrar esta planta antes de tiempo”, añadió la congresista por California.
Entretanto, el abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Rolando Emmanuelli Jiménez, dijo: “Después de haber contaminado el ambiente, ahora nos dicen ‘sácame del problema, quédate con la planta tú, relévame de todas las obligaciones y dame un contrato para seguir lucrándome del pueblo de Puerto Rico”.
“Es un acto de cinismo el que AES esté amenazando a la AEE con cancelar el contrato por la cláusula de fuerza mayor”, continuó, “cuando son ellos quienes han incurrido en daño ambiental y es precisamente esa irresponsabilidad la que los obliga a asumir pérdidas que hacen inviable su operación en Puerto Rico”.
Con sus expresiones coincidió la abogada e integrante del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, Ruth Santiago Quiñones, quien resaltó que “en efecto, AES está amenazando al Gobierno de Puerto Rico, invocando alegada ‘fuerza mayor’, cuando eso no aplica en este caso”.
A su juicio, la cláusula de fuerza mayor o “Act of God” debe aplicarse ante situaciones que están fuera del control de las partes contratantes, como guerras, desastres o huelgas, “y la alegada escasez de embarcaciones para transportar las cenizas no es convincente”.
“Aquí la alegación principal de AES es el costo de transportar las cenizas fuera del país y eso quizás sea el resultado de un mal cálculo de AES, porque les aumentó el costo de manejar sus residuos al no tener uso beneficioso. Y eso no es fuerza mayor”, puntualizó.
Por otro lado, planteó que el problema de fondo en este asunto no radica en AES, sino en figuras clave del Gobierno de Puerto Rico, quienes “no acaban de tomar las medidas a su alcance para liberarnos del estrangulamiento de AES”.
“El Gobierno podría gestionar la cantidad histórica de fondos de FEMA y HUD asignados a la AEE para masificar la energía renovable en techos, conjuntamente con baterías en todos los hogares, comercios, escuelas y otras instituciones en Puerto Rico. En contraste, el esquema de AES pretende ocupar terrenos con sistemas solares a escala industrial y mantener al país dependiente de un sistema de transmisión y distribución centralizado, a la vez que facilita la continua quema de carbón”.
“No tenemos por qué continuar rehenes de AES”, sentenció.
Por su parte, Emmanuelli Jiménez aclaró que si el plan de AES se concreta y se renegocia su contrato con la AEE, la carbonera aún tendrá que cumplir con el Plan Integrado de Recursos “y para eso, el Negociado de Energía (NEPR) tiene que aprobar la transacción y convocar a una discusión del asunto con todas las partes interesadas, incluyendo las comunidades cercanas a la carbonera y grupos ambientalistas”.
Al cierre de este reportaje, la oficial de Comunicaciones del NEPR, Maricela Díaz, aseguró que ante esa agencia la AEE no había radicado una solicitud de enmienda, renegociación de contrato o solicitud de nuevo contrato con AES Puerto Rico ni AES Corporation, su empresa matriz.
Emmanuelli Jiménez también explicó que un acuerdo entre AES y la AEE tendría que obtener el aval de la Junta de Control Fiscal, algo que confirma Natalie Jaresko, su directora ejecutiva, en la carta que alertó sobre el plan de la carbonera. En esa misiva, Jaresko alienta a la Junta de Gobierno de la AEE a considerar la renegociación del contrato existente con AES-PR.