Proponen enmiendas que le bajan a castigos por violar órdenes ejecutivas

Unas enmiendas propuestas por la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, buscan que las violaciones a órdenes ejecutivas del gobernador se conviertan en faltas administrativas con multas, en lugar de que sean atendidas por un tribunal.

Actualmente las violaciones a órdenes ejecutivas son atendidas por tribunales y exponen a las personas a multas de hasta $5,000 y penas de cárcel. La representante propone que se las personas que violen las órdenes ejecutivas reciban multas de hasta $500.

El Proyecto de la Cámara 1130 enmienda el Artículo 6.14 de la Ley 20-2017, el cual fue modificado por una medida aprobada mediante descargue en abril de 2020, al principio de la pandemia de Covid-19, “con el propósito de darle validez legal al cuestionable toque de queda impuesto por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced”. Dicha disposición fue enmendada nuevamente en julio de 2020 para ampliar aún más los poderes de crear delitos otorgados al Ejecutivo, permitiendo que cualquier violación a órdenes ejecutivas se pueda castigar con cárcel y altas multas.

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“Desde que Wanda Vázquez emitió la primera Orden Ejecutiva y decretó un toque de queda, muchos sectores levantamos bandera y señalamos que esa forma de gobernar es peligrosa y que las órdenes no se sostienen ante el escrutinio estricto al que se deben someter las medidas que interfieren con derechos constitucionales. Eso dio paso a muchas detenciones y arrestos bien cuestionables porque ni siquiera se tomó en cuenta que podían existir razones muy válidas para estar transitando de noche o incluso que salir en carro de noche no representaba en sí un riesgo de contagio. Pero en vez de ir moviéndose a medidas menos restrictivas, tuvimos un toque de queda que duró más de un año, y se siguieron añadiendo prohibiciones a las órdenes ejecutivas que, por virtud de la enmienda a la Ley 20-2017, se convertían automáticamente en delitos que siguen siendo procesados de forma arbitraria, desigual y caprichosa. Así llevamos 34 meses en los que el gobierno se ha dado mediante Órdenes Ejecutivas, sin discusión pública, sin escrutinio o proceso legislativo”, expresó Nogales Molinelli.

La representante también denunció lo que describe como “desproporcionada respuesta de seguridad” que se llevó a cabo en el arresto de una pareja que se negó a llenar la declaración del viajero en Caguas. Cabe destacar que al principio se informó que se activó el S.W.A.T para este operativo pero luego se desmintió.

“Activar unidades especiales de la policía y hacer todo un espectáculo de fuerza para arrestar a estas personas es totalmente descabellado, más aún en un contexto en que hay mucho personal fuera de sus labores. Es obvio que, como ocurre en otras instancias, la administración de Pedro Pierluisi está tratando de convertir a estas personas en ejemplo de lo que pasa cuando alguien disiente de las decisiones de su gobierno. Ahí es que surge el problema con una disposición tan amplia y vaga como la que se creó en la Ley 20-2020, porque permite el abuso de poder y la aplicación arbitraria y caprichosa de las órdenes ejecutivas con fines políticos. Por eso es que cuando la legislatura le delega al Ejecutivo la creación de delitos tiene que ser bien específica y limitada en lo que va a permitir”, explicó.

Nogales Molinelli añadió que el P. de la C. 1130 también le ordena al Departamento de Seguridad Pública que cree reglamentación en un término de noventa días para la aplicación de las multas que establece el Artículo 6.14.

“No podemos seguir dándole cheques en blanco a la Rama Ejecutiva, más aún cuando se trata de gobiernos que ya han demostrado que tienden al autoritarismo y aborrecen la democracia. Tiene que respetarse el sistema de gobierno que provee para pesos y contrapesos, y que se supone que proteja a la gente de leyes caprichosas y abusivas. Eso es lo que busca este proyecto”, afirmó.