Sobre PREPANET: Nos mienten, nos cogen de zánganos y saldrá caro

Los dolidos miembros de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones se han agenciado casi 20 millones de dólares en dinero público en servicios de telefonía y relacionados.

Según consta en el registro electrónico de la Oficina del Contralor entre las empresas Claro Puerto Rico, Liberty de Puerto Rico, WorldNet Telecomunnications, Open Mobile, Aeronet, Neptuno Networks, Columbus Networks, [email protected] y CP NET han logrado dominar los jugosos contratos gubernamentales de informática durante este cuatrenieo.

Interesante, mientras estas se agenciaban millones, el gobierno empezaba su crisis fiscal y financiera que todos sabes se aceleró en los pasados dos años con los pagos acelerados de la deuda y la falta de liquidez de ciertas instituciones.

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Así que al mirar la discusión del Proyecto del Senado 1370 de la autoría del senador popular Ramón Luis Nieves encontramos una interesante ponencia del presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Javier Rúa Jovet dos asuntos saltan a la vista. El primero, en su ponencia inicial este se oponía a la aprobación de la medida por que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) emitió un Memorando de Opinión y Orden dejando sin efecto legislación aprobada en Carolina del Norte y en Tennessee con propósitos similares a los del P. del S. 1370.

El letrado fue enfático y dijo que la “orden tiene el efecto de ocupar el campo y prohibir que los estados aprueben legislación que prohíba o que tenga el efecto de prohibir la entrada de cualquier participante al mercado de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de acceso al Internet por subdivisiones del Estado”. Inclusive, Rúa cita la directriz federal que exige a las jurisdicciones estatales de promover la creación de dichos servicios y exhortó a evitar que se aprobara la medida pues, “una prohibición absoluta y probablemente no sobrevivirá un ataque judicial bajo la sección 706 de la Ley Federal de Telecomunicaciones”.

Como es sabido, lo que diga la FCC, es lo que va, pues es el ente regulador federal que ocupa el campo, en este tipo de reglamentación.
Ahora, luego esta ponencia inicial, Rúa sometió una segunda ponencia donde la propia Junta parece darle una hoja de ruta a la industria y el senador para convertir el proyecto de uno que prohibiría PREPANET a limitar a las empresas sin fines de lucro.

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Así lo describió el 29 de septiembre de 2015. La Junta en un juego de pie, pareció dar un reversazo y afirmar que había que fomentar el desarrollo del Internet de alta velocidad pero que el Estado debería entrar de la mano de la empresa privada. “Este convencimiento incluye un elemento importantísimo sobre lo que la Junta estima es el rol optimo del Estado en nuestra realidad especifica: las agencias públicas y los municipios deben hacer todo lo que este a su alcance para multiplicar la efectividad de la inversión privada en lo concerniente a despliegues de fibra óptica: abrir y compartir infraestructuras, borrar barreras y obstáculos, buscar alianzas que maximicen el bien público y encaminen la gestión privada en la misma línea”, cita parte de la ponencia del presidente de la Junta.

Si uno mira de forma separada estos cambios de posturas podría pensar que no habría ningún problema con la Junta y la entrada de Prepanet al juego. Ahora, como ente regulador, la propia Junta está iendo en contra de dictámenes previos donde ha expresado que la operación de PREPANET no recibe subsidios cruzados de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni tampoco es subsidiada por el pueblo como alega la Alianza.

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La ponencia de PREPANET establece que para el año 2010 la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, a instancia de dos proveedores de telecomunicaciones privados, determinó que la Autoridad no apoyaba financieramente a PREPA Networks con algún tipo de subsidio cruzado, prohibido por reglamentación federal.

En aquel entonces la Junta determinó que “hubo evidencia de uso de infraestructura título gratuito o precio descontado. Además, la Junta corroboró, mediante vista, que tanto la corporación pública como la subsidiaria se pagan entre sí toda prestación de servicio brindado. Inclusive, que PREPA Networks, contrata de forma independiente a la Autoridad, como lo haría cualquier hijo de vecino, para la realización de trabajos, utilizando empleados unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica y también que PREPA Networks paga renta por uso de facilidades.

Entonces, ¿Por qué un cartel con $20 millones en sus bolsillos en dinero público no se ateve a competir de tu a tu? ¿Acaso

Sería interesante y, si de verdad son tan buenos para el País, que la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones abra los libros a la prensa y al público para ver si en efecto generan los $900 millones que ellos alegan han generado todos estos años. Y si en efecto eso es así, cuanto de esos millones se han traducido en impuestos para el gobierno. Es extraño y sería interesante conocer la justificación detrás del cambio de postura de Rúa para recomendar que se limite la entrada de empresas sin fines de lucro a ofrecer el servicio.

O mejor, ¿Por qué el senador Ramón Luis Nieves no exigió en la vista que entregaran estados financieros auditados de la industria para corroborar que en efecto se verían afectados por la entrada de una corporación sin fines de lucro?

El récord es claro. O la Alianza nos miente o son unos ineptos y nos quieren pasar gato por liebre.