Habla representante investigado de violencia doméstica

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se manifestó al respecto – en lo que pareció ser tremendo limazo – y de inmediato el representante Ramón L. Rodríguez Ruiz envió un comunicado manifestándose al respecto.

Según la misiva mediática, Rodríguez Ruiz "aclaró que no tiene que ver con las supuestas alegaciones hechas en su contra y afirmó estar en la mejor disposición de cooperar con las autoridades para aclarar el asunto".

El legislador representa a los municipios de Aibonito, Coamo, Santa Isabel, Salinas bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

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"Los que me conocen saben que no me escondo y voy de frente con la verdad. A mí no me han llamado ni buscado para investigarme ni hablar sobre el particular. Siempre he estado disponible para hablar con las autoridades pertinentes", expresó sobre la querella, en la que se le acusa de darle en la cara a su esposa en un incidente en su casa que ubica en el sector Palo Seco de Santa Isabel.

"Lo que se alega es sobre un incidente de una empleada de mi oficina en su carácter personal, una situación que es totalmente aislada a mi persona. Mi esposa no trabaja en mi oficina y no he tenido ningún incidente con ella", afirmó Rodríguez Ruiz.

Se indicó que "por el momento estas serán las únicas expresiones públicas que el Representante hará sobre el asunto hasta tanto no se proceda con una investigación formal".

Claro, que su reacción llega luego de que Rosselló Nevares, presidente del PNP, se la dejara caer.

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Tras conocerse una querella por alegada violencia domestica contra el legislador, el gobernador Rosselló Nevares manifestó que "es inaceptable, intolerable y repudiable cualquier ataque contra una mujer". 

"Al representante Rodríguez Ruiz le asiste un debido proceso de ley, pero debe quedar absolutamente claro que, de ser ciertas dichas acusaciones, no hay espacio para la impunidad ante cualquier ataque contra una mujer que sea probado ante las autoridades, independientemente de quien sea el imputado", concluyó el gobernador de Puerto Rico.

El primer ejecutivo instó a las autoridades correspondientes a "investigar la querella responsablemente, protegiendo a la víctima y salvaguardando los derechos de ambas partes".

Mientras tanto, el Departamento de Justicia y la jefa de fiscales, Olga B. Castellón, aclararon que la Fiscalía de Ponce no ha archivado el caso contra el representante.

"El Departamento de Justicia y la Fiscalía de Ponce han estado realizando la investigación preliminar en este caso desde que se presentó la querella ante la Policía de Puerto Rico. Se está levantando expediente y la fiscal de distrito de Ponce está en comunicación directa y constante con la Directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia", explicó Castellón.

"Esto es así porque, por disposición estatutaria, es la División de Integridad Pública a quien le corresponde investigar estos casos por tratarse el querellado de un funcionario público en funciones. Se investiga y se evalúa si procede el referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), que por disposición estatutaria es quien determinaría finalmente radicar o no cargos contra el representante", abundó la jefa de fiscales del Departamento de Justicia.