Reviven proyecto para meterle mano a PREPANET y mantener el internet caro

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, impulsa restringir al gobierno o a cualquier corporación pública prestar servicios de telecomunicaciones mediante el proyecto para establecer la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”.

El proyecto de la Cámara 27, que también enmienda la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, está bajo la consideración de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Víctor Parés Otero, a fin de regular la participación de las entidades gubernamentales y sus subsidiarias en el mercado de ofrecimiento de estos servicios.

La legislación prohíbe que las agencias, departamentos, corporaciones públicas o municipales, municipio y subdivisiones políticas del gobierno puertorriqueño provean servicios al detalle de telecomunicaciones, servicios de información, cable televisión, IPTV y DBS, ya sea de forma directa o a través de alguna división, subsidiaria o tercero.

Las restricciones incluyen data, banda ancha, y acceso a la Internet, según trascendió en la audiencia, a la que compareció la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, quien avaló la legislación.

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Torres López entiende que es un contrasentido permitir que agencias, departamentos, corporaciones públicas, municipios y subdivisiones políticas del gobierno provean irrestrictamente servicios de telecomunicaciones a clientes al detalle en Puerto Rico.

Recordó que la política pública de la actual administración establece que el gobierno es un ente facilitador en la provisión de servicios, y no un competidor.

Torres López destacó que la pieza agrega un elemento esencial para llevar la industria de las telecomunicaciones a un próximo nivel: acceso a la propiedad inmueble, derechos de paso, postes, conductos, tuberías y servidumbres bajo el control del gobierno.

Esto, para la ubicación de equipos de telecomunicaciones de las empresas certificadas o registradas ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

“Esta enmienda hace que haya una igualdad de acceso a los activos del pueblo de Puerto Rico. La junta tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para validar que los cargos por esta utilización sean justos, razonables, y no discriminatorios”, manifestó.

La empresa de telecomunicaciones AT&T favoreció la aprobación de la legislación del presidente de la Cámara de Representantes por entender que se deben adoptar políticas que continúen promoviendo la inversión privada en redes de banda ancha alámbricas e inalámbricas.

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El asesor legal de la compañía, José Morán, afirmó que el sector privado, no el gobierno, está mejor equipado para proporcionar a las comunidades los servicios más rápidos y más confiables.

El abogado alegó que fomentar que el gobierno, a cualquier nivel, compita con la industria privada utilizando el dinero público no es una política que Puerto Rico debería adoptar.

“De hecho, la política pública contenida en el proyecto, es consistente con las disposiciones de (la legislación federal) Promesa, las cuales promueven el desarrollo de la empresa privada y que la gestión gubernamental sea una de facilitar”, planteó Morán.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía sostuvo que seguirá evaluando la pieza y que cualquier determinación final será para beneficiar a los consumidores y para romper las cadenas del monopolio.