Junta de Control Fiscal le pasa la factura a la Asamblea Legislativa

En la recertificación de los planes fiscales que hiciera hoy la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), le redujo 23.7 millones a la Legislatura, informó ese organismo estatal

En una declaración emitida posterior a la conferencia de prensa de la Junta del día de hoy, se indicó que “el número correcto de la reducción a la Legislatura en el Plan Fiscal que se recertificó hoy es $134.9M a $111.2 M. Es decir, una reducción de $23.7M para el próximo año fiscal 2019.”

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La JSF anunció hoy la recertificación de los planes fiscales del gobierno y ciertas instrumentalidades.

La Junta reiteró que realizó los cambios al plan fiscal debido a que la Legislatura no aprobó la reforma laboral, que incluía la derogación de la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa (Ley 80).

La derogación de la Ley 80 era un requisito del plan fiscal enmendado certificado unánimemente por la Junta el 30 de mayo, el cual contenía un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico, señaló el presidente de la JSF, José Carrión, en una conferencia de prensa en la sede de la entidad.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que encabezó la oposición a la derogación de esa ley, adujo que no hay datos económicos que sostengan la necesidad de derogarla.

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Mientras, el gobernador Ricardo Rosseló Nevares reclamó su derogación a cambio de preservar beneficios a los trabajadores, como bono de Navidad, y evitar recortes en los días de vacaciones y de enfermedad, conceder $50 millones a los municipios, crear un fondo de becas universitarias y otorgarle a la Universidad de Puerto Rico varios millones para que pueda sostenerse en la reducción de su presupuesto.

Mientras, la Junta sostuvo que la Ley 80, que solo aplica a los empleos privados, enturbia el clima para hacer negocios en la isla.

El gobernador y la Junta tenía un acuerdo sobre esa ley que Rivera Schatz descompuso. Es en ese contexto en que la JSF le redujo el presupuesto a la Legislatura.

Ana Matosantos, miembro de la JSF, recordó que “en la primavera, la Junta delineó los cambios que consideramos necesarios para lograr el crecimiento económico y proveer una ruta clara, factible y alcanzable para reestructurar la deuda. Llegamos a un acuerdo con el gobernador para proveer recursos para importantes inversiones”.

Según Matosantos, “el acuerdo hubiera hecho la educación en la Universidad de Puerto Rico más alcanzable para estudiantes de bajos ingresos, hubiera provisto recursos para el bono de Navidad para los trabajadores, hubiera provisto para proyectos de infraestructura que propiciaran el crecimiento económico, así como hubiera establecido el fundamento crítico para la reestructuración de la deuda y las obligaciones de pensiones”.

III

Añadió que “aunque estamos decepcionados por el hecho de que el acuerdo no se aprobó, reconocemos que ese hecho no cambia ni nuestro mandato ni la realidad que enfrenta Puerto Rico”.

El nuevo plan fiscal, según la JSF, revierte a algunas de las medidas originales contenidas en el plan fiscal certificado el 19 de abril, incluyendo los recortes para adecuar el tamaño del gobierno que harán al sector público más eficiente y menos costoso.

El plan fiscal, indicó Carrión, mantendrá todas las otras reformas estructurales críticas que son necesarias para mejorar el ambiente de negocios en la Isla, atraer nueva inversión y estimular la creación de empleos.

Los cambios incluyen reformar el sector energético para proporcionar electricidad y a un costo razonable a residentes y negocios, la implementación de un Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC, siglas en inglés) y programas de beneficencia por trabajo (“welfare to work”), así como reformas medibles para facilitar los negocios, entre otras iniciativas fiscales importantes.

Además de las enmiendas al plan fiscal del gobierno, la Junta también hizo cambios técnicos al Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como al Plan Fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), alineados con los ajustes al plan del gobierno.

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La Junta revisará el presupuesto para el gobierno para el año fiscal 2019 tan pronto la Legislatura lo someta para aprobación del organismo.

Si la Junta determina que el presupuesto no cumple con el nuevo plan fiscal, certificará un presupuesto para el gobierno de Puerto Rico, la UPR, la ACT, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) antes del 1 de julio de 2018.

La Junta también anunció que ajustará la proyección de ingresos en el plan fiscal después del final del presente año fiscal 2018 una vez se hayan reportado los ingresos actuales.