Profesores cuestionan prioridades de la UPR ante crisis fiscal

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Ejecutivos financieros y de presupuesto de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico advirtieron al Senado Académico de Recinto de Río Piedras la semana pasada que al 30 de junio la institución podrá haber dejado de recibir 103 millones de dólares.

La situación afectaría dramáticamente las operaciones universitarias y sobre todo su oferta académica, ya recortada.

La preocupación de los profesores, según consta en un resumen preparado por una senadora académica, es que la UPR no ha preparado un plan que enfrente la situación para que no afectar las clases y se insiste en subsidiar contratos a personal innecesario y de confianza, en vez de garantizar las clases que los estudiantes universitarios deben tomar.

El resumen señala que el presidente Uroyoán Walker contempla 3 escenarios posibles al cierre del año fiscal: “que al 30 de junio, Hacienda le deba a la UPR 1 mes de remesas, es decir, la UPR contaría con 68.5 millones menos (escenario optimista, según dijo (el director de finanzas Norberto González); que al 30 de junio, Hacienda le deba a la UPR 1 mes y medio de remesas, es decir, 103 millones de dólares (el más cerca de la realidad); que al 30 de junio Hacienda le deba a la UPR dos meses, es decir, que la UPR tenga 137 millones menos de lo que le corresponde de ingreso”.

Esos asuntos serán parte de una discusión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR-Río Piedras, que este jueves decretó un receso académico.

Los profesores criticaron además que fuesen estos funcionarios y no el Presidente el que tuviera que revelar la crisis, para la cual no se planteó otro plan que no fuese esperar a que Hacienda le envíe las menguadas remesas y congelar las cuentas de los recintos para que sea el Presidente el que las maneje, según su prioridad.

“Que quien se dirija a nosotros sean dos analistas financieros, ejemplifica la falta de liderato universitario”, se denunció. Los docentes piden “un plan académico y administrativo sistémico acorde con la situación que enfrentamos”.

“Lo que recibimos de Presidencia no fue sino un informe muy general e impreciso de los diversos escenarios fiscales que podría enfrentar la Universidad ante la crisis fiscal del país. Se trató de escenarios hipotéticos, sin ninguna propuesta de plan detallado y todo sobre situaciones de hecho poco certeras porque en esencia, todo depende totalmente de las acciones del gobierno”, se agregó.

El Departamento de Hacienda envía a la UPR en estos momentos 68.5 millones de dólares mensuales, y la nómina es de 65.5 millones.

Otros gastos son los de servicios, suplidores (AEE, seguridad, agua), plan médico. La UPR continúa pagando 4 millones de dólares mensuales del servicio de la deuda. El DH ha dejado de remitir 95 millones a la UPR.

La Presidencia les anunció que la centralización de las finanzas continuará hasta nuevo aviso.

“Esto implica que los rectores tienen las manos atadas para establecer prioridades y tienen que hacer todas las peticiones a la Presidencia, quienes tendrán la última palabra. Las rectorías tienen que justificar que son cosas necesarias, no cosas discrecionales”, se indicó en el resumen preparado por una senadora académica.

“Urge que la Presidencia de la Universidad, junto a los Rectores y Rectoras le expliquen a la comunidad universitaria, cuál es el plan de cara a esta situación”, se manifestó en el documento que circuló ampliamente.

Se cuestionó también las prioridades que pueda establecer la Presidencia pues “parecería que conforme se han implantado y atendido las cosas, un asunto &#39no necesario’ es un docente”.

“No podemos conformarnos con que las medidas de “ajuste” de esta nueva emergencia lo que persigan sea mantener las cosas &#39iguales’, a expensas de lo que ya se está sacrificando”, se agregó.

Se planteó que “no basta con que el Director de Presupuesto diga que &#39todos estamos en consenso en que la nómina hay que pagarla?’… ¿a qué partida de nómina nos estamos refiriendo? Me vienen a la mente una gran cantidad de puestos, empleos de confianza o puestos administrativos que ante la precariedad de tantos otros renglones indispensables universitarios –sobre todo la situación de los docentes por contrato-, deberían como mínimo ajustarse o eliminarse. Si hay escasez entonces hay que reajustar prioridades”.

“Si todo lo demás permanece inalterado, con estas actuaciones &#39fiscales’, la implicación es que se están sacrificando los aspectos principalísimos de la Universidad, aspectos de docencia, de conocimiento y de calidad de la investigación, mientras permanecen inalterados otros aspectos que son intocables, pero que hace tiempo debimos poner bajo lupa”, se añadió en el resumen.