Causa molestia entre algunos puertorriqueños la forma en que el gobierno está manejando la crisis del COVID-19 tras conocerse ciertos detalles, como la muerte de un hombre de 29 años, la víctima más joven del territorio estadounidense, después de que su padre dijo que no fue sometido a pruebas de laboratorio las dos primeras veces que buscó ayuda en una sala de emergencias.
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La denuncia surge mientras el gobierno anunciaba el sábado que una compañía privada asumió la responsabilidad de haber desconectado un remolque refrigerado lleno de alimentos que se suponía que se distribuirían a los necesitados en medio de un confinamiento de dos meses para frenar los casos de coronavirus en la isla. Ese error hizo que muchos kilos de pollo, verduras, frutas y otros artículos se echaran a perder.
“Es totalmente inaceptable”, dijo el director de Seguridad Pública, Pedro Janer.
Aunque se reembolsará la pérdida al gobierno, el incidente está bajo investigación después de que la compañía dijo que un empleado de una oficina local de manejo de emergencias le ordenó que desconectara el remolque.
La comida se echó a perder en un momento crítico que ya agrava una situación difícil en Puerto Rico, luego de que la isla fuera golpeada por una serie de terremotos fuertes en los últimos meses, que mataron a una persona y causaron daños por millones de dólares a lo largo de la costa sur. Los funcionarios no proporcionaron el costo estimado de la comida que se desperdició.
En cuanto a la crisis de salud por el coronavirus, el recién nombrado secretario de Salud del territorio, Lorenzo González, reconoció el sábado durante una conferencia de prensa que los datos de la isla relacionados con el COVID-19 no son totalmente exactos, pero que el gobierno está trabajando para mejorarlos. “Es data imperfecta, pero vamos a utilizarla …porque es la que tenemos”, afirmó.
González dijo que eventualmente espera poner a disposición los datos faltantes, incluida la cantidad de personas que se han recuperado de COVID-19.
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Puerto Rico ha reportado más de 1.100 casos confirmados y los resultados de más de 1.700 pruebas siguen pendientes. En total, más de 10,900 personas han sido sometidas a prueba en la isla, de 3,2 millones de habitantes, la tasa de prueba per cápita más baja en comparación con cualquier estado de Estados Unidos.
Se han reportado al menos 60 muertes, incluida la de un hombre de 29 años cuyo padre lo identificó como Joshua James Sánchez, de quien dijo que no tenía problemas de salud crónicos. El padre, Luis Ángel Sánchez, acusó en redes sociales a los trabajadores de la salud de realizarle pruebas y admitir a su hijo en un hospital sólo después de que presentó insuficiencia respiratoria. “Yo no le deseo a nadie que pase esta nefasta experiencia”, declaró.
Sánchez no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
A medida que un número creciente de puertorriqueños exigen _entre otras cosas_ pruebas más generalizadas, han organizado protestas, como la de golpear ollas todas las noches para indicar su descontento con el gobierno de la gobernadora Wanda Vázquez, quien ha sido elogiada, sin embargo, por haber ordenado el confinamiento de la isla desde el 15 de marzo.
El cierre está programado para finalizar el 3 de mayo, pero González dijo que recomendará que se extienda al menos hasta el 1 de junio.
