Una compañía de Hamed R. Wardak fue investigada por el Congreso en el 2010 por presuntamente pagar a insurgentes del Talibán con dinero de un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El contratista negó la imputación en un reportaje periodístico.
En el 2015, Wardak se mudó a Puerto Rico y se acogió a la Ley 22. El incentivo exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros — la ley los llama “inversionistas residentes” — que mueven su vivienda principal a la Isla. Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas.
El año pasado, Wardak fue acusado por su ex pareja de violación mediante una demanda presentada en Nueva York. Wardak, ahora un productor de música, negó los hechos.
Aaron Vick, un contratista estadounidense, fue referido al Departamento de Justicia luego de que su firma apareciera en la venta fallida de un millón de pruebas de COVID-19 al Gobierno de Puerto Rico. Dos meses después, todavía bajo investigación, Vick obtuvo un decreto de Ley 22.
En el 2019, fueron acusados de fraude, en casos separados, Lancelot Patrice Michel De Montsegur y Michael Williams, ambos beneficiarios de Ley 22. De Montsegur se declaró culpable de procesar pagos fraudulentos con tarjetas de crédito. A Williams le fue asignado un síndico y sus cuentas bancarias fueron congeladas luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) lo acusara de apropiarse ilegalmente de fondos de sus clientes.
Rishi Shah y Shradha Agarwal obtuvieron decretos de Ley 22 en el 2019. Ese mismo año, fueron acusados de fraude por la SEC por mentir a inversionistas, clientes y auditores de su compañía. Shah y Agarwal, quien no reside en la Isla, tienen más de $10 millones embargados por el Gobierno de EE. UU., incluyendo dinero que está en bancos de Puerto Rico.
Una investigación colaborativa de varios medios reveló en octubre de 2020 que Euro Pacific Bank, una entidad registrada en Puerto Rico, está bajo investigación por un presunto vínculo con una red internacional de lavado de dinero. Los socios principales del banco, Peter Schiff y Mark Anderson, tienen decretos de Ley 22 desde 2017.
Christopher Johnston, acogido a la Ley 22 en el 2017, fue acusado en septiembre pasado por la fiscalía federal de New Jersey de fraude y robo de identidad junto a dos de sus socios. Johnston está libre bajo fianza y no puede viajar a Puerto Rico.
Keith St. Clair, otro beneficiario de Ley 22, anunció más de $200 millones en inversiones para la Isla. Seis años después, los cuatro proyectos hoteleros y un “film district” que prometió están sin comenzar o sin terminar. El inversionista además enfrenta demandas por cobro de dinero, una disputa financiera con el contratista de uno de los hoteles y una querella del Departamento de Asuntos del Consumidor.
En mayo se radicaron cargos criminales contra Salil Zaveri por matar de varios disparos a un perro en un campo de golf con un arma Glock. Zaveri, quien se acogió a Ley 22 en 2016, dijo que se declarará culpable.
En casi 10 años, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) nunca auditó a las 3,311 personas acogidas a la Ley 22, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo desde el 2015, según el estatuto.
La agencia no verificó los informes anuales que cada beneficiario debe rendir cada año, su única herramienta de fiscalización. Esta semana, el DDEC envió por primera vez 1,086 notificaciones de incumplimiento a beneficiarios de Ley 22 por no entregar estos informes, reconoció la agencia al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
La agencia nunca ha revocado uno de estos decretos. El estatuto permite cancelaciones solo cuando se solicita la exención contributiva mediante fraude o información falsa. El historial de algunos beneficiarios del incentivo refleja además fallas en la verificación del trasfondo de las personas que solicitan un decreto.
“Inversionistas” que no invierten
El fracaso de la Ley 22 no se debe solo a manzanas podridas. Una muestra al azar de 304 beneficiarios de este incentivo, un 10% de los 3,040 decretos otorgados desde que empezó en el 2012 hasta junio de 2020, refleja que la mayoría apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local.
Entre los negocios que sí han creado se repiten las pequeñas compañías de asesoría financiera, manejo de inversiones o bienes raíces, domiciliadas en casas y apartamentos, revela la investigación del CPI. De las casi 400 empresas identificadas en la muestra, un 27% fueron canceladas o disueltas al poco tiempo de haber sido creadas. Y hay 115 beneficiarios, o un 37%, que no tienen ningún negocio registrado bajo su nombre en el Departamento de Estado.
Además, se identificó que al menos 91 “inversionistas residentes” de la muestra tienen familiares que también obtuvieron decretos de Ley 22 a título personal solo por estar emparentados con el inversionista principal, sin que el Gobierno conociera en qué invierten, si en algo. Hay personas retiradas y empleados de compañías de tecnología, bienes raíces, financieras, startups y bufetes que se mudan a la Isla para trabajar remoto, sin realizar mayores inversiones o ningún negocio aquí.
El economista José Caraballo Cueto dijo que los hallazgos demuestran el impacto raquítico que tiene la Ley 22 en la economía y la necesidad de hacer cambios al incentivo para sacarle provecho.
“¿Que hay sectores que se han visto beneficiados? Sí, bienes raíces, por ejemplo, ha hecho su agosto. Pero en el aspecto macroeconómico, el impacto es sumamente limitado”, apuntó.
Para él, no es lo mismo traer a un inversionista con un negocio que crea decenas de empleos — y que no compite con empresas puertorriqueñas — que a un individuo que solamente pasa tiempo en la Isla. “No pueden recibir los dos el mismo incentivo”, dijo Caraballo Cueto. Y bajo ninguna circunstancia alguien debe recibir una exención de 100% como ofrece la Ley 22, agregó.
