Tres Palitos y el Tío Sam celebran 4 de julio con demandita al Gobe de la colonia

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El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, anunció el miércoles  que radicó una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito de Puerto Rico para evitar que el gobierno ponga en efecto la Ley 29 y obligar al gobierno a cumpla con la ley PROMESA.

tio sam

“La ley 29 va a minar la habilidad del Gobierno de pagar las pensiones a todos los retirados cuando el Gobierno de Puerto Rico enfrente déficits futuros. “Es por eso que los patronos, incluyendo a los municipios, tienen la responsabilidad de pagar su parte del PayGo. Eximir a los municipios y poner toda la carga en el Gobierno de Puerto Rico establece un precedente funesto que otros patronos pudieran utilizar en el futuro. Los retirados actuales y futuros tienen que poder confiar en que sus pensiones se puedan pagar, lo que requiere que los patronos aporten su parte del PayGo”, dijo Carrión tercero en declaraciones escritas.

“En repetidas ocasiones, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos le ha solicitado al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión que trabajen de la mano. Pero, por el contrario, el gobernador se ha rehusado a someter certificaciones y estimados de costo de sobre 100 nuevas leyes y resoluciones conjuntas, a someter informes de ingresos y gastos  para un sinnúmero de entidades gubernamentales, y en múltiples ocasiones ha firmado resoluciones conjuntas para el gasto de millones de dólares de fondos no presupuestados sin la aprobación de la Junta de Supervisión. Como resultado, la Junta no ha tenido otra opción que acudir al Tribunal para invalidar la Ley 29 y obligar a que el gobernador cumpla con PROMESA”, añadió.

rossello

De acuerdo a Carrión tercero, “el incumplimiento del gobierno con PROMESA no se limita solo a la Ley 29. El gobernador también ha firmado 24 resoluciones conjuntas asignando fondos cuyos gastos no están considerados en el Presupuesto Certificado por la Junta en 2019 ni tampoco en el año fiscal 2020”.

“El gobernador ha tomado estas acciones sin considerar un análisis o buscar la certificación de la Junta”, concluyó.

4 de julio

Por su parte, el principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico y representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino Vega señaló que "Según reseñado por varios medios y prensa, la Junta de Control Fiscal anunció que ha comenzado una acción legal contra el Gobierno de Puerto Rico con el objetivo de impugnar la Ley 29-2019. Esta ley fue debidamente aprobada y luego certificada en cumplimiento por las entidades fiscales correspondientes bajo la Sección 204 de PROMESA. Nuestro equipo legal estará evaluando dicha acción legal de la Junta de Control Fiscal y estaremos respondiendo a la misma en los foros correspondientes. Las acciones del Gobierno de Puerto Rico durante esta administración siempre han procurado mantener la responsabilidad fiscal a la vez que se proveen recursos para ofrecer servicios esenciales a la ciudadanía. Esto incluye y requiere velar por el buen funcionamiento y las finanzas de los municipios".