¿Podrá demandar familia de la fiscal por video de la gasolinera?

En días recientes el país se estremeció ante el asesinato de la Fiscal Francelis Ortiz a manos de cuatro individuos que se disponían a despojarla violentamente de su auto. No conforme con la atrocidad del crimen, algunos medios de comunicación de nuestro país se dieron a la tarea de difundir el video del momento en el que el esposo de Francelis llega con ella al puesto de gasolina y la mueve a la patrulla para transportarla al hospital.

El video se convirtió en “viral” y la indignación de muchos cibernautas se hizo sentir.

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Ahora bien, ¿se violó el derecho a la intimidad de esta familia al difundir las imágenes? Algunos argumentarán que si, movidos por la pasión, por el conocimiento y por la indignación de lo sucedido. Otros argumentarán que no.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce el derecho fundamental a que no se viole su dignidad. “Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar” nos dice la Constitución en su Art. II, Secs. 1 y 8. Este derecho impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás seres humanos.

Muchos argumentarán que se difundieron las imágenes por “interés público”, para crear consciencia sobre la alta criminalidad en el país, para dar la noticia de lo sucedido, para informarnos a todos y que la expectativa de intimidad se ve mermada al tratarse de un video captado en un lugar público. Pero, ¿a caso no conocemos ya que el crimen está rampante en las calles de Puerto Rico? ¿Era la difusión de esas imágenes la única forma de llevar la noticia? No, no lo era. Al momento de difundir el video todos ya conocíamos sobre la muerte de Francelis. Conocíamos los hechos, conocíamos sobre la investigación en curso, conocíamos detalles del caso. No era necesario (ni la manera correcta, al menos en mi opinión) de llevar la noticia.

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En Colon v. Romero Barceló, el Tribunal citando a Santos Briz señala que la defensa de interés público prevalece “cuando la intromisión a la intimidad es necesaria e inevitable y constituye el medio más adecuado para obtener un fin lícito.”

Al igual que en Colon v. Romero Barceló, existían otros medios de difundir el mensaje que se pretendía llevar o de dar la noticia.

No era necesario causarle más dolor a una familia que pasa por quizás lo que sea el peor momento de sus vidas. No había necesidad de infligir más daño ni angustia mental. El interés público no justifica los actos de los medios de comunicación.

En fin, existen miles de argumentos que se podrían levantar de llegar a los tribunales un reclamo por parte de la familia de Francelis. Hoy no tenemos una contestación legalmente correcta a la pregunta sobre si se violó o no el derecho a la intimidad de esta familia.

Moralmente si podemos responder que no se justifica la intromisión a la intimidad de la familia, lo legal ya le tocará al Tribunal.

Que descanse en paz Francelis Ortiz.