La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, criticó el viernes las disposiciones de la Orden Administrativa del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López sobre el COVID-19.
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“Es preocupante como el Poder Ejecutivo, esta vez por conducto del secretario de Salud, continúa propiciando la segregación entre ciudadanos vacunados y no vacunados. Como hemos denunciado en otras ocasiones, este tipo de restricción no busca adelantar la salud pública. Más bien se trata de medidas coercitivas con el fin de acorralar a los no vacunados para que estos accedan a la vacunación. A estos excesos se añade la intromisión indebida del Ejecutivo en la vida familiar de las personas. ¿Ahora el Estado le va a decir a los padres a donde pueden llevar a sus hijos y a donde no? Esto es inaceptable. Lamentablemente, vemos como un Estado paternalista continúa socavando la autoridad de los padres sobre sus hijos. Cuando el Estado piensa que puede cuidar mejor de los niños que sus propios padres, estamos al borde de un desastre social sin precedentes,” dijo la representante en declaraciones escritas.
La nueva Orden dispone que los organizadores, productores, propietarios o administradores que realicen y organicen eventos u operaciones públicas o privadas, estarán obligados a exigir evidencia de vacunación para tener el cien por ciento de ocupación. Por su parte, aquellos que opten por operar con el cincuenta por ciento de capacidad, deberán solicitar a los presentes una prueba negativa de COVID-19 realizada con un máximo de setenta y dos horas de antelación. Además, la Orden Administrativa establece que los menores de doce años no podrán asistir a eventos multitudinarios que propicien la aglomeración de personas, aunque cuenten con una prueba negativa. Las nuevas restricciones se extienden a todo tipo de local en el que se propicie la aglomeración de personas, independientemente sea un establecimiento cerrado o al aire libre.
“Mediante esta Orden Administrativa el Estado tiene un nuevo instrumento para limitar la libertad de expresión y el derecho a la asamblea pacífica. Estos derechos son establecidos de manera expresa en la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. El Pueblo de Puerto Rico debe estar alerta ante las continuas amenazas contra nuestros derechos civiles. Solo de esta manera preservaremos nuestra libertad y democracia”, concluyó.