Padres de niños en escuela pública reclaman que les llegue la distribución de alimentos

El Departamento de Educación delegó la distribución de alimentos durante la pandemia de COVID-19 en organizaciones sin fines de lucro pero no estableció ningún registro o protocolo para garantizar que los donativos de los comedores escolares lleguen a sus alumnos.

Los testimonios de decenas de familias con estudiantes en el sistema de educación pública que necesitan alimentarse durante el toque de queda establecido para controlar la propagación del COVID-19, recogidos por organizaciones que trabajan con niños y comunidades, no han sido suficientes para convencer al Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico de abrir los comedores escolares para preparar comidas balanceadas para llevar.

Entidades como la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico y el Instituto Nueva Escuela (INE) han documentado el sentir de esta población. La encuesta del INE, en la que participaron 2,700 familias de niños en el sistema Montessori público reflejó que el 68% están preocupadas por proveer alimentos a sus hijos y 56% dijeron que usarían el comedor de la escuela si estuviera disponible. Además, el 4% de las asistentes de escuelas Montessori afirmaron tener conocimiento de que algún estudiante o su familia pudiera tener escasez de alimento a causa de esta emergencia.

La líder comunitaria del sector Playita en San Juan, Rosalyn Hernández, es una de las personas que confirmó esta preocupación en un vídeo en el que la madre de un adolescente de 16 y un bebé de seis meses describió que, “lo más difícil de esta situación es que la comida se acaba y no puedes salir, no puedes trabajar. Los hijos están ahora 24/7 en la casa, no tienen servicio de comedores…”.

La maestra de la escuela intermedia Gloria M. Borrero de Guayanilla, Amarilis Nazario, contó que “hubo un padre, mecánico, en uno de los chats de la escuela que avisó que se le iba a acabar el Internet en el teléfono y que eso no iba a ser prioridad [para las tareas escolares]. Primero es comprar comida”.

Por los pasados cinco años, el nivel de pobreza entre menores de edad se ha mantenido constante, pero con una tendencia al alza del 56% al 58%, analizó el Instituto de la Juventud (IDJ) en su Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud de 2019. El desempleo también es un agravante, puesto que 47% de las familias tiene uno o ambos padres sin trabajo. La falta de trabajo se recrudeció desde la declaración de la emergencia por el coronavirus, lo que se refleja en las más de 170 mil solicitudes de desempleo al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Las solicitudes al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) también aumentaron desde esa fecha. En enero, el Departamento de la Familia aprobó 8,538 solicitudes al PAN, en comparación con las 10,258 aprobadas desde el 12 de marzo, cuando la Gobernadora declaró la emergencia.

Leisha Negrón es terapista del habla y luego de la pausa obligada por los sismos a principios de año, solo pudo trabajar un mes. Es madre soltera de un niño de cinco y una niña de ocho años. Ambos estudian en la escuela pública Montessori Juan A. Sánchez, de Juncos. “Todavía estoy luchando el desempleo. Solicité los cupones, pero yo sin trabajar… ayudan, pero no dan. Dura como para dos semanas. Las otras dos empato con lo que tengo o con la pensión alimentaria, cuando la pasan. Si abrieran los comedores, yo que vivo cerca, sería más fácil. Si no hubiera gente del comedor que quisiera trabajar, voy de voluntaria”, contó.

Puerto Rico recibe la menor asignación mensual del PAN por individuo: $112, en comparación con los 50 estados y territorios que en promedio reciben $261, según datos del programa federal recopilados por el Center on Budget and Policy Priorities.

Quienes de ordinario reciben al menos unas 10 comidas a la semana en los comedores de las escuelas públicas no tienen este alimento desde la orden del toque de queda el pasado 16 de marzo. El servicio es costeado por programas del Departamento de Agricultura federal (USDA en inglés). El Departamento decidió donar los alimentos a un grupo de 91 organizaciones sin fines de lucro, amparándose en la Ley federal de Almuerzos Escolares de 1946 y las guías de la división de Servicios de Nutrición y Alimentos (FNS en inglés) del USDA de 2012, obviando que la Ley 85 de 2018 conocida como la Reforma Educativa establece entre los deberes del Secretario “hacer disponibles los servicios de comedor y transporte escolar”.

“Estas organizaciones se encargan del manejo y distribución de las comidas confeccionadas con los alimentos provistos y lo hacen para toda la población que tradicionalmente atienden; esto incluye a los estudiantes de esas comunidades desventajadas. La Autoridad de Alimentos Escolares (AEA) documenta las donaciones, en caso de que la FNS las solicite o sea necesario para algún proceso de una monitoría futura”, respondió el portavoz de prensa del DE, Aniel Bigio, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La directora de comunicaciones del FNS en la región, Julen Campbell, dijo en un correo que, “todas las escuelas e instituciones tienen la autoridad estatutaria para donar toda la comida en exceso de los comedores a organizaciones sin fines de lucro o bancos de alimentos. No necesitan pedir autorización para ejercer su autoridad”. Según la funcionaria federal, la comida no preparada o sin consumir en los comedores a causa del aislamiento físico cuenta como “sobrantes” o “comida en exceso”.

comedor

El DE dejó en manos de las organizaciones sin fines de lucro a quiénes y cómo se distribuirían los alimentos.

