Contexto

Los obreros de los muelles también pudiesen irse a paro

Llueve y no escampa para los trabajadores boricuas.

En momentos en que se discute la alianza comercial por parte de dos grandes de la transportación marítima del país, los integrantes de la International Longshoremen’s Association, Local 1740 (ILA en inglés) denunciaron que ha encontrado obstáculos para llegar a acuerdos concretos con su patrono, Luis A. Ayala Colón & Sucrs., Inc. (LAC), en la mesa de negociación del convenio colectivo.

El contrato vigente, suscrito por la Asociación de Navieros de Puerto Rico, en representación de LAC y otros patronos, vence el próximo 30 de septiembre y podría provocar la paralización de los trabajos en los muelles de San Juan. El presidente de la ILA, Carlos Sánchez Ortiz, quien representa a la mayoría de los trabajadores en los puertos del país, denunció la falta de transparencia del patrono.

“Mientras el patrono, LAC, se encuentra promoviendo y defendiendo la coalición entre las compañías que controlarán el 80 por ciento de la carga doméstica e internacional en los muelles del país, se niega a ofrecer información pertinente a la unión. Solicitudes de información relacionada a su relación con esta entidad y la forma en que este modelo de negocios afectará a los miembros de la organización sindical han sido negadas de distintas maneras, lo que pone en riesgo la negociación del convenio colectivo”, alegó Sánchez Ortiz en declaraciones escritas.

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Asimismo, alegó que el patrono se niega a brindar información relevante para la negociación, particularmente aquella relacionada a su relación con la nueva organización Puerto Nuevo Terminals.

Alegó además, que la fusión entre dos grandes de la transportación marítima en Puerto Rico (Luis A. Ayala Colón y Puerto Rico Terminals), desembocará no solo en un “oligopolio” de la industria, y del que las autoridades federales han expresado preocupación o reservas, sino que además representará que los empleados de la industria se verán afectados ya que estarán desprovistos de convenios colectivos bajo la nueva estructura.

Indicó que una coalición como esta representaría un control excesivo de dos empresas sobre la entrada de bienes al país. Además, estas dos empresas controlarían las tarifas por traer bienes y productos a la isla. Alegó que Crowley y TOTE, antes (Sea Star Lines) ya fueron convictas por fijación de precios y violación a las leyes antimonopolísticas federales. Ambas pagaron multas ascendentes a los 100 millones de dólares y al menos seis personas fueron arrestadas y/o cumplieron cárcel.

“Ante estas preocupaciones estamos dirigiendo una misiva a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que solicitamos una reunión para conocer la política pública del gobierno a tales fines y cuál es la posición de la Autoridad de los Puertos, sobre el peligro inminente a los empleos de nuestros miembros”, dijo Sánchez.

“Esperamos una respuesta a nuestros reclamos de transparencia y de justicia para nuestros unionados. Deseamos tener paz sindical. Deseamos que nuestros empleados no sean desplazados por la mala fe del patrono, por alguna alianza mal hecha o mal intencionada”, concluyó.

De acuerdo con Sánchez Ortiz, la Junta Ejecutiva de la ILA 1740 determinó, el pasado 11 de septiembre, no extender la vigencia del convenio colectivo que vence el 30 de septiembre. Este convenio prohíbe que los unionados efectúen huelgas en los puertos. Además, la ILA Local 1740, efectuará una asamblea el próximo mes de octubre para discutir, analizar y evaluar sus alternativas.

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