La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, hizo un llamado el viernes a la Legislatura Municipal de San Juan para que consideren las implicaciones en el desarrollo turístico y económico de la isla que presenta el Proyecto de Ordenanza Número 24 relacionado a los alquileres a corto plazo.
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“Debemos ser cautelosos a la hora de implantar medidas, para que no afecten el desarrollo económico de Puerto Rico y la capacidad de generar ingresos de los puertorriqueños. Por ello, invitamos a la Legislatura Municipal a estudiar con detenimiento las implicaciones legales, constitucionales y económicas que esta ordenanza puede tener sobre San Juan, el principal polo turístico de Puerto Rico”, dijo Campos en declaraciones escritas, en alusión a la pugna entre el MSJ y las hospederías conocidas como Air B&B
Señaló que la CTPR está de acuerdo en que se deben continuar identificando medidas que aumenten la capacidad de captación y fiscalización a nivel central en cuanto a esta vertiente de alojamiento. Además, se puso a la disposición para colaborar y asesorar a todos los funcionarios con interés en evaluar como la modalidad de alquileres a corto plazo puede continuar contribuyendo al desarrollo económico de la isla.
Indicó que el propósito del proyecto es añadir un nuevo Capítulo VII a la Ordenanza Número 7, Serie 2002-2003, según enmendada, y conocida como “Código de Urbanismo del Municipio de San Juan” con el propósito de incluir el “Reglamento para los Alquileres a Corto Plazo en el Municipio Autónomo de San Juan”.
“En este proyecto, se propone el establecimiento de un proceso de licencias para el uso de las propiedades, así como la limitación de la cantidad de propiedades que pueden ofrecerse para alquiler a corto plazo. Además, se establecen unas tarifas anuales para la otorgamiento de licencias y un impuesto adicional de 3 por ciento sobre el ingreso bruto obtenido durante la operación del negocio. También, el proyecto propone delimitar las áreas en las que puede ser implantado”, sostuvo.
Alegó que distinto al Proyecto de Ordenanza Número 13, que proponía establecer una moratoria en la otorgación de permisos de operación de alojamiento a corto plazo en el casco del Viejo San Juan, esta ordenanza intenta establecer reglamentación aplicable en el pleno del territorio del municipio.
“El resultado de este proyecto incidirá directamente en el desarrollo económico del turismo, sector que ha demostrado ser el primero en resurgir luego del embate de los huracanes Irma y María en el 2017. De hecho, según la evaluación preliminar realizada sobre esta ordenanza, anticipamos elementos de posible ilegalidad e inconstitucionalidad en su texto”, advirtió la titular de Turismo.
Campos indicó además que existen datos que demuestran que, en promedio, cada individuo con una propiedad disponible para comercialización como alquiler a corto plazo genera sobre 6,700 dólares anuales producto de su arrendamiento bajo esta modalidad. Además, dijo les preocupa cómo el establecimiento de este tipo de ordenanza podría afectar la limitación de la oferta que el consumidor y visitante actual espera encontrar en destinos de calibre mundial.