Un gobernador buitre llamado Pedro Pierluisi

Una columna por el analista e investigador Abner Dennis, de Public Accountability Puerto Rico.

Mientras Pedro Pierluisi intenta asumir la gobernación, muchos cuestionamientos han surgido en torno a la constitucionalidad de su designación. Entre toda la crisis constitucional, su trayectoria reciente no ha sido examinada con la profundidad que se merece.

Las facturas evaluadas recientemente han permitido al Public Accountability Initiative comenzar a escudriñar su trabajo con el bufete de abogados O’Neill & Borges desde 2017, y los conflictos de interés que surgen de él.

De los documentos evaluados surge una figura de Pierluisi cuya defensa del pueblo puertorriqueño se ve socavada irremediablemente por sus vínculos financieros con los mismos intereses corporativos que impulsaron la caída de Puerto Rico en el endeudamiento y la austeridad.

Estos conflictos de interés plantean preguntas sobre su ética y juicio como cabildero y abogado, y sobre su aptitud para servir en nombre del interés público.

Como abogado y cabildero del bufete O’Neill & Borges desde el 2017,  Pierluisi fungió como asesor de la Junta de Control Fiscal en el proceso de bancarrota de Puerto Rico. Un examen de las facturas sometidas por la firma en el tribunal federal demuestra que Pierluisi tuvo acceso y revisó documentos cruciales en torno a los planes fiscales y a la restructuración de la deuda.

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Al mismo tiempo fungió como cabildero de compañías como la AES, que no solo es dueña de la controversial planta de carbón en Guayama, sino que también está envuelta en el proceso de bancarrota debido a sus reclamos contra la Autoridad de Energía Eléctrica.

Pierluisi asumió la gobernación luego de dos semanas de revuelta nacional en las que las manifestaciones en la calle lograron sacar a Ricardo Rosselló. El Secretario de Estado es el próximo en la línea de sucesión para ser gobernador, pero el anterior secretario había renunciado por su participación en el infame chat. Rosselló entonces nombró a Pierluisi como secretario de estado antes de que su renuncia fuera efectiva. Dicho nombramiento y su toma de la gobernación ha estado llena de controversias debido a diferentes interpretaciones que existen sobre la constitución y la Ley 7 de 1952, ley de sucesión para el cargo de gobernador.

La trayectoria de Pierluisi no puede ser comprendida sin tomar en consideración su estrecha relación con O’Neill & Borges. Pierluisi ha trabajado para dicha firma por más de doce años, donde ingresó luego de ser Secretario de Justicia bajo la administración de Pedro Rosselló. En la firma estuvo por diez años (1997-2007), hasta lanzar su candidatura para la comisaría residente en Washington. Como comisionado estuvo por dos términos (2008-2016) hasta que intentó infructuosamente postularse para la gobernación, siendo derrotado en las primarias del PNP por Rosselló. Regresó a la firma en enero 2017, en donde estuvo hasta que Rosselló lo nombró para ocupar la secretaría de estado y reemplazarlo como gobernador.

O’Neill & Borges: Firma de abogados que se lucró de creación de la deuda

O’Neill & Borges es uno de los bufetes de abogados más reconocidos en Puerto Rico. Fundada en 1962, la firma se destaca por su práctica corporativa. En noviembre 2016 fue contratada por la Junta de Control Fiscal como uno de sus asesores legales. El contrato fue otorgado a pesar de los conflictos de interés que O’Neill & Borges tiene por su participación en la creación de la deuda. Desde que fueron contratados por la Junta, la firma ha estado asesorando en cuanto a la reestructuración de deuda.

Un examen de las declaraciones de oferta de las emisiones de bonos del gobierno y sus corporaciones públicas muestra que O’Neill & Borges participó en un total de 35 emisiones de bonos, desde el 2001 hasta el 2014. En total estas emisiones sumaron sobre $28 mil millones. Los documentos públicos no muestran a cuánto sumaron las ganancias de la firma por estas transacciones.

O’Neill & Borges estuvo envuelto en emisiones de bonos cuya legalidad ha sido impugnada en el tribunal federal por la Junta. En particular, el bufete fungió como asesor de los bancos que participaron en las emisiones de alrededor de $9 mil millones en bonos del gobierno central que, según la propia Junta, violaron el límite constitucional de la deuda. En el 2008, O’Neill & Borges también fungió como asesor de los bancos en tres emisiones de bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) cuya legalidad está cuestionada en el tribunal en base a que la ASR no tenía la autorización legal para emitir bonos.

