Ni Junta ni colonia

Ante las renuncias, cambio de presidencia y nuevos nombramientos, esta semana la Junta de Control Fiscal volvió a convertirse en tema principal en los distintos medios de comunicación de la Isla. Gran parte de la discusión ha girado en torno al conflicto de intereses que presentan sus nombramientos. Por ejemplo, se habla sobre un posible conflicto de interés en el nuevo nombramiento de Justin M. Peterson, quien es socio gerente de la firma de comunicación y cabildeo DCI, que en 2016 ejecutó una campaña en favor de los bonistas de Obligaciones Generales (OG) para que se reanudaran los pagos a los acreedores de la Isla y no se reestructurara la deuda de $72,000 millones.

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Y con estos cambios en la composición de la Junta de Control Fiscal, muchas personas se cuestionan  cuál será el panorama del país con el resto de nuevos nombramientos que se avecinan. El pronóstico generalizado es que las políticas de austeridad impulsadas por la Junta serán aún más duras. Pero más allá de la composición de esta Junta, de sus miembros o de quién o quiénes los nombren, es importante recordar lo que significa esta Junta, su propósito y lo que permite su existencia.

En 2016, ante la crisis financiera, económica, social y demográfica de Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos, entonces bajo la presidencia de Barack Obama, decidió utilizar los poderes plenarios que le otorga la Cláusula Territorial de la Constitución de EE. UU. para imponer esta Junta de Control Fiscal sin representación legítima ni el aval del gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico. Un ente diseñado para la consecución de intereses económicos ajenos a las necesidades del país y en perjuicio de nuestro desarrollo como pueblo.

Esta Junta llegó para reafirmar la inferioridad política del gobierno de Puerto Rico, ejerciendo un control absoluto sobre las ya limitadas facultades de gobierno propio bajo el régimen colonial vigente, con el objetivo de satisfacer hasta el máximo posible los intereses de los acreedores del gobierno colonial, principalmente de los fondos de inversión especulativa, o “fondos buitres”, que han acaparado una gran parte de la deuda gubernamental. Esto ha resultado en la imposición de medidas de austeridad como el cierre de escuelas y la limitación de derechos de las trabajadoras y trabajadores, así como en acuerdos de reestructuración extremadamente onerosos para el País.

Desde que se anunció su creación, el Partido Independentista Puertorriqueño expresó un total rechazo a esta imposición y desde entonces hemos estado desde todos los espacios, incluyendo la calle, manifestándonos contra todo lo que representa.

De igual forma, los legisladores del PIP, han presentado medidas para crear una confrontación política real contra la Junta como, ordenar la paralización de desembolsos por concepto de pagos de salarios, gastos operacionales y/o contratación de servicios destinados a la misma, así como una propuesta para que se lleve a cabo la celebración de una consulta en la que el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de reclamar, de manera directa, la eliminación de la Junta, y exigir al Congreso de los Estados Unidos que ponga en marcha un proceso de libre determinación política que le ponga fin al régimen colonial en Puerto Rico.

En síntesis, no importa quiénes sean nombrados como miembros de esa Junta; no importa si son de derecha o de izquierda, liberales o conservadores, demócratas o republicanos. Más allá de cuestionar o denunciar los nombramientos, tenemos que seguir repudiando y confrontando la presencia de esa entidad antidemocrática, pero sobre todo la relación colonial que permite su existencia.

La autora es candidata a Senadora por el distrito que incluye a San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Es parte del grupo original de columnistas de ¡¿Politiqué?!, la sección de de debate político en El Calce.