El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer L. Román González, anunció que tras múltiples reuniones durante el día de hoy quedó establecido el grupo de trabajo con componentes estatales, federales y municipales que implementarán en la Isla la iniciativa Trigger Puller para el manejo de casos de carjackings.
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En estas reuniones estuvieron presentes el secretario del DSP, el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, el jefe del FBI- Douglas Leff (vía telefónica), la secretaria del Departamento de Justicia, Denisse Longo, la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón, el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez y el comisionado de la Comisión de Transporte Público, Luis Damián García.
Del mismo modo, estuvieron presentes el subsecretario del DSP, Guillermo Torruella, el teniente coronel Rolando Trinidad, el coronel Reinaldo Bermúdez, además de los fiscales federales Jackeline Novas y Jenifer Hernández, la fiscal estatal María del Mar Rivera y el secretario de Política Pública de La Fortaleza, Phillippe Mesa Pabón. También asistieron agentes del área de Inteligencia, tanto del NIE como del DSP.
“Con sobre 400 carjackings cometidos en lo que va de año, tanto el DSP como la gobernadora Wanda Vázquez Garced, reconocemos que nos enfrentamos a un reto particular. Gracias a la colaboración con las agencias federales, estaremos compartiendo recursos e inteligencia y hemos establecidos guías de colaboración que, aunque no se revelan para no alertar a los delincuentes, serán la base para bajar la incidencia de este delito en la Isla”, dijo el secretario Román.
La semana pasada, la gobernadora Vázquez Garced encabezó una reunión inicial para atender este asunto de trascendental importancia para la ciudadanía y solicitó informes periódicos de progreso.
Así mismo, el Secretario se reunió con el representante legal de la empresa de transporte de pasajeros Uber, Lcdo. Carlos Sagardía y el senador Miguel Laureano, quien ha mostrado preocupación y presentado legislación a los efectos de revisar los métodos de pago e identificación y validación de clientes.
De los 400 casos de carjackings, unos 12 se han cometido contra choferes de Uber.
“En una sociedad de ley y orden, el delincuente tiene que saber que actuar al margen de ello tendrá consecuencias. Ni el gobierno estatal ni el gobierno federal escatimarán en recursos en investigar y procesar estos delitos. Tampoco cesará esfuerzos en desarticular gangas que se dediquen a ello, si así la inteligencia de las autoridades lo determinan”, sostuvo Román.