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A pesar de su participación en esas transacciones, O’Neill & Borges no fue parte de la demanda radicada por la Junta el pasado mayo en contra de los bancos y bufetes que participaron de estas transacciones presuntamente ilegales. La demanda alega que los demandados ayudaron e instigaron al Banco Gubernamental de Fomento a no cumplir con sus deberes de fiducia, por enriquecimiento injusto y por incumplimiento de contrato. La acción legal busca varias reclamaciones y es parte de un esfuerzo legal mayor de la Junta para recuperar $1 mil millones en daños.

O’Neill & Borges pudo haber llegado a un acuerdo parecido al que llegó el Banco Popular, quienes tampoco fueron demandados a pesar de suscribir los bonos impugnados. El director ejecutivo de Popular confirmóque firmaron una resolución con la Junta para evitar la demanda y llegar a un acuerdo a través de un proceso confidencial.

El doble rol de Pierluisi: Abogado de la Junta y el cabildero para una controversial empresa

El rol de Pierluisi como asesor de la Junta no había sido reportado ampliamente, y en los días del anuncio de su nombramiento surgieron dudas en cuanto a su participación. Una revisión de las facturas que O’Neill & Borges ha sometido en el tribunal federal despeja toda duda. Para abril 2019, O’Neill & Borges había cobrado alrededor de $1.6 millones por sus servicios a la Junta. Por su parte, Pierluisi facturó sobre $21 mil, llegando a someter facturas de hasta $400 la hora. Las facturas muestran los trabajos específicos por los que Pierluisi cobró. Se identifican por las iniciales “PRP” (Pedro Rafael Pierluisi).

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Todos estos pagos provienen de fondos públicos.

El trabajo de Pierluisi para la Junta incluyó la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Entre los meses de marzo y mayo de 2018 examinó documentos relacionados a los planes fiscales de la Autoridad.

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Mientras Pierluisi evaluaba el plan fiscal de la AEE simultáneamente servía como cabildero para AES Puerto Rico, empresa dueña y operadora de la planta de carbón en Guayama. Aunque el certificado de Pierluisi como cabildero, que incluye la lista de sus clientes, no tiene fecha, la página web del registro de cabilderos del senado muestra que O’Neill & Borges ha servido como cabilderos para la AES desde febrero 2017, esto es, tres meses después de ser contratados por la Junta.

Por años la AES ha tenido que enfrentarse a la oposición y a las protestas por parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas por la disposición de sus cenizas. Las protestas se masificaron en Peñuelas, donde la comunidad comenzó a bloquear el paso de los camiones que descargaban las cenizas en un vertedero cercano. Los más de cien arrestos y la indignación pública provocó que AES decidiera paralizar el depósito de cenizas. En marzo 2018 comenzaron a exportarlas a Florida.

Las cenizas las están llevando al puerto de Jacksonville, Florida, y son dispuestas principalmente en dos vertederos, uno en el condado de Osceola, Florida, y otro en el sur de Georgia.

Pierluisi tuvo un serio conflicto de interés al representar a dos partes opuestas. Por un lado, Pierluisi era asesor legal de la Junta, que representa al gobierno de Puerto Rico en los casos de quiebra, incluyendo la AEE, y, por otro lado, Pierluisi era cabildero de la AES, empresa que tiene dos reclamaciones en el tribunal contra la AEE.

En otras palabras, la AES es acreedora de la AEE.

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Las reclamaciones, radicadas el 22 de mayo de 2018, alegan que para ese mes la AEE le debía a AES Puerto Rico $37.7 millones y a AES Ilumina $3.2 millones. AES Ilumina, otra subsidiaria de AES, es dueña y operadora de un proyecto de placas fotovoltaicas también en Guayama.

Pierluisi estaba evaluando el plan fiscal de la AEE una semana antes de la radicación de estas reclamaciones.

En segundo lugar, la AEE como deudor en el caso de quiebra se puede reservar el derecho de cancelar cualquier contrato de compra de energía a la hora de someter su plan de ajuste de deuda. Esto significa que existe la posibilidad legal de que la AEE le pueda cancelar el contrato a AES, lo que pondría a ambas partes en una confrontación legal. Por lo tanto, Pierluisi tuvo, (y O’Neill & Borges tiene) un serio conflicto de interés al representar al mismo tiempo a partes legalmente en conflicto.