La idea original cuando se propuso el incentivo era atraer capital nuevo de inversionistas que no tuvieran relación previa con Puerto Rico. En la muestra analizada, se encontró casi una veintena de casos de personas que obtuvieron el decreto a pesar de que ya tenían negocios en la Isla. Por lo tanto, establecerse aquí no dependía de haber recibido el incentivo.
Por ejemplo, Richard Shinto fundó la Asociación de Productos Medicare y Medicaid de Puerto Rico (MMAPA) en el 2008 y es el principal oficial ejecutivo de MMM desde hace más de una década. Jim O’Drobinak es el principal ejecutivo de MCS desde el 2011. Ambos obtuvieron decretos de Ley 22 en el 2016.
En ese momento, la ley exigía que la persona que solicitaba el decreto no hubiera residido en Puerto Rico los 15 años anteriores; este requisito se redujo a diez años en 2019.
Shinto no contestó preguntas de este medio.
O’Drobinak dijo al CPI que se mudó a la Isla en el 2016. Su biografía en la página de MCS dice que vive en Condado desde el 2012 y que presidió MMAPA del 2012 hasta el 2016. Al ser confrontado con este dato, el ejecutivo dijo que trabaja en Puerto Rico desde el 2011, pero viajaba a la Isla desde su residencia en EE. UU.
¿Se habría mudado O’Drobinak a la Isla sin el incentivo de la Ley 22?
“Definitivamente. Trabajo para MCS desde el 2011, aunque mantuve mi residencia en Tampa. No obstante, me enamoré de Puerto Rico, de su gente y de la compañía para la que trabajo y decidí mudarme y establecerme aquí junto a toda mi familia en el 2016”, contestó. Liana O’Drobinak, su esposa, también tiene un decreto de Ley 22.
Nadie vigila: el atractivo de la pobre fiscalización
Son muchos los que han promocionado la Ley 22 desde una tarima, pero la audiencia es distinta esta vez. Anarchapulco es una convención anual dirigida a personas que piensan que el libre mercado debe regirlo todo y el Estado no interferir en nada, una visión política que se ha denominado como anarcocapitalismo.
Puerto Rico, según Sam Wolanyk, es una oportunidad única para estas personas.
“No es un país del tercer mundo, [Puerto Rico] es como América lite. El Gobierno está totalmente en bancarrota, pero eso es una ventaja porque no pueden pagar a nadie para que te vigile. A mí me gusta”, dijo Wolanyk en el 2018, dirigiéndose a inversionistas de monedas virtuales como el Bitcoin, un tipo de dinero digital no regulado.
“No recomendaría esto porque no estoy cien por ciento seguro, pero creo que está bien si pasas tres meses en Estados Unidos, cuatro en Puerto Rico y cinco paseando por Europa comiendo croissants. Lo que sí les aseguro es que nadie está vigilando”, dijo Wolanyk en Anarchapulco. Es surfer, vive en Rincón y alquila propiedades en Airbnb, aunque no hay ninguna compañía registrada bajo su nombre en la Isla. En el 2014 consiguió su decreto, un contrato con el Gobierno que le otorga el beneficio de la Ley 22 hasta el 2035.
Un correo electrónico a Wolanyk con preguntas sobre sus gestiones como “inversionista residente” en la Isla y solicitando una entrevista no fue contestado.
Este documento debe incluir, entre otros datos, el capital neto o “net worth” del individuo, si alquila o compra alguna propiedad, en qué municipio reside, copia de la planilla contributiva, cuántos empleos genera, un estimado de los gastos que realiza anualmente y cuántos días del año estuvo en la Isla, pues se les exige vivir al menos seis meses al año en Puerto Rico.
En abril, el CPI demandó al DDEC para obtener parte de la información de los informes recibidos, pero el Gobierno intenta argumentar que son confidenciales y que su publicación ahuyentaría a los inversionistas.
En una entrevista con El Nuevo Día, el DDEC aceptó fallas en su fiscalización de la Ley 22 y anunció una auditoría para este año. La agencia dijo al CPI que espera tener sus primeros hallazgos antes de culminar el 2021. La auditoría del DDEC incluye corroborar si residieron en Puerto Rico, si donaron $5,000 a una organización sin fines de lucro y si rindieron sus planillas contributivas e informes anuales.
El DDEC dijo además que creará una división de fiscalización y cumplimiento que se dedique exclusivamente a la revisión del cumplimiento de los decretos. Pero en mayo, el secretario de la agencia, Manuel Cidre, dijo en una vista presupuestaria que los recortes de casi $50 millones al DDEC para el próximo año por parte de la Junta de Control Fiscal ponen en riesgo este tipo de esfuerzo.
La organización Act 20/22 Society, que agrupa a beneficiarios de los incentivos en la Isla, no contestó una solicitud de reacción a los hallazgos de la investigación del CPI.
Desfase entre los números del DDEC y los de Hacienda
La cantidad de planillas de contribución sobre ingresos radicadas por los beneficiarios de la Ley 22 no cuadra con el número de decretos otorgados, identificó el CPI al recibir los datos como resultado de la demanda de acceso a información pública.
Para el año contributivo 2019, Hacienda recibió 1,044 planillas de individuos con el incentivo, mientras que para esa fecha, el DDEC tenía más de 2,400 decretos vigentes. Es decir, había sobre 1,350 planillas menos que los decretos emitidos.