El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) trazó hoy su estrategia de lucha contra la reforma educativa, que conlleva el cierre de 283 escuelas y la exclusión de unos ocho mil docentes, en una asamblea en la que se solicitó la destitución de la secretaria de Educación, Julia Keleher.
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El presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), Emilio Nieves Torres, explicó que se trata de “una estrategia de lucha distinta”, ya que han logrado fortalecer la unidad en la acción, lo que hace años parecía imposible.
“Hemos logrado fortalecer la unidad en la acción que nos exigen las circunstancias actuales, contra el cierre de escuelas y acciones del gobierno contra la educación pública del país”, expresó Nieves Torres en rueda de prensa junto a otros dirigentes gremiales al concluir la Asamblea Magisterial en el Colegio Universitario de San Juan.
Los docentes decretaron el próximo viernes como “Día Nacional en Defensa de la Escuela Pública”, con la participación de madres, padres y estudiantes.
Ese día, planteó, se proponen enarbolar la consigna “no al cierre de escuelas”, en una actividad nacional que incluirá, además, ir al Capitolio a tocar las puertas de los legisladores.
Las organizaciones integrantes del Fadep han emplazado al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que desista de destruir la educación pública mediante la entrega de las escuelas a intereses particulares, la imposición de las escuelas charter, el desplazamiento de estudiantes a zonas ajenas a su residencia y la declaración de excedentes de miles de maestros.
Anticiparon que de no recibir una respuesta positiva en lo referente a la detención de la aplicación de la Ley 85, particularmente en el derecho pleno que le otorga a Keleher potestad para el cierre arbitrario de planteles.
Eva Ayala, de EDUCAMOS. (Metro)
Nieves Torres indicó que el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, “nos concentraremos frente a las oficinas de la contratista Keleher y de ahí saldremos para unirnos al movimiento obrero que se manifestará frente en la Milla de Oro”.
Otra acción, de no haber respuesta, aclaró Eva Ayala Reyes, de Educamos, es boicotear el suministro de las pruebas META-PR, que están pautadas para ofrecerse del 21 al 25 de mayo próximo.
La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, aseguró que el gobierno puertorriqueño “ha declarado la guerra a la educación y a nuestra niñez”.
“Aquí hay lucha y resistencia, lucha y militancia; no vamos a entregar las escuelas sin dar lucha por la educación publica en beneficio de miles de niños y maestros que están sufriendo en el día de hoy”, subrayó en la rueda de prensa mientras surgían gritos de “Mi escuela no se vende, mi escuela se defiende”.
Parte del mandato que ha dado Asamblea Magisterial, que rechazó paralizar 48 horas el 1 de Mayo, es que “no hay memo ni hay directriz que nos eche hacia atrás”.
“Es importante que se sepa que la secretaria de Educación, Julia Keleher, es una figura más, por lo que la lucha debe estar acompañado de otras gestiones”, aclaró a preguntas de la agencia Inter News Service (INS) la dirigente gremial Ayala Reyes.
La portavoz de Educamos reconoció que la salida de Keleher no necesariamente represente un cambio en la política del gobernador Rosselló Nevares, por lo que argumentó que la lucha tiene que ir alineado con denunciar la política que quiere imponer la junta de control fiscal.
Los dirigentes del Fadep, entre los que también estaban Domingo Madera, presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), y Jorge Soto, de la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico (Ondepr), aclararon que “vamos a hacer lo que hay que hacer para detener las escuelas charter y los vales educativos” y que devuelvan su autonomía a las escuelas públicas.
La Asamblea Magisterial también acordó dar la batalla, además de la derogación de la Ley 85 de 2018, en contra del cierre de escuelas, para que se establezca un tope de estudiantes por salón y que se haga justicia salarial a los docentes de acuerdo con el costo de vida, aparte de que combatirán la reducción de las pensiones, como quiere la junta de control fiscal.