El esquema de la venta de pruebas en Puerto Rico

Esto parece una trama de una película boricua bien mala de los noventa.

Como cara del negocio, una persona con conexiones en el sector público, ligada al Partido Nuevo Progresista, llega con sus pruebas rápidas al Gobierno. Lo hace a través de las mismas personas: el director del Task force médico, el Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, su enlace con La Fortaleza, Mabel Cabeza, o Adil Rosa Rivera, quien supervisa las compras de emergencia por la COVID-19 en la agencia.

Tras bastidores, hay socios participando de la transacción, la mayoría de ellos extranjeros con negocios en la isla y beneficiarios de incentivos contributivos. Para realizar las compras, el Gobierno de Puerto Rico no va directamente al manufacturero, sino que a través de varias capas de intermediarios, algunas locales y vinculadas al partido, y otras extranjeras y muy sofisticadas, mayormente en los Estados Unidos. A través de la cadena, ganan dinero todos los niveles: el frente del negocio, los socios, los intermediarios y el manufacturero.

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Tres de las principales compras de pruebas de detección de anticuerpos a la COVID-19 siguieron este mismo esquema, y las tres resultaron fallidas. Ninguna de las transacciones se concretó según pactada y solamente una ha sido cancelada.

En total, más de $40 millones de dólares en fondos públicos en medio de la emergencia, cuya declaración flexibilizó los procesos de compra.

Así fue la adquisición de más de 1.1 millones de pruebas rápidas para COVID-19 a tres suplidores locales: Castro Business, Apex General Contractors y 313, todas actualmente bajo   investigaciones en la Cámara de Representantes y de autoridades locales y de EE.UU. Un cuarto suplidor, Maitland 175, vendió y entregó 200,000 pruebas a Salud, que fueron las únicas pruebas de anticuerpos que el Gobierno pudo usar en los hospitales y centros de salud.

Más de 100,000 de estas pruebas fueron detenidas por las autoridades de EE.UU., retrasando su entrega. Una transferencia de $19 millones fue detenida en un banco local y al cabo de horas, la transacción con Apex Contractors fue cancelada por el Gobierno. Castro Business entregó una cuarta parte de su orden de pruebas (que posteriormente fueron retiradas del mercado), el resto llegó tarde y era de una marca distinta a la acordada. El tercer suplidor, 313 LLC, tiene al Departamento de Salud en el tribunal para forzar que la agencia reciba casi 50,000 pruebas que llegaron tarde. El Gobierno rehúsa hacerlo hasta tanto no se renegocie el precio de compra.

Al final, poco más de 10,000 pruebas de las 1.1 millón compradas a estos tres suplidores llegaron finalmente a centros de salud para ser utilizadas en pacientes.

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Castro Business: Compraron las pruebas de China pero llegaron pruebas de California

La cara del negocio

Su negocio principal es la industria de alimentos, pero el 25 de marzo, Ricky Castro Ortiz y su compañía Castro Business vendieron al Gobierno 50,000 pruebas de COVID-19. El costo: $13 cada una, para un total de $650,000. Fue una de “seis o siete cotizaciones” — entre ventiladores, guantes y pruebas — que sometió Castro Ortiz para vender productos a la agencia en medio de la emergencia, según testificó en vista pública legislativa.

No es la primera vez que hace negocios con el Gobierno. Desde el 2008 opera las tiendas militares National Guard Exchange bajo el Fideicomiso de la Guardia Nacional. Estos contratos suman cerca de $50 millones, según el registro de la Oficina del Contralor. Un informe del Contralor señaló en el 2017 irregularidades en el proceso sin subasta que siguió el Fideicomiso de la Guardia Nacional para otorgar los contratos de Castro Business.

La empresa también vende “equipo táctico” y de seguridad al Gobierno.

Castro Ortiz fue presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA). La lista de políticos a los que ha donado incluye a rojos y azules, incluyendo los exgobernadores Ricardo Rosselló Nevares y Luis Fortuño Burset, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier Rivera.

La llave en Salud:

Castro Ortiz contactó al doctor Rodríguez Quilichini, quien pasó la información a Mabel Cabeza, el enlace con La Fortaleza, quien a su vez la refirió a la subsecretaria auxiliar en Salud, Adil Rosa Rivera, según los testimonios de Castro y Cabeza en las vistas camerales.

