Contexto

¡El clavete va! LUMA sí pidió que suba la factura entre octubre a diciembre

Debido a los costos relacionados a la generación de energía

LUMA Energy presentó una solicitud de ajuste de tarifa al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) el pasado 13 de agosto. LUMA, de conformidad con el contrato para operar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, presentó por reglamento a someter dicha solicitud ante el NEPR.

La solicitud de ajuste se debe principalmente a costos relacionados a la generación de energía.

LUMA no establece la tarifa del servicio eléctrico. Esa es la responsabilidad exclusiva del NEPR, pero LUMA está obligada por ley a presentar una solicitud de ajuste de tarifa cuando exista una diferencia mayor a $20 millones entre las ventas combinadas facturadas por la compra de combustible (“PPCA”) y la compra de energía (“FCA”) en balance con los costos reales de la compra de combustible y energía, comparados con el mes anterior. Esta diferencia fue de $31.4 millones en julio de 2021.

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Durante una conferencia técnica realizada el 26 de agosto, LUMA sugirió al NEPR no implementar el ajuste en septiembre y considerar posponer su implementación para amortiguar el impacto en los clientes. Metro Puerto Rico supo que el posponer de la solicitud del alza se debió a datos que no cuadraban en las tablas presentadas ante el Negociado.

El NEPR aún no se ha pronunciado sobre el ajuste propuesto. A finales de este mes, el NEPR tiene programado revisar los costos de energía y combustible comprados para agosto con las ventas facturadas correspondientes. En ese momento, el NEPR puede revisar el posible ajuste para la PPCA y la FCA.

Desde el 1 de junio de 2021, LUMA es responsable de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico. La generación de energía sigue siendo responsabilidad de la AEE y otros generadores privados. Cabe señalar que los cambios a la tarifa no tienen impacto en los ingresos de LUMA, ya que el contrato entre la empresa, la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas establece un pago fijo por la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico.

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