Tras haber estudiado los argumentos reseñados esta semana en la prensa, de grupos que proponen una policía privada armada para el Condado, Miramar y partes de Santurce, la organización Kilómetro O expresa su rechazo a lo que a todas luces es una forma de privatización de la Policía de Puerto Rico y la seguridad del País.
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“Son demasiados los cuestionamientos que hay que traer a la discusión ante una propuesta bizarra y peligrosa como esta”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro O.
“En primer lugar: ¿Quiénes han tomado esta decisión? Si no se ha llevado a cabo un proceso de consulta ni los proponentes son representantes electos por el pueblo: ¿Cómo un grupo va a decidir por toda una comunidad imponiéndole un proyecto tan riesgoso e invasivo como es una policía privada armada ocupando el espacio público, las calles que son de todos y todas, no solo de quienes viven en un edificio o propiedad?”
“Ejercer la fuerza contra la ciudadanía es una responsabilidad inmensa, extrema”, recordó Mari Narváez. “Es difícil para la Policía de Puerto Rico, regulada como está, y con sus adiestramientos de Reforma, cumplir con estos reglamentos y protocolos de uso de fuerza justificada, proporcional, cuyos estándares impone el Departamento de Justicia federal y la comunidad internacional. Imaginemos lo difícil que sería para una compañía privada cuyo fin es uno de lucro y no de bienestar social como debe ser el de la Policía de Puerto Rico y para lo cual grupos, entidades y representantes públicos están trabajando arduamente”.
Por otro lado, la organización alertó que cuando una entidad privada asume una función pública como es velar por la seguridad de una comunidad, esta entidad asume también las responsabilidades de ese ente público. Sin embargo, difícilmente estén preparados para ello, lo que pone en gran riesgo a las comunidades, muy especialmente a las personas más desventajadas.
“¿Conocen las políticas de uso de fuerza con las que la Policía de Puerto Rico tiene que cumplir? ¿Qué reglamentos y protocolos de uso de fuerza adoptarían estas empresas? ¿Cómo se protegerá la integridad de la ciudadanía? ¿Qué medidas adoptarán para no incurrir en ilegalidades, violar derechos y ser vulnerables a demandas civiles? ¿Saben que un policía, aunque no esté de turno, tiene que cumplir con las políticas de la agencia? ¿Qué garantías de seguridad ofrecerán a la ciudadanía? ¿Cuáles a sus empleados? ¿Qué mecanismos internos de rendición de cuentas implantarán para responder a los residentes? ¿Quiénes pagarán por esta “Policía privada”? Estos son solo algunos de los cuestionamientos que hay que hacerse antes de hacer propuestas excéntricas como esta.
“La policía privada protege a quien le paga”, aseguró la directora de Kilómetro O, quien está certificada como ‘Police Oversight Practitioner’ por el National Association of Civilian Oversight of Law Enforcement (NACOLE). “Pero en una sociedad, resulta que hay que proteger a todas las personas, incluyendo a aquellas que pueden parecerles “sospechosas” a algunas personas, debido a prejuicios sociales históricos, muy difíciles de abolir. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los jóvenes negros, de escasos recursos económicos, gente vulnerable como son las personas sin hogar, los pacientes de salud mental, los inmigrantes, las comunidades LGBTTIQ puedan caminar por las calles sin miedo a ser atacados por policías privados armados que defienden los intereses de quienes les pagan?”
La organización señaló que el País también tiene que preguntarse: “¿A qué turistas les gusta visitar lugares en estado de sitio, donde hay policías privados armados en cada esquina? No entendemos cómo esta propuesta puede ser atractiva para el turismo. Es imperativo preguntarnos: ¿Quién ganará con esta movida? ¿Quién se beneficiará? ¿Quién decidirá por la ciudadanía? ¿Qué intereses económicos hay detrás de esta ‘propuesta’?”
Las comunidades tienen alternativas mucho menos riesgosas ante el problema de la criminalidad. La organización comunitaria es sin duda la primera y más robusta estrategia. Conocerse, organizarse y mantener vías de comunicación como son los chats y las redes sociales es importantísimo hoy día para enfrentar la criminalidad. El alumbrado público es otro factor vital para la seguridad de nuestras comunidades y al Estado le cuesta muy poco repararlos y ponerlos en uso.Exigir la atención de la Policía de Puerto Rico también es un asunto central en esta discusión.
“No hay que aceptar que la Policía diga que no tiene recursos”, dijo Mari Narváez. “Es su obligación disponer de ellos eficiente y efectivamente. Para eso el país paga contribuciones. La seguridad es un servicio esencial que tiene que ser garantizado por el Estado, que a su vez tiene que someterse a un riguroso proceso de rendición de cuentas y transparencia. La ciudadanía no debe relegar esa responsabilidad a quienes puedan pagar por ella”.
La organización hizo un llamado a las autoridades del País a asumir su responsabilidad y defender la integridad de la seguridad pública, representada por la Policía de Puerto Rico. “Mucho estamos trabajando para que esa agencia pueda alcanzar los parámetros de profesionalización, constitucionalidad y justicia del siglo XXI. Permitir que ciudadanos privados ocupen nuestro espacio público con una policía privada sería un retroceso absoluto en la lucha por una Policía y una seguridad pública para todos y todas”.