La Unión de Trabajadores de las Telecomunicaciones expresó su oposición a que la ley 144 del 22 de diciembre de 1994, conocida como la “Ley de llamadas del 9-1-1”, sea enmendada para dar paso a una fusión con la Agencia Estatal Para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead).
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También denunció que la aprobación del proyecto del Senado 1437 implicaría la pérdida de fondos para la atención de las emergencias del país, lo que pondría en riesgo la estabilidad del sistema.
Así lo reveló hoy el vicepresidente de la Unión y Telecomunicador de Emergencias del 9-1-1, Aramis Cruz Domínguez, quien opinó que la fusión “es un nuevo intento de esta administración por usar los fondos que pagan los ciudadanos para sus sistema de emergencia para cuadrar el presupuestooperacional”.
“Esto atrasaría grandemente el tiempo de respuesta de las emergencias que hoy se encuentra de 8 a 12 minutos. La mayoría de los municipios depende en su totalidad de las remesas del 9-1-1 para su operación. Si el presupuesto del 9-1-1 pasa al fondo general bajo la tutela de Hacienda no habría garantía de que los municipios reciban sus partidas, viéndose obligados a reducir o en el peor de los escenarios cerrar sus operaciones”, agregó.
Además, señaló que la medida “pone en peligro la vida del ciudadano, ya que la ambulancia podría tardar más de 30 minutos en llegar a la residencia”.
Cruz Domínguez dijo que el Sistema 9-1-1 es una de las pocas agencias solventes del gobierno y explicó que su ley orgánica dispone cómo se distribuyen los fondos entre las mismas agencias de respuesta, que incluyen la Policía, la Aemead, el Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal, el Cuerpo de Bomberos, municipios Integrados, entre otros.
De llevarse a cabo la fusión, “no habría garantía de que las agencias de respuesta ni los municipios integrados al sistem reciban sus fondos, poniendo en peligro sus operaciones”, reiteró el sindicalista.