Gremio 9-1-1 truena contra Comisionada y exige apliquen Ley 32-2020: "Yazmín nos traicionó"

El trato que reciben los hombres y las mujeres que atienden las emergencias de la población es pésimo, destacan fuentes de El Calce.

Los trabajadores que están ahí cuando pasa una emergencia

"La comisionada Yazmín González en una movida a traición, cabildeó, para que la ley 32-2020 fuera vetada por la gobernadora y revocada por la Junta de Control Fiscal. Esto debido a la mala utilización de fondos, y el aumento indiscriminado en los gastos de la agencia que fueron de un 50% a un 67%. [SIC]", destacaron fuentes del local 3010 de Puerto Rico del Communications Workers Association (CWA), mediante declaraciones escritas.

"El 9-1-1 es una agencia con fondos propios y que recibe fondos federales que deben ser utilizados para propósitos relacionados con la atención de llamadas de emergencia. Sin embargo este negociado tiene un largo historial de desvío de fondos, por tal razón se creó la mencionada ley, que busca la protección de estos fondos y devolver la autonomía fiscal al 9-1-1", apuntó.

Según recordaron los integrantes de ese gremio, "la gobernadora de Puerto Rico firmó la ley 32-2020 el pasado 24 de marzo, que protege los fondos del negociado 9-1-1 y evita la desviación de fondos que ha ocurrido por años". No obstante, "hoy la gobernadora ha dicho que dicha ley no es compatible con el plan fiscal".

"Si no está la ley 32-2020 en vigor, la comisionada del 9-1-1 y al secretario del DSP Pedro Janer pueden mover los fondos como ellos entiendan, en vez de asignarle los fondos donde van", agregaron los representantes de la unión, con condición del anonimato individual.

La CWA es una unión que cobija a empleados de diferentes ramas de las comunicaciones y que tiene su base en Estados Unidos. La local 3010 es una de sus divisiones en Puerto Rico y a la que están afiliados los empleados del 9-1-1.  Además, es la unión a la que pertenece el grueso de los empleados en AT&T.

Los empleados y las empleadas del 9-1-1 exigieron "que se ponga en vigor la ley 32-2020 para proteger los fondos del 9-1-1. Que se utilicen estos fondos adecuadamente, dándole prioridad a el sistema de atención de llamadas y a las agencias de respuesta. Que se le dé autonomía fiscal al sistema 9-1-1 y que se separe del Departamento de Seguridad Publica".

"Que se excluya el 911 de la ley 26, ya que somos una agencia con fondos propios", subrayaron.

Según supo este medio, las laminillas que verán a continuación se comparten de forma electrónica y cibernética entre  miembros del gremio y entre la empleomanía del 9-1-1 y hasta la propia Comisionada los ha visto.