¿Qué puede hacer Dr. Ricky Rosselló ante el desafío de Hector O'Neill?

El Dr. Ricky Rosselló, gobernador de Puerto Rico, si deseara, podría radicar hoy, cargos al alcalde de Guaynabo Hector O’Neill utilizando el procedimiento contenido en la Ley de Municipios Autónomos.

Según establecido en la legislación vigente el Gobernador de Puerto Rico, el Director de la Oficina de Ética Gubernamental, la Legislatura o cualquier persona, podrían presentar cargos contra el Alcalde ante la Comisión Para Ventilar Querellas Municipales.

Para solicitar la destitución de una alcalde la ley de municipios autónomos contemplan las siguientes violaciones:

screenshot20170305at111943am-531d22c1fa79dc9ea3f0bf97c0869934.jpg

Aunque no existe una convicción por delito grave, ni por delito menos grave que implique depravación moral, si, en teoría, el alcalde pudiera haber incurrido en conducta inmoral e inclusive en actos ilegales que impliquen abandono, negligencia o conducta lesiva los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones.

El Supremo ha validado esta disposición de la Ley de Municipios Autónomos y estableció en Robledo, Alcalde v. C.V.Q.M., “La forma en que está redactado el estatuto sugiere que el criterio rector para la destitución no participa de naturaleza punitiva para el incumbente sino que responde al propósito de evitar lesiones al interés público. La medida debe responder al mejoramiento del servicio público, y por tanto debe tratarse de conducta detrimental para la disciplina y eficiencia de la función pública.”

El Alto foro estableció ciertos pasos o requisitos que debe superar la conducta incurrida por un alcalde cuando se enfrenta a una destitución. Estos son:

  1.  Que la conducta afecte los intereses del pueblo y los derechos de sus habitantes
  2. Que esté relacionada con la administración del cargo.
  3. Que sea una de naturaleza sustancial. En específico, de tratarse de una actuación negligente, ésta debe ser manifiesta, injustificable y de carácter serio; y si lo que se imputa es una actuación ilegal que implique abandono, éste debe ser algo más que una mera omisión o equivocación.

Habría que ver si en este caso los tribunales y foros administrativos limitan el alcance del acuerdo con al que llegó el alcalde y la víctima pues para todos los efectos prácticos y legales, la indemnización obligó a la víctima a retirar la querella radicada en contra del alcalde y también se impidió el reconocimiento de que en efecto ocurrió tal situación. Pero lo que si queda claro es que el gobernador de Puerto Rico aún le queda una carta bajo la manga, si es que de verdad quisiera actuar de forma contundente como ha dicho que hará.

Claramente existe evidencia de querellas y documentos públicos donde se detallan los actos del alcalde, que basado en el criterio de la Ley de Municipios Autónomos, utilizó su cargo para llevar a cabo una conducta inmoral que afectó los intereses de su pueblo y los derechos de sus habitantes, evitando que O&#39Neill brindara servicios honestos y de excelencia para sus constituyentes.