Contexto

Fiscalía va al Apelativo en caso Tito Kayak por camisas en el público

Buscan detener el caso y atender un asunto que la defensa entiende ya ha sido resuelto hasta por el propio Tribunal Supremo federal.

Alberto De Jesús, conocido como Tito Kayak, compareció hoy al Tribunal de Ponce para el segundo día del juicio en su contra por apropiación ilegal agravada, pero la vista no duró mucho que digamos.

Según explicó el abogado de De Jesús, el licenciado Donald Milán, la vista de hoy del juicio fue suspendida pues los dos fiscales del caso, Carlos González López y Annette Esteves, indicaron que presentarían una moción de “certiorari” ante el Tribunal Apelativo para buscar suspender el juicio y atender un asunto que manifestaron hoy.

Fiscalía se opone a que persona alguna con mensajes alusivos a la lucha ambiental en sus camisas presencien los procedimientos. Al acercarse con este planteamiento al estrado, el juez Miguel Cordero González les indicó que no avalaría tal petición y que el juicio debería continuar. Luego de que se les concediera un receso en el que los fiscales hablaron con la Oficina del Procurador General de Justicia, los fiscales le indicaron al magistrado que acudirían al Tribunal Apelativo.

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A Tito Kayak se le acusa por un cargo grave de apropiación ilegal agravada. Está acusado de robar la llave de un generador eléctrico y su correspondiente tarjeta de combustible, durante una manifestación contra el depósito de cenizas tóxicas de carbón durante la madrugada del 3 de agosto de 2017 en Peñuelas. Enfrenta en estos momentos un juicio por jurado.

El licenciado Milán indicó a El Calce que el juez, “en su discreción”, había determinado que el juicio debería continuar y “no permitió que se suspendiera hoy”, pues entiende que el hecho de que haya gente presenciando la vista con camisas alusivas a cualquier mensaje de la lucha ambiental “de ninguna forma incidía en el crimen que se le está tratando de probar” a su cliente, ya que “es una expresión protegida por ley”.

Sin embargo, la fiscalía prefirió indicar que acudirían a someter un recurso de “certiorari”  y una moción de auxilio de jurisdicción en el Apelativo para detener este caso de un delito ocurrido en 2017 y pasar a litigar el asunto de las camisetas en ese foro legislativo.

“Si fuese otro tipo de caso habría que ver eso más a fondo, pero este caso es de apropiación ilegal agravada, aquí no se habla nada relacionado a la lucha en contra de las cenizas, ni el fiscal tiene que probar algo relacionado con ese asunto, solo que alguien se robaron unas llaves, eso es todo”, destacó en conversación con este medio digital.

De hecho, el licenciado Milán aludió al precedente de la decisión en el caso federal Cohen vs. el Estado de California, de 1971, cuando el joven Robert Paul Cohen, 19, fue arrestado por llevar una chaqueta con las palabras “Fuck the draft” dentro de un centro judicial en el Condado de Los Ángeles, acusación desestimada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en favor de la libertad de expresión.

Aunque entiende que mover esto al Tribunal Apelativo significaría más gastos para el Estado y más tiempo consumido en un caso que lleva ya varias posposiciones y reseñalamientos de fechas, no le sorprendería que el Apelativo acogiese este recurso de Fiscalía.

Más de una decena de fiscales presencian el caso en horas laborables

Y es que, si nos dejamos llevar por cómo se ha lidiado con este caso, la región judicial de Ponce parece muy entusiasmada en invertir sus recursos para respaldar a fiscalía en este caso. De hecho, hoy se repitió la escena del día inicial del juicio, cuando más de una decena de fiscales de la región – “estimo yo que eran 11 ó 12 fiscales”, explicó el licenciado Milán – se sentaron en las primeras dos filas de la audiencia, en el lado izquierdo, irónicamente justo frente a los integrantes del jurado.

“Entran y salen, pero por lo regular hay 11 ó 12 ahí sentados. ¿Por qué? Desde hace algún tiempo esa práctica se está viendo. Ellos están sentados para el lado que está el jurado. No sé si es con la intención de ejercer algún tipo de presión, ni soy quién para decirlo, pero, ciertamente, son funcionarios públicos que están cobrando sentados allí en la sala, en horas laborables, en el público, entre compañeros. Yo como abogado y, más aún, como funcionario público estuviese mejor atendiendo los asuntos de mis casos que sentado allí de 1:30 a 5:00 P. M”, resaltó el abogado Milán, recordando que en toda la región de Ponce “hay alrededor de 35 fiscales en total”, por lo que estima que, incluyendo a los dos fiscales oficiales del caso, “allí se ha presenciado una tercera parte de los fiscales” de esta región.

De anunciarse mañana que el Tribunal Apelativo acogió la petición de “certiorari” para detener el juicio por las camisas que le molestan a Fiscalía, se litigaría ese asunto en dicho foro en una fecha aún por determinarse. De este detalle no ser reconocido por el Apelativo, el juicio continuaría a la 1:30 P.M. del miércoles, con la continuación del desfile de pruebas y testimonios en el Tribunal de Ponce, según lo previamente establecido.

Desde el día del supuesto crimen que se le imputa a Tito Kayak, en agosto, de 2017, han pasado muchas cosas. Vino y se fue el huracán María, dejando un aparatoso desastre. De Jesús, perito electricista de profesión y activista por vocación, ha ayudado a decenas de familias a recuperar la electricidad, a pesar de lidiar con esta incomodidad legal que lo mantiene en un litigio durante más de un año.

En el primer día del juicio el pasado lunes, según resaltara el diario digital Voces del Sur, hubo varias contradicciones entre los testigos del ministerio público, en especial cuando se referían al plan de seguridad que estableció la Policía ese día y la manera en que arrestaron a Tito Kayak.

Además, indicó Voces del Sur, los alguaciles del Tribunal de Ponce implementaron una logística utilizada recientemente para la vista preliminar contra el grafitero ponceño Juan Luis Cornier Torres (“Manwe”), quien enfrenta cargos por el asesinato de la artista sangermeña Valerie Ann Almodóvar Ojeda, al colocar un acceso en el pasillo del quinto piso para regular la entrada de público y periodistas hacia la sala 501, donde se ve el juicio contra Tito Kayak ante el juez Cordero González.

Mira esa historia de Voces del Sur, pulsando aquí.

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