Desde al menos el 14 de marzo, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) reclama por la apertura de centros de alimentación tipo servi-carro, mientras que integrantes de la Mesa Social exigen la apertura de los comedores escolares desde el 8 de abril. A su vez, los señalamientos de la Junta de Control Fiscal (JCF) para que el Departamento estableciera un plan de distribución de comidas tampoco se hizo esperar. Ninguno de estos reclamos ha obtenido respuestas del secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, confirmó el CPI.

“No hemos recibido un plan comprensivo de parte del Departamento de Educación con los detalles del proceso de distribución de los alimentos y la población que se está beneficiando en cada organización. Estaremos enviando otra comunicación al Departamento requiriendo más información y ofreciendo otras alternativas a mediano y largo plazo”, adelantó el portavoz de la JCF, Edward Zayas.

“En las comunicaciones directas con los padres, ni uno solo ha dicho que tiene algún tipo de apoyo, así sean las llamadas compras que las organizaciones [que recibieron los donativos de alimentos de los comedores escolares] están repartiendo, ni de comida caliente. El PAN tampoco les ha llegado, o lo que les ha llegado ya no les da”, aseguró la portavoz del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, Carmen Warren.

El USDA eximió a todos los estados y territorios del requisito de horario para los programas de desayuno, almuerzo y verano para los menores de las escuelas públicas como parte de la Ley de Respuesta a la Nutrición Infantil ante el COVID-19. Asimismo, autorizó que los padres recojan los alimentos para minimizar la exposición al virus. Esta última alternativa fue escogida en las Islas Vírgenes estadounidenses, cuyo Departamento de Educación coordina la entrega de comidas empacadas de lunes a viernes durante dos horas. Aún con estas opciones, el DE en Puerto Rico optó por donar los alimentos sin un plan de a quién llegarían.

La primera donación de alimentos fue el 29 de marzo al Ejército de Salvación y al Banco de Alimentos. El 13 de abril, una segunda ronda de donativos fue hecha a otras 89 organizaciones no gubernamentales.

Sobre el primer donativo, la presidenta del Banco de Alimentos, Denise L. Santos, aclaró que se trató de 44 paletas de alimentos que equivale a “cuatro semanas de alimentos distribuidos por los 22 centros de acopio que han estado apoyando los esfuerzos del Banco de Alimentos por las pasadas siete semanas. Pero estos alimentos recibidos representan una cantidad ínfima comparada con la necesidad alimentaria real que hay en el país”.

La coordinación de recogido de alimentos de la segunda donación recayó en el capítulo local de las Organizaciones Voluntarias Activas en Desastres (VOAD en inglés). Sin embargo, no es hasta el 16 de abril que el DE cursó comunicación interna a los auspiciadores de programas de alimentos autorizando la distribución.

El presidente de VOAD en Puerto Rico, reverendo David Guadalupe, explicó que, “somos una especie de coalición sin fines de lucro que está en todos los estados. Nuestra función es coordinar y crear espacios de colaboración entre las organizaciones. Servimos de puente con agencias federales y estatales”.

Guadalupe explicó que el trabajo de coordinación comenzó el 1 de abril, una vez recibieron la lista de los comedores de 704 escuelas identificadas por el DE para que algún voluntario de las 95 organizaciones registradas en la plataforma de VOAD buscaran los alimentos.

“Les explicamos el proceso de que al llegar tenían que contar la entrega y firmar el papel que la empleada del comedor les estaba dando. Una operación bien corta para evitar exposición entre todas las partes”, aseguró. También aclaró que lo que recibieron de los comedores recayó en el DE, “depende de su distribución interna”.

La Asociación de Empleados de Comedores Escolares se mostró renuente a preparar comidas aun luego de la misiva de la JCF sosteniendo que más del 60% de sus obreras se encuentra entre las edades de mayor riesgo para contraer el COVID-19. No obstante, su presidenta Nelly Ayala, ha dicho que la decisión de no abrir los comedores es del gobierno, y aunque hay empleados dispuestos a trabajar, se deben tomar medidas de seguridad, las cuales están dispuestos a discutir con el DE.

Pero, ¿cómo fue la distribución de estos donativos? “Eso se dejó a la discreción de la organización, de acuerdo al plan de servicio de cada una. Un grueso bastante grande son niños en su composición familiar”, dijo Guadalupe.

