Las trampas de la Constitución

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En estos días hemos estado dialogando sobre la necesidad como País de sentarnos a repensar nuestro futuro, y cómo es necesario la búsqueda de consensos y alianzas para atajar la monumental deuda estructural y la quiebra institucional de nuestro modelo sociopolítico.

A lo lejos, se escuchan cánticos de si hay que poner primero al pueblo que a la deuda, que si debemos empezar a hablar de estatus -nuevamente- o hasta de aliarnos con España. Las soluciones o alternativas a la crisis se han convertido en un monstruo tiene 25 cabezas, pero nadie quiere agarrarlo por los cuernos y decir "por aquí es que vamos".

De ese mundo que el Estado Libre Asociado nos ha creado, su génesis radica en la Constitución, un documento promulgado en el 1952 luego de que el Congreso nos autorizara a que podíamos jugar a tener un gobierno propio. Claro, cumpliendo con varios requisitos; entre ellos que el documento final tenía que ser aprobado por el pueblo, y luego como última instancia, ratificado por el Congreso.

En esa carta magna, alabada en aquel momento por su factura más ancha en reconocimiento de derechos, muchos puertorriqueños desconocen el alcance y lo importante que tiene en nuestra vida diaria. Si usted hace una prueba, se va a la plaza pública de su pueblo y pregunta "¿mencióneme un derecho contenido en la Constitución del Estado Libre Asociado?" El 99% le va a decir “tengo derecho a la libertad de expresión”. Bravo. Pasó la prueba.

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Pero más allá de los derechos, en la Constitución hay responsabilidad y limitaciones. Por ejemplo, los padres constitucionales puertorriqueños se aseguraron que fuera difícil, o prácticamente imposible, enmendar nuestra Constitución. Por eso es que el famoso referéndum de la unicameralidad terminó en manos de una Asamblea Legislativa que decidió, como es su mandato constitucional, no continuar con el proceso de enmienda, aún a pesar de que el Pueblo votó a favor de una cámara. Lo que me lleva a una disposición, hasta ahora oscura, pero que debe ser de suma importancia.

Vayamos al artículo VI, sección I. Este lee como sigue. “La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función; y podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin”. Hasta ahí maravilloso.

Sin embargo, en el párrafo que sigue nos dice lo siguiente: “ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá efectividad hasta que sea ratificada, en referéndum, por la mayoría de los electores capacitados que participen en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse. La forma del referéndum se determinará por ley que deberá incluir aquellos procedimientos aplicables de la legislación electoral vigente a la fecha de la aprobación de la ley”.

Es decir que en el 2015, donde la mayoría de los municipios están quebrados y no son viables ni fiscal ni económicamente, tenemos que convencer a los legisladores para que entre ellos se pongan de acuerdo. Y si lo logramos, tendremos que hacer un referéndum especial entre los residentes del municipio X para ver si ellos están de acuerdo en que eliminen su municipio. O sea, cierre los ojos e imagínese esta película: Arecibo, dirigido por el novoprogresista Carlos Molina, endeudado hasta más no poder y construyendo la obscena estatua de Colón, se entera que la legislatura popular ha pasado una ley para que su municipio pase a ser parte del municipio de Hatillo, como parte de una reorganización. Ya usted sabe cómo terminará esa valerosa película.

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Probablemente esta disposición constitucional provenga de algo similar, en función, que existe en la Constitución de los Estados Unidos. No obstante, en momentos que estamos buscando ver cómo atajar el déficit y cerrar las llaves de la sangría, los esfuerzos deberían concentrarse en lograr introducir una enmienda a la Constitución para limitar el poder de los municipios, en términos de su viabilidad política y económica.

La realidad es que no hace sentido que tengamos 78 municipios, con 78 reyes y reinas velando por sus feudos que están pegados a la mamadera del Banco Gubernamental de Fomento. Es hora de comenzar a repensar nuestra Constitución, no en materia de derechos, sino en disposiciones que existen que no son compatibles con nuestra realidad puertorriqueña.