El primer reto de la próxima Legislatura: arreglar el código electoral

Si algo confirmó el reciente proceso eleccionario, es que las reglas del juego electoral no se trastocan en año de elecciones, sin la debida discusión y análisis en el trámite legislativo y, mucho menos, de forma unilateral. Si bien recordamos, el Código Electoral del 2020 fue aprobado con una sola vista en el Senado y con la oposición de la inmensa mayoría de los ponentes. Aun así, con la pandemia en pleno apogeo, el PNP aprobó el Proyecto en ambos cuerpos y la Gobernadora Wanda Vázquez lo firmó, convirtiéndolo en la Ley 58 del 2020.

Así las cosas, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) era el ente concernido para llevar a cabo dos eventos fundamentales: las primarias y la elección general. Bajo esta nueva Ley, dichos eventos iban a ser cumplidos bajo un nuevo organigrama que, entre otras cosas, redistribuía la administración de la CEE y eliminaba posiciones claves -de balance ideológico y expertos en la planificación y ejecución de eventos electorales- bajo el palio de “ahorros fiscales”.

Lastimosamente, la CEE falló en ambos eventos y de manera crasa. Mientras en las primarias, las papeletas no llegaron a los colegios, ahora en las elecciones, el hecho de haber recibido una avalancha de votos adelantados y, peor aún, no haberlos contabilizados -en su mayoría- antes de la elección general provocó un clima de desorganización y ataponamiento en el conteo y adjudicación de votos. Eso sumado a la desorganización administrativa y falta de controles internos, provocaron que, en primera instancia, 184 maletines pasaran desapercibidos y, tan reciente como hace dos días, siete nuevos maletines aparecieran en Operaciones Electorales.

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Todo este clima ha provocado una desconfianza y un desasosiego en el País, provocando que la controversia por el acceso de los partidos a las listas de electorales que emitieron su voto en modalidad adelantado y ausente, impulsada por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), llegue hasta el más Alto Foro, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ante esto, la nueva Asamblea Legislativa debe preguntarse ¿qué pasó?, pero más importante aún ¿qué vamos a hacer? ¿puedo evitarse? ¿cómo nos aseguramos que no vuelva a ocurrir?

A más de dos semanas de las elecciones, creo firmemente que el País merece certeza y confiabilidad en torno a sus procesos electorales. En repetidas ocasiones, el Profesor Héctor Luis Acevedo ha dicho que la legitimidad de un gobierno depende de la pureza de sus elecciones. El Código Electoral vigente, lejos de fortalecer nuestros procesos electorales, ha provocado un debilitamiento en la institucionalidad de la CEE, afectando su confiabilidad y legitimidad. Por tanto, resulta meritorio que la nueva Asamblea Legislativa venga con la clara voluntad de revisar exhaustivamente el Código Electoral y aprobar aquellas medidas de consenso que sean democráticas y justas, pero sobre todo eficientes.

Es necesario revisar la organización administrativa actual de la CEE para devolver el balance ideológico en la planificación y ejecución de eventos electorales. Debe revisarse todo lo relacionado al voto adelantado, sus requisitos y la capacidad de la CEE para enfrentar dicho proceso. Debe idearse un mecanismo que permita que la mayoría de los votos adelantados y ausente sean contados antes de la elección general y en un espacio físico separado. Deben digitalizarse las listas de electorales para voto adelantado y ausente -pero también las de los electores de la noche del evento- de forma que pueda hacerse un control de calidad y cumplimiento con la Ley Electoral y su reglamentación aplicable, para evitar el doble voto y todas las incongruencias que han sido planteadas en pleitos judiciales. Y finalmente, debe permitírsele a los partidos inscritos tener comisionados con voz y voto para intervenir en futuras decisiones que pueden afectarlos y no limitarlo a los primeros 3 partidos con más votos íntegros.

De igual forma, la representada diversidad en la nueva Asamblea Legislativa debe conducirnos a estudiar la conveniencia y necesidad de implementar en nuestro marco jurídico nuevas figuras que han sido exitosas en otros países para fortalecer sus regímenes democráticos como lo son: las candidaturas coaligadas, la elección de segunda vuelta y el referéndum revocatorio. Aunque estas últimas opciones requieren enmiendas constitucionales, creo firmemente que la coyuntura actual es propicia para tener una discusión seria sobre estos y otros asuntos.

En momentos en que el país apuesta a la diversidad como brújula, la nueva Asamblea Legislativa -y también el Ejecutivo- tienen una gran prueba de fuego al tener que demostrar su madurez política para adelantar una agenda de país que esté por encima de consideraciones partidistas. De lo contrario serán 4 años de encontronazos, protagonismos y tranque. El fortalecimiento de nuestro sistema electoral es parte fundamental de esa agenda, luego de esta elección caótica.

Nota del editor: El autor, Lcdo. Julio Prieto Rivera, es cagüeño y egresado de la Universidad de Puerto Rico, donde completó su grado de bachillerato en Ciencia Política y Juris Doctor. Es miembro del Colegio de Abogados de PR, y es colaborador de Mentes Puertorriqueñas en Acción.