El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, exigió hoy al gobernador Ricardo Rosselló, asumir su responsabilidad y relevar de sus puestos inmediatamente a los funcionarios de alta jerarquía involucrados en los mensajes de WhatsApp, cuyo contenido constituyen delitos estatales y federales.
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Del mismo modo, anunció que, durante la mañana de hoy, hizo una solicitud formal a la jefa de Fiscales Federales, Rosa Emilia Rodríguez, para que investigue el esquema de fraude electoral llevado a cabo por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el equipo electoral del gobernador, Ricardo Rosselló, en aquel entonces candidato.
En conferencia de prensa en la sede de la Pava, calificó como inaceptable que al día de hoy Rosselló no haya relevado de sus puestos a la subsecretaria de la gobernación, Itza García, y la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio.
“En el día de hoy, estoy emplazando al gobernador de Puerto Rico a que actúe contra los funcionarios de su administración que participaron en el grupo de WhatsApp en el que se discutió abiertamente una decisión a tomarse por un Juez como parte del proceso electoral de noviembre de 2016. Basado en la misma evidencia, ya el Tribunal suspendió al juez Rafael Ramos Saenz, más sin embargo, el Gobernador continúa protegiendo a funcionarios cuya participación en los mensajes de texto ya fue confirmada”, sostuvo Ferrer.
“La seriedad de este tema no puede menospreciarse. Rosselló no puede permitir que se lleve la impresión de que acciones constitutivas de delito quedarán impunes. Como mínimo, debe suspender de sus funciones a las personas implicadas, mientras concluyen las investigaciones. De no ser así, entonces debe contestar cómo puede distinguir entre el caso del juez Rafael Ramos Sáenz, a quien le pidió la renuncia, y los demás que participaron”, subrayó.
Asimismo, emplazó a todos los funcionarios que son mencionados en estas conversaciones a que expliquen cual fue su participación, y a Ricardo Rosselló le hizo un llamado a contestar si las iniciales “RR” identificadas en el chat corresponden a su nombre. “Debe contestar si el “RR” que aparece en el grupo de WhatsApp es él mismo, y si protege a los funcionarios más cercanos a él para que encubran su participación directa en este fraude electoral”, sentenció.
De otra parte, Ferrer afirmó que solicitó formalmente a las autoridades federales que investiguen el caso. “En la mañana de hoy sometí al director del FBI, a la Fiscal Federal y a la jefa de la división de integridad pública del Departamento de Justicia Federal, una carta conteniendo una denuncia formal sobre este esquema de fraude electoral”, anunció Ferrer.
“Como excandidato a Comisionado Residente, un puesto federal, tengo standing para solicitar una investigación federal. Asimismo, según la Ley federal que citamos en la comunicación enviada, si en la papeleta aparece un candidato a puesto electivo federal, el Departamento de Justicia Federal tiene jurisdicción para investigar cualquier evidencia de fraude electoral”, dijo.
Ferrer añadió que el 26 de octubre de 2016, la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, dijo que “cada ciudadano debe ser capaz de votar sin interferencia o discriminación, y que su voto sea contado sin ser robado mediante fraude. El Departamento de Justicia actuará con prontitud y de manera agresiva para proteger la integridad del proceso electoral.” Rodríguez además afirmó que “Garantizar elecciones libres y justas depende en gran medida de la cooperación del electorado. Es imperativo que los que tienen información específica sobre fraude electoral faciliten esa información a la Fiscalía federal o el FBI.”
El manual para el procesamiento de delitos electorales del Departamento de Justicia federal, igualmente establece la facilidad con la cual se puede tener jurisdicción federal. Requiere únicamente que haya un candidato federal en la papeleta. Añade que el interés federal “está basado en la presencia de un candidato federal cuya elección puede ser contaminada, o aparentar ser contaminada, por el fraude.”
“La jurisdicción federal es clara. El interés del gobierno federal por investigar alegaciones de fraude electoral es claro. Corresponde que comience una investigación lo antes posible sobre este fraude electoral cometido por el gobernador y su equipo más cercano”, señaló Ferrer.