Senadora PIP cuestiona pago a través de AAFAF en generosos contratos para arrendar escuelas cerradas

María de Lourdes Santiago indicó, además, que la Junta de Control Fiscal, instigadora del cierre de cientos de escuelas debe, como mínimo, asignar presupuesto, bien al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) o al Departamento de Educación para que atiendan a cientos de escuelas hoy huérfanas de mantenimiento.

La portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, cuestionó esta semana el pago a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) de generosos contratos para gestionar arrendamientos de escuelas cerradas por un dólar.

AAFAF, aunque en vista pública celebrada el lunes en torno a la Resolución del Senado 9, de la autoría de la senadora independentista, alegó no tener conocimiento de los trabajos que realiza una corporación llamada “Doing Business Puerto Rico” (DBPR LLC), figura en los registros de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico como firmante de los contratos a favor de esta empresa, que fluctúan entre $50 mil y $200 mil. También, DBPR ha contratado con la Junta de Planificación por $3,000,000 y $5,000,000. Del portal de internet que promociona a DBPR se desprende que esta corporación ofrece servicios muy variados, que van desde asesorar a inversionistas beneficiarios de las leyes 20 y 22, como una variedad muy general de servicios a entidades privadas, pero no a entidades gubernamentales.

“Es el colmo de la insensatez que se paguen sumas astronómicas para prácticamente regalar espacios públicos, muchos de los cuales, irónicamente, están hoy ocupados por entidades educativas públicas que cobran ahora por lo que antes el Departamento de Educación (DE) ofrecía gratuitamente en esa misma escuela”, sentenció la Portavoz del PIP.

La senadora independentista indicó, además, que la Junta de Control Fiscal, instigadora del cierre de cientos de escuelas debe, como mínimo, asignar presupuesto, bien al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) o al Departamento de Educación para que atiendan a cientos de escuelas hoy huérfanas de mantenimiento.

La Comisión de Educación, a petición de la legisladora independentista, concedió un plazo de cinco días a la AAFAF para detallar en qué consiste la asesoría que proporciona DBPR a esta agencia, así como la lista de escuelas en desuso arrendadas a entidades con fines de lucro con el canon.