La AES se encuentra en estos momentos negociando con el gobierno un nuevo contrato para, entre otras cosas, transicionar de carbón a gas. Si Pierluisi logra mantenerse como gobernador sería la autoridad máxima que podría aprobar este contrato, un serio conflicto de interés.

Adicionalmente, Pierluisi también revisó estrategias de litigación en el caso de la quiebra del gobierno central y sus los planes fiscales. Del mismo modo examinó el acuerdo de COFINA, que eventualmente sirvió de base para el plan de ajuste aprobado por la jueza Swain el pasado febrero y que amarra al gobierno de Puerto Rico a pagar la deuda por los próximos cuarenta años con los recaudos del IVU, el impuesto a las ventas más alto en todo los Estados Unidos.

Pierluisi facturó por evaluar aspectos relacionados a la llamada reforma laboral. La fecha de dichos trabajos es del 16 de marzo de 2018, periodo que coincide con la discusión de la segunda reforma laboral. La propuesta de la Junta consistía, entre otras cosas, en eliminar el bono de navidad, en reducir los días libres por enfermedad y vacaciones y en derogar la Ley 80 de 1976, que protegía a los trabajadores de posibles despidos injustificados. Eventualmente Rosselló y la Junta llegaron a un acuerdo, eliminando la Ley 80 y preservando el bono de navidad.

Pierluisi facturó $869 por poco más de dos horas de trabajo por esta labor.

En al menos dos ocasiones (p. 72 y p. 69)  Pierluisi facturó por comunicaciones con la jefa de personal (chief of staff) de la Junta, Rosemarie ‘Mai’ Vizcarrondo. Vizcarrondo fue por ocho años la directora de distrito de la oficina de Pierluisi cuando era comisionado residente en Washington. En abril 2017 pasó a ser jefa de personal de la Junta, puesto por el cual gana $120 mil anuales. Vizcarrondo es la sobrina es Richard Carrión, presidente ejecutivo de la junta de directores del Banco Popular. Pierluisi también es el cuñado de José Carrión III, presidente de la Junta.

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Pierluisi y Vizcarrondo recientemente estuvieron envueltos en una controversia respecto al proyecto de vivienda Viewpoint at Roosevelt, único proyecto aprobado por la Junta bajo el Título V de PROMESA. El Título V autoriza la clasificación de proyectos de construcción como críticos con el propósito de que la otorgación de permisos sea de forma expedita.

Desde el comienzo Viewpoint at Roosevelt estuvo lleno de irregularidades en torno a los permisos y pagos de arrendamiento. A pesar de esto, la Junta, a través del que era su coordinador de revitalización, Noel Zamot, clasificó el proyecto como uno crítico bajo el Título V. Esto provocó que la Cámara de Representantes abriera una investigación. De la misma, y de un reportaje publicado por Valeria Collazo se desprende que O’Neill & Borges eran abogados de Viewpoint at Roosevelt y que Pierluisi fungió como cabildero del proyecto. También se dio a conocer que la empresa constructora que desarrollaría el proyecto es Desarrollos Metropolitanos, compañía cuyo presidente es José R. Vizcarrondo, ex-miembro de la junta de directores de Popular Inc. y hermano de Mai Vizcarrondo.

Pierluisi alegadamente cabildeó en la legislatura para que detuvieran la investigación. Al ser confrontado en la vista del pasado viernes negó los hechos.

Los numerosos conflictos de interés de Pierluisi representan la continuidad de toda la corrupción de la administración de Rosselló. Aunque pueda llegar a ser gobernador, alguien tan concentrado en aprovechar sus relaciones políticas para obtener ganancias, en lugar de servir al pueblo de Puerto Rico, no es apto para servir en el puesto.

Sobre el autor: Abner Dennis es especialista en investigaciones relacionadas a responsabilidad de funcionarios públicos. Posee una  maestría y un bachillerato en filosofía de la Universidad de Puerto Rico. Trabaja como analista de investigaciones con Public Accountability Initiative PR, una organización sin fines de lucro que se dedica a fiscalizar corporaciones y políticos, para rendición de cuentas. Puedes ver todos sus artículos en Littlesis.com, pulsando aquí.