Nota original publicada en Metro Puerto Rico
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El Senado rechazó el proyecto 172 que dispone una reforma de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La medida quedó derrotada al obtener 13 votos a favor y no alcanzar el mínimo de 14 votos para ser aprobada. Un senador se asbtuvo y siete votaron en contra de la medida.
La medida hubiese cambiado estructuralmente la manera en que se aprueba el presupuesto, cómo se escogerían a los rectores y el cargo de presidencia. Además, de haberse convertido en ley, algunos cuerpos con el poder decisional en la institución, en este caso la Junta de Gobierno, pasarían solo a ratificar medidas aprobadas en la Junta Universitaria.
Durante el debate, la senadora Ana Rivera Lassén (MVC) defendió el proyecto y rechazó el argumento de opositores de que la reforma universitaria pondría en peligro la acreditación de la UPR.
Por su parte, el senador Rafael Bernabe (MVC) aseguró que la medida otorgaba mayor participación de los departamentos y de los recintos en los procesos como selección de directores y el presidente de la UPR. Sostuvo que la comunidad universitaria está convencida de las bondades de la medida.
El presidente del Senado, José Dalmau, se expresó en contra y aseguró que el proyecto se aleja de los propósitos que sus defensores plantean. Entre sus objeciones, Dalmau planteó que el proyecto 172 sustituye la actual Junta de Gobierno de la UPR por un Consejo Universitario de 14 miembros, cuya composición incluyen siete miembros nombrados por el gobernador y que deben ser confirmados por el gobernador. Dalmau cuestionó que el proyecto disponga que esos siete miembros sean recomendados por el propio Consejo Universitario, que contará además con el secretario de Educación, tres estudiantes y tres profesores.
“Este proyecto le quita constitucionalmente el poder nominador y de consentimiento a las ramas constitucionales ejecutiva y legislativa”, advirtió el legislador durante el debate.
La Reforma Universitaria lleva en desarrollo desde el inicio del pasado cuatrienio, luego de que el Senado aprobara en el 2017 una resolución para investigar la situación fiscal, operacional, administrativa y académica de la institución. Cuando la medida iba viento en popa, el inicio de la pandemia del COVID-19 en marzo del año pasado detuvo el proceso de vistas públicas y no fue hasta este año que se logró retomar la iniciativa.
Reclamos de estudiantes cayeron en oídos sordos
La presidenta de la Comisión de Educación, Ada García Montes, lamentó que el proyecto no fuera aprobado.
“La Comisión de Educación, la cual presido, llevó a cabo un proceso serio, transparente y participativo en el cual se escucharon más de una veintena de deponentes. Luego de un análisis exhaustivo, en conjunto con la Comisión de Hacienda del Senado, sometimos un informe positivo, el cual contó con el aval de la mayoría de los componentes de ambas comisiones”, dijo en declaraciones escritas.
García Montes aseguró que el informe dejó claro que la medida cumplía con tres planteamientos principales: responder a los reclamos de la comunidad universitaria, establecer una estructura de gobernanza sostenible y dotar a la UPR con herramientas que estimulen la eficiencia, transparencia, excelencia académica y capacidad de crear así como de contribuir al desarrollo de nuestra sociedad.
“Lamentablemente, una vez más los reclamos de los estudiantes quedaron en oídos sordos sin embargo, la Comisión de Educación senatorial hizo su parte con la seriedad, responsabilidad y transparencia que nos caracteriza”, sostuvo la legisladora.