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Políticos de diversos partidos coincidieron en la necesidad de promover legislación para que sea mandatorio que la persona designada a dirigir la oficina reciba el endoso de organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres y mujeres trans, y además defienda a la comunidad LGBTTIQA+, reconociendo que el género y la sexualidad son un espectro.
Así se desprende de los resultados de un cuestionario de la campaña #EsMiTurno, con la que buscan impulsar el voto informado y elevar a la discusión pública temas de interés e impacto a la juventud de cara a las elecciones. #EsMiTurno es una iniciativa de Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA) en la que solicitan compromisos a candidatos al Senado y la Cámara de Representantes por acumulación, a la Gobernación, la Comisaría Residente y la alcaldía de San Juan.
Un 70.8% de los candidatos encuestados coincidió en que “la persona que sea designada para la Procuraduría de las Mujeres [deberá destacar] por realizar acciones afirmativas en defensa de las mujeres, el derecho a salud reproductiva, el pronunciamiento claro en temas de importancia para las mujeres y las mujeres trans”. Esto en un contexto en el que grupos de base social expresan interés en que desde la OPM se promueva una agenda que amplíe los derechos existentes para las mujeres y para personas de las comunidades LGBTTIQA+
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Entre los aspirantes que optaron por esta opción están los candidatos a la gobernación Charlie Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Gabriel Vicéns, quien ha promovido su candidatura por nominación directa.
El candidato por el Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz, defendió que el nombramiento “es uno discrecional del Gobernador, y quien ocupe dicha silla debe representar y velar por el bienestar de todas las mujeres en Puerto Rico”.
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Los candidatos Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) no respondieron al cuestionario.
La segunda opción -que ningún candidato eligió- descarta del todo que los servicios y defensoría de la OPM sean también dirigidos a las mujeres trans. Por otra parte, hubo candidatas que no seleccionaron ninguna de las opciones presentadas, y prefirieron abundar sobre la necesidad de una transformación de la oficina.
Por ejemplo, Ana Irma Rivera Lassen, candidata del MVC al Senado por acumulación, argumentó que urge “desarrollar una nueva estructura con total autonomía que pueda asumir y superar sus funciones actuales y que tenga, además, el poder de coordinación interagencial y potenciar el impacto de los recursos públicos. Representará y defenderá todos los derechos de todas las mujeres y las personas LGBTTIQ+”.
La candidata al Senado por el PPD, Ada Álvarez Conde, opinó que la situación actual de violencia machista requiere además una “evaluación de la oficina” con el fin de “otorgarle más poderes fiscalizadores. Mientras tanto, María de Lourdes Santiago (Senado) y Denis Márquez (Cámara de Representantes), del PIP, comentaron que es necesaria una reformulación completa de la entidad.
“Si bien lo que hemos hecho es tomar el pulso de quienes aspiran a gobernarnos en cuanto a temas relacionados a violencia de género, estos resultados dan cuenta de que urge aprender de las experiencias de vidas de todos y todas, y que el Estado se ajuste a estas necesidades”, dijo Verónica Noriega Rodríguez, Coordinadora de Programas de MPA.
La organización está compartiendo los resultados del cuestionario a través de sus redes sociales. Además abordaron temas relacionados a educación, escenario laboral y ambiente.
“Las preguntas surgieron a partir de las inquietudes que discutimos a diario en nuestras mesas de acción. Diez años de trabajo con jóvenes confirman que estos temas son algunos de los de mayor preocupación y, por eso, más que propuestas pedimos compromisos”, concluyó Alejandro Silva Díaz, Director Ejecutivo de MPA.
