Las bolsas de 'Bobby': Tribunal Apelaciones decide en pugna caborrojeña

El Tribunal de Apelaciones denegó una segunda petición de interdicto y moción en auxilio de jurisdicción incoada por dos ciudadanos que se oponen a la Iniciativa Naranja en Cabo Rojo que enfatiza y promueve el reciclaje, anunció hoy el alcalde Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz.

La determinación permite continuar el pago del servicio de disposición de la basura mediante la compra de bolsas naranjas, aclaró Ramírez Kurtz.

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Afirmó que la resolución del Tribunal Apelativo resalta que los peticionarios no probaron que exista circunstancia alguna, de naturaleza urgente, que requiera una intervención inmediata.

“Unicamente argumentan que la Ordenanza Municipal Núm. 26 es ilegal y que se les se está ocasionando daños porque tienen que someterse a una ordenanza”, que consideran nula y que presuntamente afecta sus derechos constitucionales.

Los jueces decidieron que “la alegación general y abstracta de los peticionarios no es suficiente para ameritar nuestra intervención” en los procedimientos.

“Continuaremos adelante, como hasta ahora, con la Iniciativa Naranja que constituye un sistema novedoso para el presente y futuro de Puerto Rico”, declaró el alcalde Ramírez Kurtz.

Afirmó que el programa de reciclaje, que dispone un novedoso sistema de pago del servicio de recogido y disposición de desperdicios sólidos mediante la compra de bolsas color naranja, ha sido un éxito dada la aceptación ciudadana.

Un comerciante y un ciudadano presentaron la segunda petición de interdicto y la moción en auxilio de jurisdicción mediante un recurso de Certiorati, solicitando al Tribunal Apelativo que revocara la decisión de la jueza Lynnette Ortiz de no detener la implantación de la Iniciativa Naranja en Cabo Rojo.

En mayo pasado, la jueza Ortiz había declarado “no ha lugar” la primera petición de interdicto preliminar y sentencia declaratoria que ambos presentaron y que buscaba declarar nula la Ordenanza Municipal Núm. 26.

El alcalde sostuvo que su administración municipal continúa con su iniciativa de progreso y avanzada en la disposición de los desperdicios sólidos, un asunto en el cual el país se ha quedado rezagado.

“Nuestro objetivo es continuar orientando al pueblo hacia una cultura de reciclaje y de protección ambiental”, acotó sobre la Ordenanza Municipal Núm. 26, que beneficia, dijo, a los 50,000 habitantes de Cabo Rojo y, por extensión, a los residentes de los otros municipios que se proponen imponer el cobro por la disposición de los desperdicios sólidos.

Ramírez Kurtz denunció que ante las constantes imposiciones y recortes en aportaciones del gobierno central a los municipios, Cabo Rojo se ha visto en la obligación de auscultar medidas alternas para mantener la continuidad de los servicios de forma costo-efectiva.

“El servicio de recogido, manejo y disposición de desperdicios sólidos es una de las tareas y actividades más complejas, difícil y de severo impacto económico al municipio”, aseguró Ramírez Kurtz.