En una movida que podría llegar hasta los Tribunales, el representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Christian Árvelo Forteza, solicitó formalmente a ese organismo que le entregue el informe final sobre la investigación de las controversiales Becas Presidenciales.
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ELCALCE.COM tuvo acceso a la petición formal del estudiante, dirigida a la secretaria de la entidad, la licenciada Sandra Espada Santos, quien es la encargada de custodiar el documento sellado.
“Hago esta petición tanto como miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, para poder cumplir con mis funciones, así como miembro del Comité de Apelaciones y Ley y Reglamento de la Junta de Gobierno”, reza la comunicación electrónica.
El representante estudiantil le ha otorgado un plazo de 48 horas a la Junta de Gobierno para que le conteste y le explique la razón para mantener el documento público sellado, tal y como lo decidió el organismo en su reunión del 27 de junio de 2016.
Una denegatoria de la información pública contenida en ese informe expondría a la Junta de Gobierno y a sus miembros a un pleito legal pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el acto de denegar cualquier documento público causa a quien lo solicita un daño claro, palpable y real.
Como es conocido la Constitución de Puerto Rico, Articulo II, sec 4 consagra los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa y esto les conceden a los ciudadanos un derecho constitucional a examinar la información que está en manos o en poder del Gobierno. Tan recientemente como el año pasado, varias organizaciones periodísticas demandaron al gobierno de Puerto Rico por la denegatoria del Estado de no divulgar el contenido del informe KPMG. Lo mismo ocurrió en el caso sobre el informe Krueger. En ambas instancias los tribunales de Puerto Rico han establecido que este tipo de documentos y/o informes comisionados por el Estado constituyen documentos públicos a los que el pueblo tiene derecho a acceder.