El Proyecto Matria forma parte de las organizaciones que recibieron donativos de alimentos provenientes de los comedores. Su directora explicó que llenaron una solicitud en la plataforma de VOAD y fueron a recoger al Banco de Alimentos.

“Hemos recogido dos compras, una en Caguas, una en Mayagüez y tenemos pendiente una en Orocovis. Una vez nos registramos en VOAD llama una empleada del comedor X del pueblo. ¿Cómo lo manejan internamente o establecen los turnos [de las solicitudes de las organizaciones]? Verdaderamente, no sé. Es posible que haya pueblos o comunidades que no hayan visto ninguna de estas compras a pesar de tener miles de niños del sistema de educación pública porque el sistema no se pensó hacia la niñez”, indicó Pagán al tiempo que recalcó que, “la postura de Matria y la Mesa Social es que esa distribución de alimentos no cumple con el deber del DE de alimentar a niñas y niños”. Además, apuntó que la organización compró productos adicionales porque lo donado no completaba una canasta alimentaria balanceada.

También recordó que el presupuesto que recibe el DE como parte de la Ley de ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus (CARES Act), “es tan grande que les permite, si no quieren arriesgar a las empleadas de edad avanzada [de comedores], contratar transitorios que vayan a cocinar, o contratar a coordinadores de voluntarios. Incluso pueden contratar un sistema de acarreo, porque el DE ya le paga a guaguas escolares. Ese mismo sistema lo pueden usar para llevar alimentos a puntos en comunidades donde saben dónde viven los niños”.

Warren recordó que, “Hay alcaldes dispuestos a confeccionar y llevar las comidas por los centros de envejecientes que ya atienden; no se van a inventar un protocolo nuevo. Hay escuelas que reciben alimentos de comedores satélites, que se confeccionan en otros comedores; no sería nada nuevo”. La Federación de Alcaldes solicitó a la Gobernadora la apertura de los comedores y anticiparon que “los municipios están dispuestos a participar en un esfuerzo de coordinación con el Estado para garantizar las mayores medidas de salubridad sobre los procesos para proveer alimentos”.

Otra organización que recibió alimentos del DE fue el Club Semillitas de Amor Inc., presidida por Ana Vázquez, que se concentró en repartir alimentos en 10 barrios de Bayamón.

“Llevamos un registro de todo para informar a VOAD dónde, cuándo, a quién se entrega. Cuando se recoge en el comedor también se firma un recibo de lo que se recogió”, dijo Vázquez al CPI.

Mientras, el reverendo Elías Rojas, portavoz de la Agencia de Servicios Sociales Pentecostales (ASSPEN), aseguró que con los donativos de comedores, 1,299 familias recibieron durante las primeras semanas de abril alimentos, además de nueve hogares de ancianos y cinco hogares de menores de edad alrededor de la isla.

En el caso de PR Rises, la entidad coordinó con VOAD para recoger donativos de 203 comedores. La presidenta de esta organización registrada en la Isla y en el estado de Florida, Sara López, explicó que entre 65 a 67 organizaciones se unieron “y firmaron un MOU [memorando de entendimiento] con nosotros para distribuir esos alimentos en una semana, porque por la fecha de expiración, muchos se iban a perder”.

“En nuestro caso el enfoque primero fue atender familias con niños y madres solteras y luego envejecientes”, explicó López, quien añadió que, “Estamos tratando de maximizar con lo que hay. Este operativo, a pesar de improvisado, garantizamos que se use correctamente”.

El presidente de VOAD aseguró que rendirá un informe al DE de las áreas geográficas que cubrieron las organizaciones y todo lo entregado. “Ha sido una labor titánica, hermosa, y de verdad son esa primera línea de batalla silenciosa que le está llevando alimentos a muchos en Puerto Rico”, concluyó Guadalupe.

Aún con la presión que han ejercido los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que se reabran los comedores escolares, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, insistió en que no es la mejor alternativa aunque reconoció que las donaciones de alimentos recibieron el aval federal. Asimismo, se mostró confiado en que las entidades encargadas de distribuir los alimentos donados “lo hacen luego de un cernimiento de las necesidades de cada sector”. El funcionario también exhortó a los ejecutivos municipales a “utilizar los $100 millones repartidos entre los municipios para atender necesidades de sus conciudadanos a raíz de la emergencia” y aseguró que luego de una conversación telefónica con Molina Rodríguez se comprometió a incluir los directivos municipales de Manejo de Emergencias en la tarea de distribución de alimentos.

El mismo día que Pabón emitió el comunicado en respuesta a los alcaldes, el DE anunció una convocatoria a “campamentos, iglesias, organizaciones comunitarias y con base de fe y entidades privadas sin fines de lucro” interesados en “ofrecer alimentos nutritivos gratis a niños y jóvenes de 1 a 18 años como parte del Programa de Alimentos de Verano”.

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