FEI investigará exrectores y funcionarios de la UPR

Varios exrectores y funcionarios de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y coautores del sector privado serán investigados por Fiscales Especiales Independientes, se informó este miércoles.

De la investigación preliminar realizada surge que, supuestamente, éstos podrían ser responsables de actuaciones constitutivas de delito.

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Los exrectores y funcionarios de la Universidad de Puerto Rico a los cuales se les atribuye la comisión de varios delitos son los siguientes: Juan Ramírez Silva, Juan Varona Echeandía, Jonathan Ramirez Pérez, Ada Liz López Hernández, Jason Ortiz López, Ada Hernández Santiago, Nilda Vázquez Cruz, Yanaira Vázquez Cruz, Marco Hernández Taforó. Además, se aduce que Hilton International of Puerto Rico, Inc, podría resultar responsable por varios de los hechos alegados como constitutivos de delito.

Según informó la presidenta del Panel sobre el FEI (PFEI), Nydia Cotto Vives, en el ámbito judicial, este caso se remonta al 24 de octubre de 2016. En esa fecha el Departamento de Justicia, procedió a presentar varias denuncias ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) Sala de San Juan.

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Explicó que esa vista, en la etapa de Regla 6 (determinación de causa para arresto), fue señalada para el 10 de noviembre de 2016. La misma estuvo presidida por el Juez Municipal, Edgar Figueroa Vázquez. En esa ocasión, los representantes legales de los imputados se opusieron a su celebración por entender que el Departamento de Justicia carecía de jurisdicción para presentar el caso. En su lugar, alegaron que la facultad para tal procesamiento le correspondía al PFEI.

Mediante Resolución del 13 de diciembre de 2016, el juez Figueroa Vázquez, acogió los planteamientos presentados por los abogados de los imputados. Así, pues, determinó que el caso tenía que ser presentado por el PFEI.

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Posteriormente, el Departamento de Justicia solicitó reconsideración al juez del TPI, la cual fue denegada. En enero de 2017, la Oficina de Integridad Pública de ese Departamento solicitó la intervención de la Oficina del Procurador General para la determinación de la procedencia o no de recurrir al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de la mencionada decisión. El 8 de febrero de 2017, el Procurador General determinó no apelar el dictamen del TPI.

Cotto Vives, indicó que el caso finalmente fue referido al PFEI por el Departamento de Justicia, en tres etapas. En las primeras dos etapas remitidas el 6 y el 8 de marzo de 2017, se incluyó la evidencia recopilada durante la investigación preliminar efectuada.

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La tercera etapa fue entregada en el PFEI, el 28 de marzo de 2017. En ésta, se incluyó el expediente del caso y varios documentos fundamentales para su evaluación y consideración.

Del récord remitido por Justicia surge que, las personas naturales y jurídicas mencionadas en el referido, —lo que incluye coautores de delitos—, podrían ser responsables por la comisión de fraude, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos, enriquecimiento injustificado, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, certificaciones falsas, negligencia en el cumplimiento del deber, malversación de fondos públicos, apropiación ilegal agravada, falsificación de documentos, y prohibiciones éticas de carácter general (Ley de Ética Gubemamental).

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La presidenta del PFEI indicó que luego de culminado el trámite de documentos sometidos por el Departamento de Justicia, el Panel fue convocado el pasado 3 de abril para considerar y evaluar este caso. A tenor con ese proceso, el 5 de abril de 2017, el Panel emitió una Resolución, en la que designa al licenciado Emilio E. Arill García como Fiscal Especial Independiente y a la licenciada Lydia E. Morales Santiago, como Fiscal Delegada, para que realicen la investigación a fondo dentro del plazo de 90 días, de conformidad con las disposiciones de la Ley Número 2-1988.