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El gobierno tiene sobre la mesa varias peticiones para negociar la deuda y la inclusión que se pide en el capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal es para fortalecer la posición gubernamental ante esas negociaciones, dijo hoy la secretaria de la gobernación Grace Santana.
En conferencia de prensa en La Fortaleza junto al secretario de Hacienda Juan Zaragoza, en la que se tocó diversos asuntos fiscales, Santana indicó que al igual que se logró finalmente negociar una parte de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que incluyó pasar la reciente legislación “de revitalización” que garantiza mediante el mecanismo de titularización el pago a los bonistas, así están pendientes otras negociaciones para otras deudas.
Sin mencionarlas específicamente, públicamente se ha hablado de las deudas cuantiosas de la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, entre otras.
Estas agencias posiblemente podrían necesitar de legislación que garantice el pago a los bonistas.
La lección aprendida que generó la situación de la AEE, dijo, es que “hay que actuar, que el tiempo apremia para evitar circunstancias o situaciones que no podamos atender”. Es por eso, agregó, que el aumento en la tarifa será de solo 3 centavos y no de hasta 8 centavos si no hubiesen resuelto el problema.
“Terminamos con la Autoridad de Energía Eléctrica, y vamos a continuar trabajando con la situación de la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y estamos ya iniciando un proceso de negociación y conversación muy agresivos con el resto de los acreedores de la deuda del gobierno central y de algunas corporaciones públicas”.
“Ya hay ofertas que se están discutiendo sobre la mesa para reestructurar el resto de la deuda del país. Eso significa que ante la adversidad el pueblo de Puerto Rico se levanta, que ante la adversidad, por primera vez, estamos reduciendo el principal en vez de endeudarnos más”.
Santana pidió nuevamente al pueblo “unirse en un reclamo al Congreso para que apruebe un régimen estructurado para la reestructuración de la deuda”.
A preguntas de la agencia Inter News Service (INS), Santana explicó que la inclusión de la Isla en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras es para reforzar el poder de negociación de gobierno.
“Cuando se sienta a negociar a la mesa, si usted tiene una ley que lo cobija, usted tiene mucho más 'leverage' (ventaja) para sentarse a negociar”, es decir, aceptó, que reforzaría la posición de negociación del gobierno.
Sobre los estados financieros, indicó que aun faltan por suministrar la información fiscal del Banco Gubernamental de Fomento, dos sistemas de retiro (gobierno central, judicatura). Aunque están adelantados “como borradores” listos para la auditoría de la empresa KPMG.
Advirtió la exejecutiva de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura que si el gobierno no logra obtener ayuda del Congreso “las instrumentalidades del ELA podrían solicitar remedios bajo leyes existentes, futuras, sobre sindicatura, insolvencia, reorganización, moratoria y otras similares en garantía de los servicios esenciales que conllevarían impago de las futuras deudas”.
“No existe excusa del Congreso -agregó- para actuar de acuerdo con esa condición fiscal”, pues con el borrador de los estados financieros tiene la información que necesita.
“Es más que suficiente” el borrador para que el Congreso actúe, afirmó Santana.
El Congreso ha pedido estos documentos, pero auditados, lo que ya se ha indicado que no será posible para el 1 de marzo, fecha fijada por los congresistas.
Por otro lado, Zaragoza descartó por el momento ejercer sus poderes para liquidar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que está a punto de la insolvencia y en este momento no tiene los 400 millones para pagar deudas en mayo.
También se ha descartado despedir empleados.
El Departamento de Hacienda tiene la autoridad de iniciar un proceso de liquidación ante la insolvencia del BGF.
“La ley me da el mandato a mi, de estar pendiente a cuando tengo que activar ese mecanismo”.
Ese mecanismo le permite sacar a la junta de directores del banco, nombrar un síndico que administre el banco y evalúe la continuidad o liquidación del banco.
Descartó que “esté a punto” de activar ese mecanismo, como han pedido algunos sectores políticos y económicos de la Isla.