Incertidumbre por el anuncio del impago

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El anuncio del Gobierno de Puerto Rico de que no saldará el pago de una emisión de deuda de bonos de 94 millones de dólares de una corporación pública generó incertidumbre por las consecuencias económicas y judiciales para la isla caribeña.

El presidente de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) -cuyos asociados acumulan 1.100 millones de dólares en deuda de corporaciones de la isla caribeña-, Daniel Rodríguez Collazo, dijo hoy que espera que el Gobierno pueda saldar en última instancia ese pago que vence el próximo sábado, 1 de agosto.

Las palabras de Rodríguez Collazo siguen a unas declaraciones del secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, que el pasado miércoles dijo que la entidad estatal de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) no podrá hacer frente al pago de deuda emitida por 94 millones de dólares que vence el próximo sábado.

"El flujo de efectivo está delicado por lo que estamos estableciendo las prioridades operacionales y no vemos que haya el dinero disponible para el pago", señaló el funcionario en una entrevista concedida a un periódico local.

Las declaraciones del funcionario, que confirmaron lo que ya había adelantado días atrás el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de Puerto Rico, Luis Cruz, hicieron saltar la señal de alarma en el sector de las cooperativas puertorriqueñas, que hace años acudieron al rescate del Gobierno con la compra de bonos de corporaciones públicas de la isla.

Rodríguez Collazo detalló que las cooperativas cuentan con deuda de corporaciones puertorriqueñas por valor de 1.100 millones de dólares, de los que títulos por 40 millones vencen el próximo mes de agosto y 65 millones de dólares entre el pasado 1 de julio y el 31 de junio de 2016, el año fiscal en Puerto Rico.

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"En cuanto a la cifra que controlan las cooperativas en el vencimiento de 94 millones de dólares del próximo 1 de agosto no disponemos de la cantidad concreta", aclaró Rodríguez Collazo, tras asegurar que, obviamente, hay incertidumbre en el sector, del que como recordó forman parte más de 950.000 puertorriqueños a través de 116 cooperativas.

Dijo que es consciente de que el Gobierno hace esfuerzos de última hora para hacer frente a ese pago, como ya ocurrió en el presente mes, cuando las gestiones del Ejecutivo permitieron saldar el vencimiento de deuda por valor de 20 millones de dólares que controlaban las cooperativas financieras que operan en Puerto Rico.

El secretario de la Gobernación de Puerto Rico dijo el martes que el Ejecutivo trabaja para cumplir todos los pagos de deuda que vencen en agosto a excepción del de la PFC, entidad dependiente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno.

Matizó que el Gobierno sufre un problema de flujo de efectivo que puede hacer imposible satisfacer el vencimiento de la deuda de la PFC.

Suárez dejó, sin embargo, un resquicio de esperanza al apuntar que se "&#39monitorea&#39 recaudación de Hacienda y el gasto del Gobierno".

Sobre las fuentes que va a utilizar el Gobierno para financiarse en el futuro, Suárez descartó una emisión de 3.000 millones de dólares que estaba previsto respaldar gracias a la ley que permitió aumentar el impuesto de la gasolina.

La prensa local revela hoy que para enderezar la difícil situación fiscal y afrontar el pago de la deuda el Ejecutivo trabaja en un plan a 5 años que supondría reducir a 15 días los días de vacaciones de los funcionarios públicos, eliminar bonos de productividad y modificaciones en el pago de horas extras.

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Esas medidas se complementarían con un aumento de los impuestos al consumo y la creación de un nuevo departamento de economía.

El gobernado Alejandro García Padilla anunció hace semanas que la deuda, tal y como está negociada, no se podrá pagar, además de pedir apoyo para el proyecto de ley HR-870 que permita a Puerto Rico declararse en bancarrota.

García Padilla viajó para recabar apoyos a ese proyecto está semana a Washington, donde se reunión con varios legisladores.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, señaló esta semana a través de una carta que es favorable a la reestructuración de la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se eleva a cerca de 73.000 millones de dólares, y a que la isla pueda acogerse al Capítulo 9 del Código federal de Quiebras.

Esa ley permite a los gobiernos estatales de EE.UU. autorizar a sus entidades públicas a acogerse a la ley federal para reestructurar su deuda, norma de la que Puerto Rico quedó excluido hace años.