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EN VIVO: ¡38 milloncitos! Apuntan nuevamente a Adil en compra fatula de coronakits

En la vista de la Cámara de Representantes se reveló que el contrato de compra fue firmado previo a la autorización del Departamento de Salud

Graciela Malavé, la empleada del Departamento de Salud que autorizó la compra de un millón de pruebas rápidas de Covid-19, a un costo de $38 millones, señaló a la entonces secretaria auxiliar de Administración, Adil Rosa, como la figura que estaba a cargo de la agencia en ese momento y, por ende, quien ordenó que se completara la transacción con la empresa Apex General Contractors.

Testificando ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Malavé indicó que a las 2:16 p.m. del 26 de marzo recibió de parte de Mariel Rivera, a quien describió como analista de compras en Salud, un correo electrónico en el que se incluían la forma 113 –que llena el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead)– y la cotización de Apex.

Según Malavé, Rivera se encontraba trabajando desde la sede del Nmead junto a Rosa, por lo que partió de la premisa de que la ex secretaria auxiliar había aprobado la compra de ‘rapid test kits’.

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Aunque es coordinadora interagencial alterna de Salud ante el Centro de Operaciones de Emergencias, Malavé testificó que ha cumplido sus funciones de manera remota.

El 26 de marzo fue el día que la secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, renunció ante lo que ha denunciado fueron presiones indebidas desde La Fortaleza.

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Continúa caliente la vista pública en la Cámara de Representantes sobre la compra de las pruebas del coronavirus COVID-19, sigue la transmisión aquí. #Coronavirus #COVID-19 #Puerto Rico

Posted by Metro Puerto Rico on Tuesday, April 14, 2020

Ante la salida de Quiñones de Longo, Malavé señaló que el plan de continuidad de operaciones de la agencia designaba a la secretaria auxiliar de Administración, cargo ocupado por Rosa, como la persona que quedaba a la cabeza del Departamento de Salud.

Durante la audiencia, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, puntualizó que, pese a que Malavé autorizó la compra a las 3:32 p.m. del 26 de marzo, ya a las 2:49 p.m. el representante legal de Apex, Juan Maldonado, le había enviado a personal del Departamento de Salud una copia del contrato de compra firmado por la Administración de Servicios Generales (ASG).

De acuerdo con el representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló, el correo electrónico de Maldonado, quien fuera subsecretario de Transportación y Obras Públicas y director de la Autoridad de Transporte Marítimo bajo esta administración, fue dirigido a Rivera.

Malavé sostuvo que no tenía conocimiento de que el contrato se hubiera firmado previo a su autorización, pero reconoció que ese proceso invertiría el curso correcto de compras.

A lo largo de su deposición ante la comisión, que se extendió por más de tres horas, Malavé indicó que su papel con relación a la compra, de acuerdo con un memorando de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), se limitaba a cotejar que el producto que se pretendía adquirir –en este caso los ‘rapid test kits’– estaba directamente relacionado con la emergencia del nuevo coronavirus.

En ese sentido, puntualizó que carece del peritaje para evaluar si las pruebas rápidas se estaban adquiriendo a un precio adecuado o si Apex tenía la capacidad para cumplir con su parte del contrato de compra.

“Es la primera vez en la historia que en menos de un día se evalúa una transacción, se hace una cotización, se consiguen las certificaciones de la compañía que hace la propuesta, se certifica el 50% de los fondos y a la misma vez se emite el pago”.

“La persona responsable en el Departamento de Salud de esta compraventa fue la señora Adil Rosa a base de lo que dice este testigo. Hoy es otro eslabón más en la cadena constante de negligencia en el proceso de compra de algo tan esencia para el país”, dijo el representante independentista Denis Márquez a la prensa durante un receso en la vista.

Según Rodríguez Aguiló, “es la primera vez en la historia que en menos de un día se evalúa una transacción, se hace una cotización, se consiguen las certificaciones de la compañía que hace la propuesta, se certifica el 50% de los fondos y a la misma vez se emite el pago. En menos de 24 horas ya el gobierno de Puerto Rico estaba dispuesto a hacer una transacción de algo que no conocía y que nadie sabía a ciencia cierta”.

Las pruebas que el gobierno compró a Apex, empresa sin experiencia en el campo del suplido de productos médicos, nunca llegaron a la isla, pese a que el acuerdo disponía que se entregaran el 31 de marzo, a cinco días de firmada la orden de compra.

Documentos divulgados la semana pasada por la gobernadora Wanda Vázquez apuntan a que en la compra por $38 millones intervinieron, además de Salud, Nmead y ASG, la OGP y el Departamento de Hacienda.

En la tarde de hoy se espera que testifiquen ante la comisión Rosa, Rivera y Diana Meléndez, quien también laboraba en el área de compras del Departamento de Salud.

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