Retratan cruda realidad de la brutalidad policiaca en PR

Sin duda alguna, la brutalidad policiaca no es una cosa extraña en Puerto Rico. Es más, esto es un asunto de vida o muerte.

En momentos en que la Policía de Puerto Rico pasa uno de sus momentos más álgidos y con el jefe del Departamento de Seguridad, Héctor Pesquera, bajo fuego por su confuso desempeño, el informe &#39No se dispara de la baqueta’, del colectivo Espacios Abiertos, ayuda a arrojar luz sobre las políticas de la Uniformada, en especial el del uso de fuerza.

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Sí, porqué, tal y como se ha documentado durante décadas, la brutalidad policiaca es un animal rumiante en Borinquen. De hecho, según el estudio de Espacios Abiertos que lideró la periodista e investigadora Mari Mari Narváez, desde 2015 hasta el momento han fallecido más de una veintena de personas a causa de la brutalidad policiaca, mientras decenas más han resultado lastimadas a raíz de este mal.

“El informe analiza los datos de la Policía sobre muertes, mutilaciones y daños

graves a manos de agentes de la Uniformada para los años 2015 y 2016”, explicó Mari Narváez, autora del informe final.

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“Por ejemplo, doce personas fallecieron en 2015 en incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía y nueve personas fallecieron en 2016, según los datos de esa agencia. También 19 personas resultaron con mutilaciones o daños mayores en 2015 por incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico. En el año 2016 fueron 11 personas, según información que provee la Policía”, agregó.

Pero ahí no para la cosa. El colectivo de organizaciones comunitarias denunció que aún están pendientes los datos de 2017 “pues la Policía no los publica y aún no ha contestado las solicitudes de información que a esos efectos se han realizado”.

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El informe fue presentado en conjunto por Mari Mari Narváez, de Espacios Abiertos, y Rubén Kondrup, de Amnistía Internacional.

Tal y como confirma el informe, la cantidad de muertes de personas en incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía estatal resulta proporcionalmente elevada, en especial si se compara con las muertes de personas en estados donde hay más población puertorriqueña.

Según se indicó, los resultados del informe &#39No se dispara de la baqueta’ dieron paso a que Espacios Abiertos y Amnistía Internacional de Puerto Rico formaran una alianza para desarrollar la herramienta ciudadana denominada &#39Oficial, tengo derechos’. La iniciativa es producto de un proyecto iniciado en 2016 y que hoy alcanzará a toda la ciudadanía por vía del portal web OficialTengoDerechos.com.

“Con este proyecto, queremos fortalecer las capacidades de todas las personas y comunidades, con particular énfasis en aquellas poblaciones que históricamente han sido más vulnerables a las intervenciones policíacas discriminatorias o excesivas, para que todos puedan conocer y reclamar sus derechos ante la Policía”, dijo Rubén Kondrup, de Amnistía Internacional PR.

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“Saber ejercer nuestros derechos nos permite asumir un rol de supervisores

ciudadanos de los funcionarios públicos”, añadió Mari Narváez, encargada del proyecto en Espacios Abiertos.

“En el caso de la Policía, no se trata de funcionarios ordinarios. Son éstos los encargados de velar por la seguridad de la gente, con el deber de proteger sus derechos mientras son el brazo de fuerza del Estado. Un policía tiene la vida de la gente, literalmente al alcance de sus manos. No hay duda de que sus acciones tienen que ser altamente reguladas y supervisadas tanto por el Estado como por la ciudadanía”, puntualizó.

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Mari Narváez subrayó que en el informe se comparan datos locales con algunos estados de Estados Unidos.

“Tenemos una política de uso de fuerza de la Policía que cumple con seis de ocho criterios que establece Campaign Zero, organización que combate la violencia policiaca. Sin embargo, las estadísticas de incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía de PR nos resultan altas cuando se comparan con las poblaciones de los tres estados con mayor población de puertorriqueños en Estados Unidos. Tenemos una política de uso de fuerza que en papel luce bien, pero hay una brecha entre la letra y la acción. Además, es preocupante la falta de datos completos y confiables”, explicó.

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Una comparación del archipiélago borincano con los estados con más población puertorriqueña en EEUU reveló que Puerto Rico ocupa la peor posición con 2.6 muertes por millón de habitantes, después de Florida, que registra 3.5 muertes en uso de fuerza de la Policía por millón de habitantes.

Tras décadas de denuncias ciudadanas de brutalidad policiaca en Puerto Rico, el 5 de septiembre de 2011 el Departamento de Justicia federal publicó su Informe de hallazgos sobre la Policía de Puerto Rico, concluyendo que la Uniformada violaba los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico de forma sistémica.

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Los resultados del informe &#39No se dispara de la baqueta’ dieron paso a que Espacios Abiertos y Amnistía Internacional de Puerto Rico formaran una alianza para desarrollar la herramienta ciudadana denominada &#39Oficial, tengo derechos’.

El 17 de julio de 2013 el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal firmaron el Acuerdo para una reforma sostenible de la Policía, el cual tiene una duración de diez (10) años y contiene trescientos un (301) requerimientos con los que la Policía tiene que cumplir para lograr su reforma.