El 24 de marzo, un día antes de que se concretara la orden de compra con Salud, Castro Ortiz dijo que recibió una llamada de parte del coordinador del Task force médico, con varias personas, incluyendo a la entonces secretaria interina de Salud, la Dra. Concepción Quiñones de Longo. Según Castro Ortiz, el Dr. Rodríguez Quilichini le pidió acelerar el tiempo de entrega de su propuesta inicial, mientras que la Secretaria interina le indicó que harían la orden de compra. No precisó si la Gobernadora participó de la llamada.

Pero, un mensaje de texto que el propio Castro Ortiz envió a Adil Rosa ese mismo día pone en entredicho quién le confirmó que procediera con la compra. Rosa escribió a Castro Ortiz: “Bdia estoy con Segundo él necesita las 50mil asap”, a lo que el suplidor contestó: “Me acaba de llamar y me confirmo. Acabo de hacer el wire a China y solicite un itinerario más agresivo”.

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El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló que Castro Ortiz ya conocía al galeno a través de un proyecto relacionado a la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde Rodríguez Quilichini es rector del Recinto de Ciencias Médicas. En la vista cameral detalló que era un proyecto de investigación de cannabis medicinal y negó que fuera su amigo.

En vista pública, el Dr. Rodríguez Quilichini sin embargo, negó bajo juramento conocer a los suplidores del Gobierno, y haber participado en la discusión de las compras de pruebas de COVID-19. Cabeza, por su parte, testificó que el coordinador del Task force médico, además de referir al suplidor, dio seguimiento a la compra de Castro Business. La Dra. Quiñones de Longo indicó al CPI que no tenía información de esta compra.

El CPI pidió una reacción al Dr. Rodríguez Quilichini sobre las declaraciones vertidas por Castro Ortiz y Cabeza, pero su portavoz de prensa dijo que no dará más declaraciones aparte de las que ya hizo ante la comisión cameral.

El socio en Puerto Rico

Luego de que la Gobernadora nombró el Task force médico, según el testimonio de Castro Ortiz, uno de sus socios le dijo que estaba vendiendo pruebas de coronavirus.

El socio es Timothy G. Wagner, presidente de MEDRX360 LLC, compañía a través de la cual ha obtenido $2.5 millones en contratos con la Administración de Seguros (ASES) en los pasados cuatro años, según la Oficina del Contralor. El último venció en agosto del 2019.

Documentos examinados por el CPI muestran a Wagner como la persona que enviaba a Castro Ortiz la información y documentos relacionados a las pruebas que el comerciante ofrecía al Departamento de Salud. Además del Gobierno, Wagner buscó vender pruebas a aseguradoras locales y grupos de hospitales en Puerto Rico. Según un correo electrónico de Wagner, el Gobierno de República Dominicana también estaba interesado en sus muestras, a través del Dr. Carlos Mellado, quien tiene a su cargo el CDT de Canóvanas.

El Dr. Mellado rechazó en entrevista con el CPI haber gestionado pruebas para el Gobierno de República Dominicana, como dijo su amigo Wagner, a quien conoció socialmente a través del abogado Andrés Guillemard Noble.

Mellado confirmó que Wagner intentó venderle pruebas, pero que no realizó ninguna compra ya que el municipio de Canóvanas optó por adquirir pruebas moleculares y no las serológicas o rápidas.

El CPI contactó a Guillemard Noble, quien es familia del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, para aclarar su relación con Wagner y la venta de Castro Business. Aceptó que conoce a Wagner, de quien ha sido abogado en el pasado, pero rechazó haber tenido cualquier participación en facilitar esta o cualquier otra venta de pruebas “en ninguna parte del mundo”. Dijo que durante la pandemia, ha recibido mensajes como los de Wagner de múltiples personas, pero dijo que no ha realizado gestión alguna.

“No tengo rol alguno en las pruebas que no sea que conozco a las personas desde hace mucho tiempo. No tengo beneficio alguno, cero, de las mismas”, manifestó Guillemard Noble al CPI.

Dos días antes de concretar la orden de compra con Salud, Castro Ortiz envió un mensaje de texto a Mabel Cabeza que decía: “Hola, me acaban de enviar esto: ‘Sent you email on masks. This is the best price I have seen in a week. Need to see if Wanda wants lab tests. Orders are flying into distributor in Miami.’”

Esto se pone aún mejooorrrrr…    El guión de lo que parece una película mala de traqueteo y corrupción la puedes seguir leyendo en el portal del Centro de Periodismo Investigativo, pulsando aquí.