"En lo privado se ponen de acuerdo": Rosselló y Junta Fiscal... ¿Pitcher y catcher?

El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, recomendó al gobernador de Puerro Rico, Ricardo Rosselló, que si, en efecto, está en contra de las determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control federal al Ejecutivo, acuda a los tribunales.

"Esto no puede continuar siendo un juego de misivas públicas, mientras en lo privado se ponen de acuerdo para afectar al país con decisiones como la de recortar la jornada laboral y eliminar el bono de navidad de los empleados públicos", dijo Ferrer en un comunicado.

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"Todos sabemos que el Plan Fiscal es del gobernador y avalado por la JSF. Así que todas las determinaciones que afectan al pueblo son producto del plan elaborado por el gobernador y la Junta", agregó.

"Esta supuesta indignación del gobernador sin una acción contundente refleja que esto es un espectáculo público de Rosselló, quien se esconde detrás de la JSF para no tener que asumir su responsabilidad con el pueblo. Si en efecto el gobernador está en contra de estas medidas, que acuda al tribunal", sostuvo.

Según Ferrer, las medidas propuestas por la Administración de Rosselló y anunciadas por la JSF provocarán una contracción económica mayor y crearán un efecto dominó en la economía local.

 

 

Rosselló advirtió el pasado viernes que no descarta acudir a los tribunales en caso de que la JSF imponga no abonar el bono de navidad y una reducción de la jornada laboral de los funcionarios si entiende que no se han alcanzado los ahorros necesarios para cumplir con rigor con las finanzas públicas.

El presidente de la JSF, José Carrión, dijo el sábado que espera que el Gobierno de Puerto Rico cumpla con el Plan Fiscal, que establece la posibilidad de reducir la jornada laboral de funcionarios y la eliminación del bono navideño para equilibrar las finanzas públicas.
Carrión pidió el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo liderado por Ricardo Rosselló.

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La grave crisis de liquidez del Gobierno y la imposibilidad de pagar una deuda que ronda los 70,000 millones de dólares provocó la aprobación por parte del Congreso en Washington de legislación para atender el asunto.

El Congreso en Washington aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), en junio de 2016.

Esa norma establece la Junta de Supervisión Fiscal, una entidad de control federal al Ejecutivo de la isla caribeña con capacidad para supervisar e, incluso, vetar cualquier decisión del Gobierno que lidera Ricardo Rosselló.