Alguaciles y otros empleados públicos del sistema judicial de Puerto Rico – Poder Judicial – ya no aguantan más las condiciones en las que trabajan y el hecho de que llevan sin un aumento de sueldo desde la administración de Sila María Calderón.
PUBLICIDAD
Por eso, durante el mediodía de hoy, decenas de empleados públicos de los centros judiciales en distintos pueblos de Puerto Rico se manifestaron exigiendo mejores condiciones laborales.
Según explicó el alguacil Amircal Gerena, del Tribunal de Utuado, en entrevista con Enzo el León Fiscalizador, lo que realizaron hoy fue “un reclamo de justicia y equidad” pues consideran que sus condiciones de trabajo, en especial en la paga y la prohibición de organizarse como gremio,
“Somos los oficiales del orden publico peor pagados”, expresó indicando que al mes un empleado público gana poco más de $1400, mientras que los jueces, desde la presidenta del Tribunal Supremo hacia abajo, intentan justificar aumentos de miles de dólares en sus sueldos.
“La Jueza Presidenta Maité Oronoz identificó por ejemplo unos ahorros de $11 millones” para justificar la propuesta de aumentos, expresó, citando un artículo de la periodista Adriana De Jesús Salamán, en el que la Jueza Presidenta anunciaba el retiro de la medida que peticionó para autorizar un aumento salarial a los jueces. Oronoz acudió al Capitolio junto a otros miembros de la Rama Judicial en al menos dos ocasiones para cabildear por su aprobación.
Flyer de la actividad de hoy:
“Nuestra lucha contra el Poder Judicial, como se hacen llamar ahora, ha sido una difícil”, afirmó mientras tanto, en comunicado de prensa escritas Celso Alfredo Fuentes Díaz, quien se desempeña como Alguacil de la Rama Judicial, en la Región de Aibonito, desde el 1997.
“La comparamos con la batalla entre David y Goliat. Es un patrono intransigente, donde impera el hermetismo en general y lo más lamentable de todo es que nadie en el sistema gubernamental se atreve a enfrentarlo. Solamente nosotros, los empleados, quienes durante nuestra hora de almuerzo y en nuestro tiempo libre, hacemos nuestros reclamos los cuales entendemos son justos y necesarios”, agregó.
De igual forma, Gerena subrayó que “no podemos formar un sindicato que nos represente. Hubo un tiempo que había una Asociación de Alguaciles, también una Hermandad de Empleados de la Rama Judicial, pero la nueva ley que crea asociaciones bonafide excluyó a la rama judicial cuando se enmendó”, expresó .
Imagen de la protesta en el Tribunal de Vega Baja:
“Nos habíamos mantenido silentes porque reconocíamos que nuestro país pasaba por una situación económica difícil”, expresó Gerena, a la vez que planteaba el peligro de su oficio.
“Diligenciamos ordenes de arresto, trabajamos con acusados federales, hacemos desahucios, embargos, trabajamos con pacientes mentales. Lo único que no hacemos es investigar y someter un caso, aunque la regla 11 nos permite hacer arrestos. Somos catalogados como agentes del orden público, pero para unas cosas se nos trata así y para otra no. Estamos en un limbo”, puntualizó.